Dejando de lado el caso extremo de Cuba, donde ese derecho y muchos otros son papel mojado desde hace más de medio siglo, vemos que en varios países se avanza en la creación de leyes mordaza y otras igualmente perniciosas. Hablamos de países como Venezuela, Argentina, Ecuador o Nicaragua.
Es, sin embargo, en Bolivia donde últimamente están teniendo lugar los episodios más graves. En una sorprendente sentencia que concede derecho al honor a una entidad financiera, un tribunal de cuya independencia resulta lícito dudar ha condenado a casi tres años de prisión al ex presidente Jorge Tuto Quiroga por "difamación, calumnia e injurias" al Banco Unión, de titularidad pública. Asimismo, le ha prohibido volver a presentarse a unas elecciones.
El fallo ha sido tan escandaloso que hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) ha salido en defensa del condenado.
La Paz ha tenido la desfachatez de negar que la OEA se haya pronunciado como lo ha hecho, mientras que el vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, ha acusado al Tuto Quiroga de ejercer la "prostitución de la expresión".
Todo esto resulta especialmente grave. Se utilizan las leyes de forma arbitraria para perseguir penalmente y arrinconar electoralmente a alguien que resulta incómodo al mandatario indigenista. Quiroga no sólo es un destacado líder opositor; es, además, una de las personas que con mayor firmeza y lucidez denuncian el expansionismo de Chávez.
Por otro lado, Morales ha logrado sacar adelante en la Cámara de Diputados una norma (que todavía debe ser revisada en el Senado) que puede ser utilizada por el poder contra los medios con la excusa de combatir el racismo. La nueva ley, en caso de aprobarse su texto actual, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento a todo medio de comunicación que "autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias".
Ante las protestas de la oposición, los periodistas y los propietarios de los medios, el Gobierno de Morales y los diputados oficialistas han respondido utilizando su táctica habitual: negar sus intenciones y atacar a los críticos. Desde el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se ha llegado a decir que las quejas son un "reconocimiento implícito" de que periodistas y opositores son racistas y discriminadores. Sin embargo, esto no es más que una excusa. El hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de redactar y aprobar el reglamento de desarrollo de la ley en cuestión es una buena muestra de lo que se puede esperar.
El Gobierno boliviano ha encontrado en una buena causa, la lucha contra el racismo, una excusa para recortar la libertad de expresión. Sin embargo, éste es un derecho que no debe ser recortado por el poder público ni siquiera para tratar de impedir la difusión de las ideas más deleznables. La discriminación racial debe ser combatida por la propia sociedad civil, no mediante leyes mordaza. Y menos cuando el poder político ha demostrado que puede prostituir cualquier causa a fin de afianzar un sistema con rasgos cada vez más totalitarios.