Que un pueblo sea atacado ferozmente por la guerrilla no es una noticia tan extraordinaria en Colombia, desafortunadamente; sí lo es, especialmente desde que gobierna Uribe, que el Ejército no haya podido repeler el ataque de forma rápida y eficaz.
Estas acciones no cambian fundamentalmente el balance de fuerzas entre el Ejército y las FARC: el sangriento hostigamiento y cerco de este pequeño y aislado pueblo indígena muy seguramente terminará con un repliegue de las fuerzas guerrilleras hacia las montañas y sin una decisiva victoria militar de ninguna de las partes. Sin embargo, la relevancia de estas acciones de las FARC reside en su impacto mediático y en que puede marcar el inicio de un incremento significativo de los ataques guerrilleros en los 12 meses que quedan para las próximas elecciones presidenciales.
La Política de Seguridad Democrática es la espina dorsal del programa gubernamental del presidente Uribe. El Gabinete anterior, el de Andrés Pastrana (1998-2002), otorgó una amplia zona de despeje a las FARC para conducir un proceso de negociación; proceso que se caracterizó por la intransigencia y rigidez de estas últimas. El inevitable fracaso de las negociaciones catapultó a Uribe hacia una contundente victoria electoral. Tanto el público en Colombia como buena parte de la comunidad internacional entendieron que las FARC no tienen ningún interés serio en encontrar una salida negociada al conflicto –y, de paso, abandonar los lucrativos negocios del narcotráfico y el secuestro.
El énfasis de la plataforma de gobierno de Uribe era el de recuperar la seguridad fortaleciendo las Fuerzas Armadas y llevando la presencia estatal a amplias zonas del país que durante décadas habían estado expuestas a los abusos de los grupos insurgentes. El apoyo económico y militar de los Estados Unidos a través del Plan Colombia ha sido instrumental en este propósito (Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda norteamericana). Uribe identificó correctamente la seguridad como el elemento indispensable para conseguir un crecimiento económico sostenible.
La Política de Seguridad Democrática ha tenido éxitos significativos que hoy hacen de Uribe el gobernante con niveles de aprobación más altos en América Latina. Como resultado de esta política, hoy en día en Colombia se puede circular por muchas carreteras que hace menos de tres años estaban vedadas para el público por la guerrilla, todos los municipios cuentan con presencia de la Policía y el secuestro ha caído significativamente. Para una persona que vive en un país "normal", estos no parecerían logros significativos; al fin y al cabo es lo mínimo que debe garantizar un Estado. Sin embargo, en Colombia representan un salto cualitativo.Igualmente, las Fuerzas Armadas iniciaron una gran ofensiva contra las FARC: el Plan Patriota, atacando su retaguardia estratégica en las selvas del sur del país, donde controlan la producción de cocaína. En esta operación se ha comprometido un número importante de recursos militares (más de 15.000 soldados y buena parte de la capacidad aérea), y hay expertos que aseguran que las Fuerzas Armadas podrían estar sobreextendidas y llegando al limite de su capacidad operativa, sin que hasta ahora se haya logrado golpear certeramente a las FARC.
El Ejecutivo colombiano venía insistiendo en que las FARC están acorraladas y han sido significativamente golpeadas con la política gubernamental. Las FARC, por su parte, argumentaban que estaban en un "repliegue estratégico" y que su capacidad militar permanecía intacta. A pesar de los indudables logros del Gobierno, está claro que las FARC no están derrotadas. Demostrar esto es en buena medida lo que se proponen atacando indiscriminadamente Toribio y otros pueblos vecinos: aquí seguimos, y nos hacemos sentir.
Por supuesto a las FARC no les preocupa que en esta demostración de fuerza no hayan conseguido una victoria militar, y que quienes paguen el alto precio de su sevicia hayan sido los pobladores de Toribio que resultaron muertos o desplazados tras el ataque indiscriminado.
Lo importante para las FARC era el efecto mediático. Las guerras no se ganan en los medios de comunicación, pero las FARC reconocen que éste es un frente clave en su estrategia. Como en Irak, el conflicto interno en Colombia se ve por televisión en vivo y en directo. Con el ataque a Toribio los colombianos hemos visto unas desgarradoras escenas, a las cuales ya nos estábamos desacostumbrando: una guarnición policial impotente frente a la ferocidad del ataque, civiles buscando refugio como podían ante el criminal bombardeo, guerrilleros controlando la vía de acceso al pueblo y bloqueando la llegada de refuerzos. El efecto mediático se amplificó con las declaraciones de Raúl Reyes, uno de los máximos líderes de las FARC, en las cuales aseguraba que estas acciones eran una "bofetada a la Política de Seguridad Democrática" del Gobierno Uribe.
Es así como las FARC buscan desprestigiar al Gabinete Uribe, al mostrar las flaquezas de su punto más fuerte: la recuperación de la seguridad. Esta acción guerrillera puede señalar un reinicio de las operaciones ofensivas por parte de la guerrilla, la cual se encontraba en un repliegue estratégico, y es previsible que estas acciones aumenten en frecuencia e intensidad en la medida en que el país se aproxime a las presidenciales de mayo de 2006. Es probable que hoy, después de haberse reagrupado durante tres años, su principal objetivo sea quebrar el optimismo que las políticas de Uribe habían logrado generar.
Las FARC (que, quizá para sorpresa de algunos sectores izquierdistas de fuera de Colombia, no tienen base social significativa alguna, y cuyo proyecto político, si es que existe, queda eclipsado por sus métodos terroristas y criminales) buscan erosionar el consenso que se ha creado en torno a la conveniencia tanto de revigorizar la fuerza pública como de pasar a la ofensiva. Además, buscan influir en el proceso electoral que se está iniciando, y en el cual es posible que Uribe sea candidato.
Si bien el Gobierno ha recibido bastantes críticas por su incapacidad para reaccionar efectivamente ante los hostigamientos, que ya duran más de una semana, sería equivocado, a mi modo de ver, desacreditar y reversar la estrategia gubernamental. Lo que es claro es que el Estado en Colombia tiene que seguirse fortaleciendo. Se necesita un Estado fuerte que no sólo provea seguridad, sino también imparta justicia y garantice el acceso a los servicios básicos a todos los colombianos.
Es por esto que la ayuda internacional para que Colombia siga combatiendo el narcotráfico que financia a grupos insurgentes como las FARC, el ELN y las Autodefensas –todos considerados como grupos terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea– merece ser reforzada, así como otros programas de desarrollo que hacen parte integral de la estrategia contrainsurgente.