La Ley de Tierras autoriza al Gobierno a expropiar las tierras que los burócratas consideren indebidamente utilizadas, como también en aquellos casos en que logren conseguir algún error en su titularidad. Y ya los venezolanos conocen la forma de operar de la burocracia chavista: en la obtención de una partida de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, copia certificada de cualquier documento legal, y hasta en la inscripción de los ancianos para recibir sus pensiones, cada “error” es una fuente potencial de ingresos para el funcionario, a la vez que un retraso de varios meses para el ciudadano.
No es casualidad que el hato ganadero El Charcote haya sido seleccionado como primera víctima en la declarada “guerra contra el latifundio”, dada su extensión de 13.000 hectáreas y su pertenencia a Lord Vestey, un conocido empresario inglés, gran amigo del príncipe Carlos, con una fortuna de 750 millones de libras esterlinas y que hasta los años 90 era dueño de tierras en Australia del tamaño del Reino Unido. Sam Vestey, propietario de la cadena de carnicerías Dewhurst, declaró a la prensa que la estancia venezolana fue comprada por su bisabuelo en 1903.
Según el concepto chavista de la propiedad, cualquier extensión de más de 5.000 hectáreas (unas 20 millas cuadradas) se considera “latifundio”, y El Charcote fue invadido el 8 de enero por la Guardia Nacional con armas de guerra, mientras el gobernador del Estado Cojedes dirigía la invasión desde un helicóptero. Pero desde hace cuatro años dos terceras partes de ese rancho ganadero están invadidas por campesinos impulsados por el chavismo, y son ellos quienes ocupan la primera fila en el reparto de la piñata.
Esto es apenas el comienzo, ya que el presidente del Instituto Nacional de Tierras declaró recientemente que hay 10 millones de hectáreas “ociosas” en el país.
Chávez inició su mandato en 1999 con 13 ministerios y ha añadido 8 nuevos, por lo que ahora su gabinete presidencial cuenta con 21, los tres últimos creados a principios de enero. Es decir, la inflación ministerial avanza aún más aceleradamente que la del bolívar. Ninguno de los altos funcionarios del actual Gobierno venezolano se distinguió anteriormente en nada, fuera de incendiar oleoductos, secuestrar ejecutivos de empresas extranjeras o adoctrinar en el estatismo y el marxismo desde las escuelas, las universidades y los medios de comunicación. La tragedia venezolana es que ninguno de ellos tiene la menor idea de cómo se logra el desarrollo económico y se crea riqueza. Su ignorancia, avaricia, odios y complejos están hundiendo el país.
Chávez sabe que quienes no quieren vivir sumidos en una pobreza africana escogerán uno de los dos únicos caminos que han tenido los esclavos de Fidel Castro a lo largo de cuatro décadas: destacarse como incondicionales del régimen o emigrar a un país libre. Según las encuestas, el mayor respaldo de Chávez está entre los grupos más pobres de la población, y el presidente parece creer que mientras más pobreza logre producir más apoyo tendrá.
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Carlos Ball dirige la agencia AIPE y es académico asociado del Cato Institute.