En los años 50 y 60 hubo autodefensas campesinas de la más raizal de las estirpes y, en principio, hasta las guerrillas liberales de las primeras épocas —incluida la de Tirofijo— podrían denominarse así. Pero inoculado el marxismo y todas sus arandelas en el marco de la guerra fría y con el gran apoyo de Cuba, sufrieron una transformación que las llevaron de defenderse a agredir, a "combatir" dirían ellos, y hacia los años 80 su odio visceral y su violencia irracional procrearon a su hijo bastardo, que es el paramilitarismo, y tal engendro germinó con la semilla del peor de los padres que pudo tener, el narcotráfico, pues las víctimas que más solícitamente se hartaron de la subversión fueron ni más ni menos que Pablo Escobar y el clan Ochoa, quienes conformaron en 1980 el MAS —Muerte A Secuestradores— para liberar del cautiverio a Marta Nieves Ochoa, secuestrada por el M-19.
Lo que siguió fue más sutil: el Estado no hizo nada ni contra la guerrilla ni contra los paramilitares. Eran tiempos en los que la conciencia moral del país se volcó hacia el asunto del narcotráfico, cobrando la vida de nuestros más valiosos hombres sólo para que los seres más banales del primer mundo se empolvaran las narices. Creció entre muchos la certeza de que la guerrilla sólo podía ser derrotada por los “paras” y como no hubo voluntad política no pocos uniformados actuaron en colaboración con las llamadas autodefensas y, a veces, hasta participaron directamente en crímenes de lesa humanidad.
Muchos ganaderos —como lo confesó hace días el presidente de ese gremio— se acostaron un día bajo el acoso guerrillero y se levantaron al siguiente bajo la égida paramilitar; les cambiaron el látigo sin preguntarles nada. A la mayoría el cambio les pareció positivo: ya no eran víctimas tan frecuentes de secuestros y asesinatos, y la extorsión se convirtió en “aporte”, aunque tampoco era voluntario. En términos simples, los nuevos fusiles eran iguales a los de antes, pero no eran para cambiar el statu quo sino para mantenerlo y, en muchos casos, eran fusiles amigos y no francamente enemigos.
Pero los políticos colombianos todo lo corrompen. Corrompieron al narcotráfico —como decía el escritor R. H. Moreno Durán— y corrompieron al paramilitarismo, que en principio era uno de los brazos armados de los narcos. Y, vaya uno a saber por qué, muchos prefirieron la “gloria” de la política y el dinero fácil de la corrupción a ser simples delincuentes millonarios, ajenos a ese circo de las campañas y los votos. Todos estos nerones de pueblo, en muchas zonas del país, reeditaron la violencia política de mediados del siglo XX con el fin supremo de apoderarse de los presupuestos (el poder) mediante alianza con los paramilitares, quienes al llegar el nuevo milenio eran amos y señores de la media Colombia que no era de las FARC.
Claro, una cosa es ser un contrarrevolucionario —lo cual implica una posición política— y otra muy distinta es ser un bandido con huestes mercenarias. Y es peor el rufián que traiciona a la democracia y al pueblo que juró servir para apropiarse de los dineros que tenían por objeto la construcción de justicia y equidad, cometiendo graves delitos. Pero, si la consabida hipocresía nacional lo permite, ¿será que estos delincuentes son peores que el resto de legisladores, los que se pelean por las oficinas, por los vehículos oficiales, los que se ausentan de las sesiones, los que ceden sus curules para que otros accedan a la pensión de ex congresista, los que inventan leyes para rasguñar el Presupuesto? ¿Y serán peores los que se involucraron con los paramilitares que los que tienen nexos con la guerrilla? ¿Habrá quién pueda tirar la primera piedra? Hay mucha tela para cortar y el debate apenas comienza.
Saúl Hernández Bolívar, periodista y escritor colombiano.
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