Una guerra abierta entre Venezuela y Colombia es poco probable. Ciertamente, no se puede hacer caso omiso al ruido de sables proferido por un hombre que viste uniforme de combate en sus comparecencias públicas. Pero los generales de Chávez no están de humor para enfrentarse a los colombianos… ni a nadie. La corrupción y la politización han debilitado al ejército de Venezuela, a pesar de la adquisición de armamento ruso por valor de miles de millones de dólares. Además, durante sus 10 años en el poder Chávez solamente ha dirigido sus fusiles contra los indefensos ciudadanos venezolanos. Los bravucones como él no suelen advertir de antemano a sus pretendidas victimas. Él no pelea abiertamente, prefiere intervenir de manera encubierta, bien sea directamente o mediante su alianza regional anti-imperialista, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que reúne a los líderes que más alto hablan pero menos rinden en toda la región.
Honduras ha sido el objetivo más reciente de la subversión de Chávez. Convenció a un seguidor crédulo de que conservara su cargo por vía del, hasta el momento exitoso, modus operandi de ALBA: cambiar las reglas del juego luego de llegar democráticamente al poder y anular el sistema legislativo y judicial de manera que ningún líder opositor pueda en adelante ascender democráticamente. Chávez ha guiado la ejecución de esta estrategia en Bolivia y Ecuador; y a Daniel Ortega, también miembro de ALBA, que intenta hacer lo mismo en Nicaragua.
Afortunadamente, las instituciones de la democracia hondureña –el sistema judicial y la legislatura– resultaron suficientemente fuertes. La Corte Suprema encontró que Zelaya había cometido delitos graves y ordenó al ejército removerlo de su cargo. El hecho de perder a Zelaya –el primer revés sufrido en su campaña por propagar el socialismo del siglo XXI en la región– ha llevado a Chávez prácticamente a la histeria. Ha prometido en repetidas ocasiones "derrocar" al nuevo presidente hondureño, Roberto Micheletti, quien fue designado para ocupar el cargo constitucionalmente, por votación abrumadora en el Congreso (todos los miembros del partido del propio Zelaya, salvo tres, votaron a favor de Micheletti). No se han visto soldados chavistas en Honduras, pero existen informaciones de que agentes de inteligencia venezolanos y cubanos están fomentando la violencia para dañar la imagen del gobierno, una táctica empleada comúnmente en América Latina.
En Colombia, Chávez emite la falsa alarma para camuflar su agresión oculta, su apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), condenadas internacionalmente como organización narcoterrorista. El descubrimiento del apoyo venezolano a los terroristas ha provocado a Chávez arrebatos públicos. En marzo del 2008 fuerzas especiales colombianas asaltaron un campamento de comando y entrenamiento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano y capturaron ordenadores portátiles propiedad del segundo al mando de la organización terrorista, Raúl Reyes, quien fue ultimado durante el asalto militar. Las computadoras revelaron la masiva asistencia financiera, política, diplomática y militar provista a las FARC por Chávez durante muchos años. Por ejemplo, documentaban una oferta propuesta por Chávez de entregar 300 millones de dólares a las FARC y a otros grupos marxistas en América Latina, así como su colaboración con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también desempeña el papel de porrista a favor del bloque ALBA. En aquel momento, Correa y otros líderes izquierdistas denunciaron a Colombia por haber "violado la soberanía de Ecuador". La existencia de un campamento de terroristas transnacionales en ese territorio sólo puede haberse producido con aquiescencia gubernamental.
En ese entonces, la histeria de Chávez alcanzó niveles extremos. Calificó al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de "criminal" y a Colombia de "estado terrorista" tan agresivo como Israel. Por televisión, histriónicamente ordenó a sus generales "enviar 10 batallones de tanques" a la frontera, que cerró, lo cual supuso la paralización de todo el comercio. Esas medidas pronto tuvieron que ser revocadas para evitar que causaran más daño a la economía venezolana que a la colombiana.
En aquella crisis, los vientos de guerra anunciados por Chávez causaron pocos daños duraderos. ¿Este año resultará distinto?
La causa más reciente de la beligerancia de Chávez es el anuncio de que Colombia contará con la presencia de asesores estadounidenses en algunas bases de sus Fuerzas Armadas. Chávez y su coro izquierdista, que incluye a Argentina y Brasil, inmediatamente acusaron a Uribe de proveer "bases militares" para una agresión "realizada por el imperio contra nuestra región" (en las palabras del presidente boliviano, Evo Morales).
Estados Unidos ha declarado en repetidas ocasiones que no se está estableciendo base militar alguna en Colombia. Tampoco existen planes para hacerlo. Ni se están enviando fuerzas adicionales. De hecho, el número de asesores militares y civiles americanos en Colombia ha decrecido regularmente durante los últimos años: en la actualidad hay unos trescientos militares y otros tantos civiles. El número de asesores procedentes de Cuba y otros estados radicales en Venezuela se reporta muy superior.
