Uno de los ejemplos más patéticos lo tenemos en Argentina, donde el Gobierno ha decidido estatizar los fondos privados de jubilación. La mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, declaró que el objeto de la medida es "proteger a los trabajadores y jubilados".
En Uruguay, el presidente del estatal Banco de Previsión Social insiste, desde que asumió el cargo (2005), en "revisar" la Seguridad Social. Nunca ha disimulado su aversión por las administradoras de fondos de pensión y su deseo de eliminarlas, para recobrar el monopolio que el BPS tenía en el pasado. Quiere regresar a ese sistema que define como "inspirado (…) por principios de universalidad, redistribución, solidaridad, participación, protección, financiamiento progresivo, aportación tripartita"; un sistema, en fin, cuyo objetivo "no puede ser el lucro".
Frente a tales declaraciones, uno no sabe si soltar la carcajada o ponerse a llorar. Veamos por qué.
A mediados del siglo XIX, con la llegada masiva de inmigrantes, la región rioplatense se transformó en un hervidero humano. Eran analfabetos, pero no ignorantes. Sabían que tan temible es la dictadura política como la económica, y que para alcanzar una vida digna es fundamental verse libre de la opresión estatal. O sea, libres de impuestos agobiantes y regulaciones que encadenan la iniciativa individual.
Esas personas humildes y trabajadoras se reconocían responsables de sí mismas. Por lo tanto, no dejaban de prever para su vejez. A principios del siglo XX, los obreros uruguayos no sólo eran capaces de levantar su propia vivienda, sino que solían construir otra para alquilar. Así aseguraban su tranquilidad futura y la de su familia. Luego, los gobernantes resolvieron proteger a la gente. Impusieron normas que aumentaron considerablemente la burocracia y, en consecuencia, los impuestos comenzaron a succionar una porción cada vez mayor de los ingresos de la población.
A mediados del siglo XX teníamos un sistema único –estatal y obligatorio– de previsión social; un sistema terriblemente ineficiente. Había algunas pensiones privilegiadas, mientras que la mayoría no tenían relación con los aportes que había hecho el trabajador.
El golpe de gracia se produjo cuando administradores gubernamentales compraron con esos ahorros bonos de la deuda pública, que terminaron siendo papeles sin valor. Así fue como se despojó a varias generaciones de trabajadores, cuyos ingresos –descontadas las cargas tributarias– ya no les alcanzaban para construir siquiera sus propias casas.
La bancarrota del régimen obligó a buscar alternativas. Por eso se crearon, en los años 90, las administradoras previsionales privadas. Dados los antecedentes, se quiso situarlas fuera del alcance de los políticos, pero éstos se las han ingeniado para obligarlas a invertir casi todo su portafolio en títulos públicos nacionales.
Hoy, los mandatarios alegan que buscan "salvaguardar" a los futuros jubilados de la "crisis internacional". Causa gracia tal aseveración, porque lo que está afectando tan gravemente a los fondos de pensiones es el derrumbe del valor de los títulos públicos.
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