La Unión Europea aparece en los libros como el mayor donante de ayuda externa a Latinoamérica, como manifestó en una entrevista el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy. No obstante, tal y como demuestran decenas de estudios, el desarrollo económico de los países pobres no depende de la asistencia externa, sino del libre comercio. Y es en ese apartado donde la Unión Europea se ha negado a ayudar a América Latina.
Cada vez existe un mayor consenso entre los especialistas en desarrollo económico sobre la necesidad de un incremento del comercio entre países ricos y pobres. Diversos estudios indican que los habitantes de los países con mayor apertura económica disfrutan de mejores niveles de vida. Por ejemplo, el Índice de Libertad Económica publicado por el canadiense Fraser Institute muestra que el PIB per cápita en el quintil de las naciones con el comercio más restringido era de apenas 1.883 dólares en el año 2002. Pero los países en el quintil con más libertad de comercio gozaban ese mismo año de un PIB per cápita de 23.938 dólares.
Lamentablemente, el proteccionismo europeo cierra las puertas al desarrollo económico de los países menos desarrollados. Según la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, el proteccionismo de la UE priva a los países en desarrollo de aproximadamente 700.000 millones de dólares anuales en ingresos por concepto de exportaciones. Eso es casi 14 veces lo que los países pobres reciben anualmente en ayuda externa.
La pronta expiración del Sistema General de Preferencias (SGP), el cual permite que una amplia variedad de productos del área ingrese al mercado europeo con aranceles muy bajos o nulos, presupone una nueva negociación de tales ventajas que no saldrá barata a los países latinoamericanos. La UE está condicionando la apertura de sus mercados a que los países pobres acepten regulaciones laborales y ambientales que son perjudiciales para la competitividad y el crecimiento económico, como el Protocolo de Cartagena sobre alimentos modificados genéticamente y un raudal de convenios de la Organización Internacional de Trabajo.La aplicación misma del SGP ha sido irregular. En el caso de Costa Rica, los beneficios comerciales a ciertos productos agrícolas fueron suspendidos en 2003 por un plazo de aproximadamente 7 meses, lo cual afectó a empresas exportadoras que generan 45.000 empleos directos.
Los problemas no acaban ahí. Actualmente existe un nuevo conflicto sobre la intención de la UE de imponer a partir de 2006 un arancel de hasta 230 euros por tonelada a las importaciones de banano provenientes de Latinoamérica, lo cual sacaría del mercado a la mayoría de productores de la región. ¿De qué valen los convenios laborales de la OIT cuando los trabajadores latinoamericanos no encuentran trabajo debido al proteccionismo europeo?
La retórica europea sobre la ayuda a los países pobres no se corresponde con sus actos. Mientras la UE condicione la apertura de sus mercados a la instrumentación de agendas contraproducentes al crecimiento económico, los países de América Latina seguirán viendo a Estados Unidos como el socio comercial en quien confiar, y a la Unión Europea como alguien que nos da la espalda en el peor momento.
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Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense de políticas públicas.