Argumentan los desencantados que no creen en el movimiento popular nacido de la espontaneidad ciudadana en Facebook. Dicen que carece de líder y que la gente se cansará y que todo seguirá igual, aunque la convocatoria logró reunir 35.000 firmas para pedir la renuncia del presidente de la república, Álvaro Colom.
El enojo popular surgió al conocerse el video en que Rodrigo Rosenberg, un abogado asesinado a bala, anunció su muerte y acusó al presidente y a funcionarios de su gobierno de ordenarla, o de ser cómplices de ese crimen y de los que se cobraron la vida de Khalil Musa y su hija Marjorie.
A raíz de estos hechos, Guatemala vive una de las peores crisis de su historia. Lo triste, sin quitar importancia a estos viles asesinatos, es que el país registra decenas de muertos diarios por la violencia que genera el narcotráfico y la delincuencia, y sólo ahora comienzan a levantarse las voces, mientras por las otras víctimas se guardaba un aparente silencio.
¿Qué le pasa a Guatemala? Le pasa que sufre los embates de la corrupción (que muchos, aunque saben que existe, ignoran); que es presa del desgobierno y el vacío institucional; que hay políticos cómplices de ladrones y criminales. Pero lo peor es que parte de la sociedad se muestra adormecida, indiferente o temerosa, y que quizás algunos con intereses particulares esperan pescar en río revuelto.
Aunque ha arrancado el despertar (véase la manifestación en la Plaza Italia), hay un sutil reflejo de apatía como consecuencia de las dudas surgidas ante los hechos revelados por el abogado Rosemberg. Pocos entienden el trasfondo. Acusan al presidente de matar a un empresario a quien ofreció un cargo oficial, pero no hay una explicación lógica sobre qué pretendía ganar al hacerlo. En los tinglados emergen unos funcionarios de la entidad a la cual llegaría el industrial respaldado por Colom. Semanas antes de asesinarlo, lo invitaron a una reunión secreta y le dijeron que no aceptara el cargo.
Reflexionemos: o las víctimas (los Musa y Rosenberg) sabían demasiado sobre tratos sucios del gobierno; o los victimarios están ligados a los burócratas que sugirieron al industrial no acceder al cargo, adelantándose al presidente antes de la confirmación de su nombramiento, porque, supuestamente, sería el espía del primer mandatario en la entidad; o, más grave, las muertes hacen parte de un complot planeado por asesores del gobierno que se mueven sigilosos tras las espaldas del propio presidente con el fin de convencer al pueblo de que él es ineficaz en la lucha contra la violencia.
Sea cual sea su responsabilidad y conocimiento, el gobernante tiene la obligación de aclarar sus propios actos y recordar que la voz del pueblo es la que decide y la que al final le cobrará los errores, si los ha cometido.
Organizar una contra-marcha trayendo a empleados oficiales de la provincia, a indígenas y campesinos, muchos de ellos ignorantes de lo que ocurría ahí, como comprobé el domingo 17 de mayo en la Plaza Mayor de la Constitución, es anti-democrático y perjudicial para Guatemala. Podría convertírsele a Colom en un bumerán, que regresaría con tanta fuerza que lo sacaría del Palacio de Gobierno.
Además, la anti-marcha genera una polarización peligrosa, porque virtualmente enfrenta al pueblo. Lo que hace Colom, o sus malos asesores, es irresponsable. Utiliza a un segmento de la sociedad como escudo para mantenerse en el poder.
En cuanto a los guatemaltecos, no pueden permitir que los crímenes queden impunes y deben seguir luchando por la verdad, sin generar más violencia.
Marcela Marroquín y aquellos de sus paisanos que están dispuestos a romper la indolencia social y política para participar en otras manifestaciones deben recordar a los indiferentes que no reconocen la fuerza que tiene el movimiento ciudadano de la Plaza Italia que su líder es la gente misma. Pretender ignorarlo y calificarlo de llamarada de tusa o candela pasajera es desconocer la esencia de la democracia. El fuego se alimenta con la leña del inconformismo.
