El último desastre político y mediático del presidente Calderón tuvo lugar el 20 de febrero. Reclusos de la cárcel de Apodaca, no muy lejos de Monterrey –la principal ciudad industrial del país–, iniciaron un motín. La mayor parte de ellos pertenecía al cada vez más poderoso cártel de Los Zetas. Se valieron del motín para asesinar a 44 miembros del Cártel del Golfo, y finalmente escaparon de la prisión. Las autoridades ordenaron de inmediato que se investigara a los funcionarios que se encontraban de guardia en el momento en que se produjo la fuga, por si alguno de ellos estuviera compinchado con los criminales.
La matanza y fuga de Apodaca ya sería algo llamativo si estuviéramos ante un suceso inaudito, pero es que encima no es el caso. En enero, un motín en la ciudad costera de Altamira resultó en la muerte de 31 reclusos. En el registrado en Tamaulipas en octubre perdieron la vida 20 personas. Hace un año, en una batalla campal registrada en una cárcel de Durango murieron 23 personas; en 2009, en otra cárcel de la misma ciudad murieron, en otra pelea, 19 personas.
Lo más preocupante de la creciente violencia que asuela las prisiones mexicanas es que los baños de sangre tienen que ver con luchas entre organizaciones de narcos. En al menos dos de los casos referidos parece que hubo guardias que ayudaron a uno de los bandos, lo cual sugiere que la corrupción del sistema penitenciario, que arrastra el país desde hace décadas, está fuera de control. Sea cual sea el cártel imperante en tal o cual región, parece ejercer mayor control sobre las prisiones de su territorio que el Gobierno mexicano.
El hecho de que ciertas organizaciones dedicadas al narcotráfico controlen de hecho las cárceles mexicanas puede que impacte a muchos estadounidenses, pero la realidad está confirmando la impotencia o la venalidad del sistema penitenciario mexicano. Los capos dirigen las operaciones de sus organizaciones desde sus celdas con completa impunidad. A veces, un narco de menor rango puede ver cómo se demora su fuga de prisión, pero eso no deja de ser un pequeño inconveniente en sus planes.
En mayo de 2009, 53 reclusos, muchos de ellos miembros de Los Zetas, se fugaron sin la menor complicación de la prisión de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que los carceleros se quedaron de brazos cruzados. El director y los 44 guardias del recinto fueron encarcelados.
Ahora bien, el caso de Cieneguillas fue menor si se lo compara con lo sucedido en la prisión Gómez Palacio de Durango, donde parece que los funcionarios hacían más que permitir a los presos fugarse: presuntamente los dejaban salir para que pudieran perpetrar los asesinatos que les ordenaban sus jefes; después, los asesinos volvían a sus celdas. Se sospecha que les procuraban incluso transporte y armas. Entre los beneficiarios de semejante trato se cuentan los autores de la matanza de Torreón, una fiesta de cumpleaños que acabó con la muerte de 17 inocentes.
Según Marc Lacey, del New York Times, los narcos han convertido las prisiones mexicanas en centros de reclutamiento y bases de operaciones. Las fugas son tan frecuentes que se han convertido en algo cotidiano. Quizá la más célebre fue la protagonizada en 2001 por Joaquín el Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, la organización narcotraficante más poderosa de México, de nuevo ante la ceguera colectiva de los guardianes.
Los narcos suelen ser auténticas celebridades en prisión, los demás reclusos les rinden pleitesía y los guardias con frecuencia acaban trabajando para ellos. Antes se servían de los presos que salían en libertad para enviar mensajes al exterior; ahora, simplemente, utilizan teléfonos celulares. "[Los capos] son unos presos privilegiados –escribe Lacey–, visten ropa de diseño y disfrutan de privilegios especiales como el recibir visitas frecuentes de sus novias o el tener televisiones de gran tamaño en sus muy espaciosas celdas". No es precisamente dura su situación, pues. El experto Pedro Arellano sentencia: "Ya no son las autoridades las que controlan las prisiones, sino los capos de la droga".
La escandalosa corrupción del sistema penitenciario no es sino una de las razones por las que ha fracasado la controvertida ofensiva militar de Calderón contra los cárteles, apoyada por Washington de manera entusiasta.
México celebrará elecciones presidenciales en verano; entonces los mexicanos decidirán si dan continuidad a la estrategia antidroga que ha seguido Calderón en estos cinco años, a un coste de 47.000 vidas. La Constitución mexicana le prohíbe postularse para la reelección, lo que probablemente sea una buena noticia. Su guerra contra los cárteles, piedra angular de su Administración, ha sido un fiasco.
Será, pues, su sucesor quien haya de decidir si sigue por ese camino o si, por el contrario, emprende una estrategia diferente. Sea como fuere, lo que debe hacer el próximo presidente mexicano es limpiar de corrupción el horrible sistema penitenciario. Un país que ni siquiera es capaz de controlar sus prisiones corre el riesgo de sumirse en el abismo y convertirse en un Estado fallido. Y si su vecino del Sur se convirtiera en un Estado fallido, EEUU tendría un muy grave problema de seguridad nacional.
© El Cato
TED GALEN CARPENTER, vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute.