Pero también ganó por la engañosa redacción de la pregunta, que inducía a los venezolanos a pensar que votar no iba contra sus intereses. No tuvo, pues, que acudir al fraude, pero su triunfo reafirma las inquietudes que suscitan los referendos convocados por gobernantes que quieren atornillarse en el poder.
Aunque parezca forzado, lo anterior viene a cuento a propósito de las críticas del gobierno Uribe a las recomendaciones de la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia, y la no descartable posibilidad de que el presidente colombiano nos clave un referendo sobre su insistente propuesta –tres veces rechazada en el Congreso– de cambiar la Constitución para penalizar la dosis mínima.
No dudo de la convicción sincera que anima al Jefe del Estado, pero la terca realidad lo contradice. En ninguna parte se ha demostrado que criminalizar al usuario reduzca el consumo. Lo que sí se sabe es que fomenta la corrupción policial, llena las cárceles de ciudadanos que no las merecen y fortalece las mafias. Me pregunto si Uribe ha consultado a su consejero Luis Carlos Restrepo, quien escribió un sesudo ensayo contra las políticas prohibicionistas, a las que tachaba de "amenaza para las libertades democráticas" (La fruta prohibida, 2001).
Sus tesis son las mismas que las de todos los estudiosos del fenómeno a través de los años. Corroboran una realidad cada vez más dramática: tras 40 años de guerra contra las drogas, no se vislumbra el fin de la misma ni la victoria. En EEUU, promotor de esta estrategia, ya nadie osa hablar de éxitos: difícil hacerlo cuando se tienen más presos por delitos relacionados con la droga que todos los demás países juntos (cerca de 600.000).
Pero es en América Latina donde el balance es más devastador. Colombia, el país que más estragos ha padecido y más sacrificios ha hecho en esta guerra perdida, lo sabe bien. Miles de vidas truncadas, millones de hectáreas fumigadas, centenares de narcos extraditados... y el problema sólo cambia de escenario y de actores. Por cada capo capturado, aparecen tres para remplazarlo. Por cada 100.000 hectáreas fumigadas, se resiembran otras tantas. Se desmantelan los Machos, surgen los Rastrojos. Se van don Bernas, llegan don Marios...
¿Qué tal lo que reveló recientemente la Junta de Estupefacientes de la ONU? En Colombia se erradicaron 220.000 hectáreas en el 2007, pero los cultivos de coca aumentaron un 27 por ciento. Ya no se necesitan más pruebas de ineficacia, y lo que urge es revisar una estrategia que no acaba con el narcotráfico pero sí fomenta la violencia urbana y el crimen organizado, así como la corrupción del Estado, la política y la fuerza pública.
Es lo que plantea la Comisión Latinoamericana, liderada por los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que, entre otras cosas, recomienda tratar el consumo como una cuestión de salud pública y reducirlo mediante campañas masivas de información y prevención, replantear la política de erradicación, concentrar la represión sobre las mafias del narcotráfico, el lavado y el tráfico de armas, diferenciar entre las distintas drogas y evaluar la conveniencia de legalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
La legalización en sí no es la solución mágica, y la propia Comisión advierte de que, si no se acompaña de políticas serias de prevención, puede agravar los fenómenos de adicción. Nadie tiene la fórmula. Lo que sí se sabe de sobra es lo que no ha funcionado. ¿Por qué insistir en ello? ¿Por qué no atreverse a buscar alternativas?
No ha sido fácil, porque Washington se ha opuesto tenazmente a cualquier cambio. Pero hay indicios de que con Obama las cosas podrían cambiar. En su campaña cuestionó the war on drugs y la criminalización del pequeño consumo. Su zar antidrogas será el actual jefe de policía de Seattle, la capital del estado más liberal en política de narcóticos. Y es probable que en su gobierno el problema de la droga no sea considerado de seguridad nacional, sino de salud pública.
