Los comandantes de las divisiones Séptima y Octava del Ejército, ubicadas en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, han reconocido que están brindando instrucción militar a civiles, en el marco de un programa denominado Entrenamiento de Patriotas. El vicepresidente, Álvaro García Linera, no sólo ha confirmado la información, sino que ha defendido el citado programa señalando que responde a la necesidad de ampliar la base de formación cívica que ha de darse a la ciudadanía.
Obviamente, ninguna de estas autoridades explicó por qué no se convocó públicamente a todos los ciudadanos que desearan recibir dicha instrucción, y tuvimos que enterarnos por los medios. Tampoco quisieron decir si se trataba de un programa abierto a todo el mundo.
El Entrenamiento de Patriotas contradice las posiciones que el Gobierno ha defendido públicamente en años anteriores: no olvidemos su denuncia permanente de la supuesta creación de grupos civiles que tendrían por objeto su derrocamiento. De hecho, los programas de seguridad ciudadana que diversas prefecturas departamentales intentaron desarrollar mediante la formación de grupos desarmados de vigilancia vecinal en barrios con grandes problemas de delincuencia fueron prohibidos bajo el argumento de que constituirían una amenaza para la seguridad nacional. Por supuesto, nunca se condenó sino que se estimuló la formación de policía sindical en las zonas de producción cocalera y de policía comunitaria en regiones alineadas con el Gobierno.
Esto no nos debe extrañar. Quien conozca algo de Venezuela –o haya visto el excelente documental de CNN Los guardianes de Chávez– se dará cuenta de que éste es uno de los instrumentos que ha diseñado el chavismo para perpetuarse en el poder y caminar hacia la instauración de un régimen totalitario. No es algo nuevo en la historia: todos los totalitarismos buscan reemplazar a los ejércitos de los países en que actúan con cuerpos de partidarios militarizados. Las SS alemanas fueron uno de los mayores y peores ejemplos.
Los programas de militarización de grupos políticos afines al Gobierno no solo constituyen una grave violación de la Constitución, sino una seria amenaza para la paz social. Si el presidente, Evo Morales, quiere que la población confíe en sus anuncios de búsqueda de concertación y pacificación, lo primero que tiene que hacer es ordenar la inmediata cancelación de la militarización de civiles, algo que solo corresponde en tiempo de guerra.
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ÓSCAR ORTIZ ANTELO, ex presidente del Senado boliviano.