La presencia estadounidense en suelo colombiano no es una amenaza a la paz regional, todo lo contrario. Asesores estadounidenses han ayudado a las fuerzas de seguridad colombianas a aplastar el narcotráfico y el terrorismo. Bajo Uribe, el número de guerrilleros marxistas se ha reducido a la mitad, de unos 18.000 a unos 9.000. Los paramilitares derechistas han perdido tantos hombres (más de 30.000 se han rendido), que ya no existen como fuerzas organizadas. Un informe oficial de Naciones Unidas reconoce que el programa antinarcóticos de Colombia ha reducido el cultivo y la producción de coca más de un 10 por ciento anual a lo largo de varios años.
¿Por qué, entonces, los gritos de guerra? Porque, una vez más, se han expuesto los vínculos de Chávez con los conductos por donde circulan armas y drogas ilegales.
El 3 de agosto, el Times de Nueva York reportó lo siguiente: "Oficiales venezolanos han continuado brindando asistencia a los comandantes del grupo rebelde más numeroso de Colombia, ayudándoles a preparar negocios de armas en Venezuela e incluso a obtener documentos de identidad que les permitan moverse con comodidad en suelo venezolano".
Un ejemplo reciente ilustra el descarado tráfico de armas venezolano. Cuando Colombia encontró lanzamisiles de elaboración sueca en manos de las FARC, el gobierno sueco pidió una explicación a Venezuela. En el acuerdo de venta original, Caracas prometió a Estocolmo que las armas no terminarían en manos terroristas. Pero allí estaban. Chávez ha rehusado emitir una respuesta oficial: sólo ha afirmado públicamente que las armas habían sido "robadas" de una base militar venezolana.
El gobierno de Chávez también está profundamente involucrado en el narcotráfico. En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense calificó a tres oficiales venezolanos de alto nivel como "importantes narcotraficantes extranjeros" bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Encausaron a Henry Rangel Silva, Ramón Rodríguez Chacín y Hugo Armando Carvajal bajo cargos de "asistir materialmente a las actividades de narcotráfico de las FARC".
Estos individuos desempeñan funciones equivalentes a las de los directores del FBI, la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el fiscal general y el secretario del Departamento de Seguridad Interna de EEUU. ¿Será que alguien cree de veras que estos hombres actúan sin el conocimiento y la protección de Chávez? No resulta sorprendente que en julio la Oficina General de Rendimiento de Cuentas de Estados Unidos, entidad no partidista, reportara:
Honduras ha sido el objetivo más reciente de la subversión de Chávez. Convenció a un seguidor crédulo de que conservara su cargo por vía del, hasta el momento exitoso, modus operandi de ALBA: cambiar las reglas del juego luego de llegar democráticamente al poder y anular el sistema legislativo y judicial de manera que ningún líder opositor pueda en adelante ascender democráticamente. Chávez ha guiado la ejecución de esta estrategia en Bolivia y Ecuador; y a Daniel Ortega, también miembro de ALBA, que intenta hacer lo mismo en Nicaragua.
Afortunadamente, las instituciones de la democracia hondureña –el sistema judicial y la legislatura– resultaron suficientemente fuertes. La Corte Suprema encontró que Zelaya había cometido delitos graves y ordenó al ejército removerlo de su cargo. El hecho de perder a Zelaya –el primer revés sufrido en su campaña por propagar el socialismo del siglo XXI en la región– ha llevado a Chávez prácticamente a la histeria. Ha prometido en repetidas ocasiones "derrocar" al nuevo presidente hondureño, Roberto Micheletti, quien fue designado para ocupar el cargo constitucionalmente, por votación abrumadora en el Congreso (todos los miembros del partido del propio Zelaya, salvo tres, votaron a favor de Micheletti). No se han visto soldados chavistas en Honduras, pero existen informaciones de que agentes de inteligencia venezolanos y cubanos están fomentando la violencia para dañar la imagen del gobierno, una táctica empleada comúnmente en América Latina.
En Colombia, Chávez emite la falsa alarma para camuflar su agresión oculta, su apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), condenadas internacionalmente como organización narcoterrorista. El descubrimiento del apoyo venezolano a los terroristas ha provocado a Chávez arrebatos públicos. En marzo del 2008 fuerzas especiales colombianas asaltaron un campamento de comando y entrenamiento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano y capturaron ordenadores portátiles propiedad del segundo al mando de la organización terrorista, Raúl Reyes, quien fue ultimado durante el asalto militar. Las computadoras revelaron la masiva asistencia financiera, política, diplomática y militar provista a las FARC por Chávez durante muchos años. Por ejemplo, documentaban una oferta propuesta por Chávez de entregar 300 millones de dólares a las FARC y a otros grupos marxistas en América Latina, así como su colaboración con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también desempeña el papel de porrista a favor del bloque ALBA. En aquel momento, Correa y otros líderes izquierdistas denunciaron a Colombia por haber "violado la soberanía de Ecuador". La existencia de un campamento de terroristas transnacionales en ese territorio sólo puede haberse producido con aquiescencia gubernamental.En ese entonces, la histeria de Chávez alcanzó niveles extremos. Calificó al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de "criminal" y a Colombia de "estado terrorista" tan agresivo como Israel. Por televisión, histriónicamente ordenó a sus generales "enviar 10 batallones de tanques" a la frontera, que cerró, lo cual supuso la paralización de todo el comercio. Esas medidas pronto tuvieron que ser revocadas para evitar que causaran más daño a la economía venezolana que a la colombiana.
