Los motivos del linchamiento no son nada inocentes: aquellas comunidades viven mayoritariamente del contrabando de vehículos desde Chile, y los policías linchados se dedicaban, precisamente, a la lucha contra ese tipo de tráfico ilegal. En su descargo, los dirigentes campesinos han argumentado que los policías les extorsionaban. Sea como fuere, obviamente, el linchamiento no era modo adecuado de protestar ni, mucho menos, de castigar los supuestos abusos de esos agentes del orden.
Lo más grave es la recurrencia. Cada vez con más frecuencia se nos informa de comunidades campesinas que toman la justicia en sus manos y aplican la pena de linchamiento a policías o a civiles. Se trata de sucesos que no sólo ocurren en el mundo rural. El triste resultado es que, cada año, decenas de bolivianos son asesinados de esta manera.
El gobierno nacional no ha actuado eficazmente para evitar que estos gravísimos hechos se repitan y se constituyan en una modalidad aceptada de justicia comunitaria. En lo formal, critica; en los hechos, tolera. Un ministro ha llegado a declarar que hay que entender esas acciones en el contexto cultural de los pueblos, mientras que otro ha afirmado que –en el caso que nos ocupa– intervenir las comunidades para rescatar los cadáveres no haría sino ocasionar más muertos. Por otro lado, muchos afirman que la justicia comunitaria no contempla excesos semejantes.
Quizás tengan algo de razón en sus argumentos. El problema de fondo es que buena parte de estos abusos se cometen al amparo de las expectativas que las actuales autoridades, así como sus intelectuales de cámara, crearon durante décadas de reivindicaciones sobre el derecho a la justicia comunitaria. La nueva Constitución establece que las jurisdicciones ordinaria e indígena gozarán de igual jerarquía. Igualmente, recoge que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la libre determinación y a la territorialidad.
Obviamente, comparto lo de que los pueblos indígenas tienen derechos, así como el que se aplique la justicia comunitaria en casos de delitos menores. Sin embargo, ésta no puede implicar el ejercicio de la violencia física ni, peor aún, la muerte. Siempre me opuse a que la indígena tenga igual jerarquía a la justicia ordinaria, y a que se acepte que sea una justicia de única instancia, lo que contraviene todos los tratados internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la territorialidad indígena está siendo utilizada para crear zonas libres de toda autoridad estatal, en las cuales se desarrollan impunemente actividades ilícitas.
© El Cato
ÓSCAR ORTIZ ANTELO, ex presidente del Senado de la República de Bolivia.
Lo más grave es la recurrencia. Cada vez con más frecuencia se nos informa de comunidades campesinas que toman la justicia en sus manos y aplican la pena de linchamiento a policías o a civiles. Se trata de sucesos que no sólo ocurren en el mundo rural. El triste resultado es que, cada año, decenas de bolivianos son asesinados de esta manera.
El gobierno nacional no ha actuado eficazmente para evitar que estos gravísimos hechos se repitan y se constituyan en una modalidad aceptada de justicia comunitaria. En lo formal, critica; en los hechos, tolera. Un ministro ha llegado a declarar que hay que entender esas acciones en el contexto cultural de los pueblos, mientras que otro ha afirmado que –en el caso que nos ocupa– intervenir las comunidades para rescatar los cadáveres no haría sino ocasionar más muertos. Por otro lado, muchos afirman que la justicia comunitaria no contempla excesos semejantes.Quizás tengan algo de razón en sus argumentos. El problema de fondo es que buena parte de estos abusos se cometen al amparo de las expectativas que las actuales autoridades, así como sus intelectuales de cámara, crearon durante décadas de reivindicaciones sobre el derecho a la justicia comunitaria. La nueva Constitución establece que las jurisdicciones ordinaria e indígena gozarán de igual jerarquía. Igualmente, recoge que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la libre determinación y a la territorialidad.
Obviamente, comparto lo de que los pueblos indígenas tienen derechos, así como el que se aplique la justicia comunitaria en casos de delitos menores. Sin embargo, ésta no puede implicar el ejercicio de la violencia física ni, peor aún, la muerte. Siempre me opuse a que la indígena tenga igual jerarquía a la justicia ordinaria, y a que se acepte que sea una justicia de única instancia, lo que contraviene todos los tratados internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la territorialidad indígena está siendo utilizada para crear zonas libres de toda autoridad estatal, en las cuales se desarrollan impunemente actividades ilícitas.
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ÓSCAR ORTIZ ANTELO, ex presidente del Senado de la República de Bolivia.