La primera vendría a ser la "izquierda dura que tomó el buen camino". Estaría integrada por Lula da Silva (Brasil), Michelle Bachelet (Chile) y Tabaré Vázquez (Uruguay). Se dice que sus gobiernos son responsables, que ponen los intereses nacionales por encima de la nostalgia, la retórica grandilocuente y las ideologías estridentes. La otra sería aquella izquierda no reestructurada que tiene sus raíces en la gran tradición populista de América Latina. Entre sus miembros más conspicuos estarían Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Néstor Kirchner (Argentina).
La gran pregunta es: ¿de acuerdo con qué parámetros hacen esa distinción? ¿Existen tan sólo dos variantes de izquierda? ¿O no será que existe una tercera, quizás la potencialmente más nefasta de todas?
En nuestra opinión, los que dividen a la izquierda latinoamericana en esas dos ramas se guían fundamentalmente por las cifras macroeconómicas. Pero ¿es eso lo realmente importante? El premio Nobel de Economía Friedrich Hayek aseveró: "Yo siempre dije que un economista que no es más que economista ni siquiera puede ser un buen economista".
A nuestro entender, un Gobierno "moderno" y "responsable" es aquél que garantiza la vigencia plena de los derechos individuales. Uno que respeta la efectiva separación de poderes. Por lo tanto, el dato relevante para evaluar a un Gobierno no es el funcionamiento de la macroeconomía, sino el del Poder Judicial.
Con respecto al Uruguay, no hay duda de que ha habido un gran cambio desde que asumió Vázquez. Hasta hace poco se observaba con orgullo que nuestro Poder Judicial actuaba con independencia y no estaba sometido a las presiones de los diferentes gobiernos. Esa situación ha variado de forma alarmante. Ahora la sensación que prevalece entre la opinión pública es la incertidumbre, incluso el miedo.El presidente de la Cámara de Industrias declaró recientemente: "El Poder Ejecutivo no entiende que la propiedad privada está garantizada por la Constitución". Y añadió: "Hoy, la Justicia ya no es un baluarte donde uno se pueda refugiar".
Esa aprehensión no es producto de un caso específico, sino de muchos que van marcando un nuevo rumbo inquietante. Por ejemplo, recientemente el dueño de una curtiembre fue procesado con prisión por tratar de recuperar su fábrica, que estaba ocupada por un grupo de trabajadores. Se le tipificó un delito de "justicia por mano propia". Pero ese delito sólo lo puede cometer aquél que elude los procedimientos de justicia establecidos. Sin embargo, el decreto que "legalizó" las ocupaciones no prevé otra justicia. Si las fábricas son ocupadas no hay a quién recurrir.
Vázquez afirmó que su Gobierno "no presiona a la Justicia". No obstante, cuando un alto funcionario se enojó porque un juez no procesó con prisión a unos ciudadanos, como él esperaba, declaró públicamente: "En el sistema judicial uruguayo, por suerte, los Eguren [el juez de la causa] son minoría (...) Con un juez así, ninguna sociedad puede funcionar".
Asimismo, cuando se pretendió cumplir una orden de una jueza de lo laboral para sacar la maquinaria de una planta textil, los trabajadores sindicalizados bloquearon su cumplimiento. ¿Por qué no recurrió a la fuerza pública, como es de rigor? Hay confusas versiones. Lo que declararon las autoridades fue que, ante una petición verbal de la Suprema Corte de Justicia al ministro de Interior para que fuerzas policiales apoyaran el procedimiento, el ministro expresó que "no podría cumplir [la] orden judicial por razones de tiempo y porque tenía que viajar".
Sin estridencias, con números "macro" inobjetables y gran refinamiento, los uruguayos vamos rumbo al infierno.
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