Así, los nuevos líderes izquierdistas basaron sus discursos en la transparencia y la honestidad en el manejo de los dineros públicos. Además, se atribuyeron el monopolio de cuantas virtudes existen y proclamaron a los cuatro vientos que el único interés que los guiaba era el bienestar de las masas populares.
Han tenido éxito persuadiendo al grueso de los votantes de que, una vez en el Gobierno, sus promesas coincidirían con sus conductas personales. Pero, lamentablemente, los hechos están demostrando algo muy diferente. Porque si algo caracteriza a estos noveles gobernantes es la rapidez con que han aprendido a practicar los vicios que desde la oposición criticaban tanto. Con varios agravantes: su inquietante predisposición al autoritarismo, su afán por perpetuarse en el poder y, lo que es peor, su espíritu bélico, otrora tan lejano de la idiosincrasia latinoamericana.
Hace tan solo dos años que la izquierda tomó las riendas del poder en Uruguay, pero ya percibimos muchas de las características aquí mencionadas. Con relación a la honestidad de las jerarquías, abundan las acusaciones de manejos pocos claros con dineros públicos y las denuncias de falta ética.
Un reciente escándalo ha conmocionado a los uruguayos. En febrero, un semanario informó de que un senador oficialista fue intervenido quirúrgicamente en un hospital público. Se valió para ello de un carné de asistencia gratuita (popularmente llamado "carné de pobre") expedido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), contraviniendo así lo que establecen las disposiciones legales vigentes. El senador obtuvo el carné mediante una falsa declaración jurada de su hijo, que aseguró a las autoridades que su padre carecía de ingresos. Pero resulta que en Uruguay a los senadores se les paga por diversos conceptos, para que puedan cumplir con "dignidad" su alta función, alrededor 4.200 dólares mensuales.
Es deber del analista imparcial evaluar si se trata de un suceso aislado; para eso, debe analizar cómo se ha comportado el resto del oficialismo ante lo sucedido. La conclusión es decepcionante.
Ahora se sabe que a una funcionaria le sorprendió que el servicio médico dado al paciente fuera gratuito, ya que sabía que era un senador, y dejó constancia de ello. O sea, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública conocían la situación, pero no ordenaron una investigación administrativa ni remitieron los documentos a la Justicia, como ordena el artículo 117 del Código Penal que hagan los funcionarios públicos que saben que se está cometiendo un delito.
Este affaire ha dejado al descubierto la conducta poco moral de nuestros funcionarios. Alarman el desparpajo y la falta de respeto a la inteligencia de la población de las justificaciones dadas, una vez conocidos los hechos. El senador afirmó: "No existió por parte de mi hijo intención alguna de firmar una declaración jurada errónea, sino que tal hecho obedeció a su falta de experiencia en este tipo de trámites". A su vez, la ministra sostuvo que la adjudicación del carné de asistencia gratuita se debió a "errores administrativos en el servicio". Y aseguró que no había tras ello dolo alguno, ni falsas declaraciones juradas.
La gran tragedia latinoamericana es que vamos de mal en peor y no se avizora luz alguna que indique el final del túnel.
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