Con el antecedente del Tratado de Libre Comercio, no sobraría que el presidente Uribe estuviera atento a lo que en este campo pueda hacer nuestro mejor aliado. Para que Colombia no quede otra vez colgada de la brocha. Chupar mucha rueda tiene sus riesgos.
Aunque parezca forzado, lo anterior viene a cuento a propósito de las críticas del gobierno Uribe a las recomendaciones de la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia, y la no descartable posibilidad de que el presidente colombiano nos clave un referendo sobre su insistente propuesta –tres veces rechazada en el Congreso– de cambiar la Constitución para penalizar la dosis mínima.
No dudo de la convicción sincera que anima al Jefe del Estado, pero la terca realidad lo contradice. En ninguna parte se ha demostrado que criminalizar al usuario reduzca el consumo. Lo que sí se sabe es que fomenta la corrupción policial, llena las cárceles de ciudadanos que no las merecen y fortalece las mafias. Me pregunto si Uribe ha consultado a su consejero Luis Carlos Restrepo, quien escribió un sesudo ensayo contra las políticas prohibicionistas, a las que tachaba de "amenaza para las libertades democráticas" (La fruta prohibida, 2001).
Sus tesis son las mismas que las de todos los estudiosos del fenómeno a través de los años. Corroboran una realidad cada vez más dramática: tras 40 años de guerra contra las drogas, no se vislumbra el fin de la misma ni la victoria. En EEUU, promotor de esta estrategia, ya nadie osa hablar de éxitos: difícil hacerlo cuando se tienen más presos por delitos relacionados con la droga que todos los demás países juntos (cerca de 600.000).
Pero es en América Latina donde el balance es más devastador. Colombia, el país que más estragos ha padecido y más sacrificios ha hecho en esta guerra perdida, lo sabe bien. Miles de vidas truncadas, millones de hectáreas fumigadas, centenares de narcos extraditados... y el problema sólo cambia de escenario y de actores. Por cada capo capturado, aparecen tres para remplazarlo. Por cada 100.000 hectáreas fumigadas, se resiembran otras tantas. Se desmantelan los Machos, surgen los Rastrojos. Se van don Bernas, llegan don Marios... ¿Qué tal lo que reveló recientemente la Junta de Estupefacientes de la ONU? En Colombia se erradicaron 220.000 hectáreas en el 2007, pero los cultivos de coca aumentaron un 27 por ciento. Ya no se necesitan más pruebas de ineficacia, y lo que urge es revisar una estrategia que no acaba con el narcotráfico pero sí fomenta la violencia urbana y el crimen organizado, así como la corrupción del Estado, la política y la fuerza pública.
Es lo que plantea la Comisión Latinoamericana, liderada por los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que, entre otras cosas, recomienda tratar el consumo como una cuestión de salud pública y reducirlo mediante campañas masivas de información y prevención, replantear la política de erradicación, concentrar la represión sobre las mafias del narcotráfico, el lavado y el tráfico de armas, diferenciar entre las distintas drogas y evaluar la conveniencia de legalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
La legalización en sí no es la solución mágica, y la propia Comisión advierte de que, si no se acompaña de políticas serias de prevención, puede agravar los fenómenos de adicción. Nadie tiene la fórmula. Lo que sí se sabe de sobra es lo que no ha funcionado. ¿Por qué insistir en ello? ¿Por qué no atreverse a buscar alternativas?
No ha sido fácil, porque Washington se ha opuesto tenazmente a cualquier cambio. Pero hay indicios de que con Obama las cosas podrían cambiar. En su campaña cuestionó the war on drugs y la criminalización del pequeño consumo. Su zar antidrogas será el actual jefe de policía de Seattle, la capital del estado más liberal en política de narcóticos. Y es probable que en su gobierno el problema de la droga no sea considerado de seguridad nacional, sino de salud pública.
Con el antecedente del Tratado de Libre Comercio, no sobraría que el presidente Uribe estuviera atento a lo que en este campo pueda hacer nuestro mejor aliado. Para que Colombia no quede otra vez colgada de la brocha. Chupar mucha rueda tiene sus riesgos.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.