© AIPE
RAÚL BENOIT, corresponsal internacional de Univisión.
El enojo popular surgió al conocerse el video en que Rodrigo Rosenberg, un abogado asesinado a bala, anunció su muerte y acusó al presidente y a funcionarios de su gobierno de ordenarla, o de ser cómplices de ese crimen y de los que se cobraron la vida de Khalil Musa y su hija Marjorie.
A raíz de estos hechos, Guatemala vive una de las peores crisis de su historia. Lo triste, sin quitar importancia a estos viles asesinatos, es que el país registra decenas de muertos diarios por la violencia que genera el narcotráfico y la delincuencia, y sólo ahora comienzan a levantarse las voces, mientras por las otras víctimas se guardaba un aparente silencio.
¿Qué le pasa a Guatemala? Le pasa que sufre los embates de la corrupción (que muchos, aunque saben que existe, ignoran); que es presa del desgobierno y el vacío institucional; que hay políticos cómplices de ladrones y criminales. Pero lo peor es que parte de la sociedad se muestra adormecida, indiferente o temerosa, y que quizás algunos con intereses particulares esperan pescar en río revuelto.
Aunque ha arrancado el despertar (véase la manifestación en la Plaza Italia), hay un sutil reflejo de apatía como consecuencia de las dudas surgidas ante los hechos revelados por el abogado Rosemberg. Pocos entienden el trasfondo. Acusan al presidente de matar a un empresario a quien ofreció un cargo oficial, pero no hay una explicación lógica sobre qué pretendía ganar al hacerlo. En los tinglados emergen unos funcionarios de la entidad a la cual llegaría el industrial respaldado por Colom. Semanas antes de asesinarlo, lo invitaron a una reunión secreta y le dijeron que no aceptara el cargo.
Reflexionemos: o las víctimas (los Musa y Rosenberg) sabían demasiado sobre tratos sucios del gobierno; o los victimarios están ligados a los burócratas que sugirieron al industrial no acceder al cargo, adelantándose al presidente antes de la confirmación de su nombramiento, porque, supuestamente, sería el espía del primer mandatario en la entidad; o, más grave, las muertes hacen parte de un complot planeado por asesores del gobierno que se mueven sigilosos tras las espaldas del propio presidente con el fin de convencer al pueblo de que él es ineficaz en la lucha contra la violencia.Sea cual sea su responsabilidad y conocimiento, el gobernante tiene la obligación de aclarar sus propios actos y recordar que la voz del pueblo es la que decide y la que al final le cobrará los errores, si los ha cometido.
Organizar una contra-marcha trayendo a empleados oficiales de la provincia, a indígenas y campesinos, muchos de ellos ignorantes de lo que ocurría ahí, como comprobé el domingo 17 de mayo en la Plaza Mayor de la Constitución, es anti-democrático y perjudicial para Guatemala. Podría convertírsele a Colom en un bumerán, que regresaría con tanta fuerza que lo sacaría del Palacio de Gobierno.
Además, la anti-marcha genera una polarización peligrosa, porque virtualmente enfrenta al pueblo. Lo que hace Colom, o sus malos asesores, es irresponsable. Utiliza a un segmento de la sociedad como escudo para mantenerse en el poder.
En cuanto a los guatemaltecos, no pueden permitir que los crímenes queden impunes y deben seguir luchando por la verdad, sin generar más violencia.
Marcela Marroquín y aquellos de sus paisanos que están dispuestos a romper la indolencia social y política para participar en otras manifestaciones deben recordar a los indiferentes que no reconocen la fuerza que tiene el movimiento ciudadano de la Plaza Italia que su líder es la gente misma. Pretender ignorarlo y calificarlo de llamarada de tusa o candela pasajera es desconocer la esencia de la democracia. El fuego se alimenta con la leña del inconformismo.
© AIPE
RAÚL BENOIT, corresponsal internacional de Univisión.