En aquella crisis, los vientos de guerra anunciados por Chávez causaron pocos daños duraderos. ¿Este año resultará distinto?
La causa más reciente de la beligerancia de Chávez es el anuncio de que Colombia contará con la presencia de asesores estadounidenses en algunas bases de sus Fuerzas Armadas. Chávez y su coro izquierdista, que incluye a Argentina y Brasil, inmediatamente acusaron a Uribe de proveer "bases militares" para una agresión "realizada por el imperio contra nuestra región" (en las palabras del presidente boliviano, Evo Morales).
Estados Unidos ha declarado en repetidas ocasiones que no se está estableciendo base militar alguna en Colombia. Tampoco existen planes para hacerlo. Ni se están enviando fuerzas adicionales. De hecho, el número de asesores militares y civiles americanos en Colombia ha decrecido regularmente durante los últimos años: en la actualidad hay unos trescientos militares y otros tantos civiles. El número de asesores procedentes de Cuba y otros estados radicales en Venezuela se reporta muy superior.
La presencia estadounidense en suelo colombiano no es una amenaza a la paz regional, todo lo contrario. Asesores estadounidenses han ayudado a las fuerzas de seguridad colombianas a aplastar el narcotráfico y el terrorismo. Bajo Uribe, el número de guerrilleros marxistas se ha reducido a la mitad, de unos 18.000 a unos 9.000. Los paramilitares derechistas han perdido tantos hombres (más de 30.000 se han rendido), que ya no existen como fuerzas organizadas. Un informe oficial de Naciones Unidas reconoce que el programa antinarcóticos de Colombia ha reducido el cultivo y la producción de coca más de un 10 por ciento anual a lo largo de varios años.
¿Por qué, entonces, los gritos de guerra? Porque, una vez más, se han expuesto los vínculos de Chávez con los conductos por donde circulan armas y drogas ilegales.El 3 de agosto, el Times de Nueva York reportó lo siguiente: "Oficiales venezolanos han continuado brindando asistencia a los comandantes del grupo rebelde más numeroso de Colombia, ayudándoles a preparar negocios de armas en Venezuela e incluso a obtener documentos de identidad que les permitan moverse con comodidad en suelo venezolano".
Un ejemplo reciente ilustra el descarado tráfico de armas venezolano. Cuando Colombia encontró lanzamisiles de elaboración sueca en manos de las FARC, el gobierno sueco pidió una explicación a Venezuela. En el acuerdo de venta original, Caracas prometió a Estocolmo que las armas no terminarían en manos terroristas. Pero allí estaban. Chávez ha rehusado emitir una respuesta oficial: sólo ha afirmado públicamente que las armas habían sido "robadas" de una base militar venezolana.
El gobierno de Chávez también está profundamente involucrado en el narcotráfico. En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense calificó a tres oficiales venezolanos de alto nivel como "importantes narcotraficantes extranjeros" bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Encausaron a Henry Rangel Silva, Ramón Rodríguez Chacín y Hugo Armando Carvajal bajo cargos de "asistir materialmente a las actividades de narcotráfico de las FARC".
Estos individuos desempeñan funciones equivalentes a las de los directores del FBI, la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el fiscal general y el secretario del Departamento de Seguridad Interna de EEUU. ¿Será que alguien cree de veras que estos hombres actúan sin el conocimiento y la protección de Chávez? No resulta sorprendente que en julio la Oficina General de Rendimiento de Cuentas de Estados Unidos, entidad no partidista, reportara:
Venezuela ha arrojado un salvavidas a grupos armados ilegales colombianos, al proveerles apoyo y un refugio seguro en la zona fronteriza. Como resultado, estos grupos, que trafican con drogas ilícitas, siguen siendo amenazas creíbles a la seguridad de Colombia.
Pero Colombia está lejos de ser el objetivo único. Estados Unidos es el mercado principal para la industria colombiana de drogas ilícitas, cuya producción controlan en un 60 por ciento los aliados de Chávez en las FARC. Queda claro que ya está en curso una guerra no declarada entre el gobierno de Hugo Chávez, por un lado, y Estados Unidos y Colombia, por el otro.
Al enfrentarse a estas evidencias y otras aun más comprometedoras (algunas aún secretas) de la guerra encubierta de Chávez, ¿cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos? Primeramente, ha de calificar a Chávez como lo que es: un cómplice del narcotráfico y el terrorismo. En segundo lugar, ha de considerar oficialmente a Venezuela como estado patrocinador del terrorismo. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha debatido esta medida desde 2003. Algunos oficiales estadounidenses, bien intencionados pero equivocados, sienten que la mera diplomacia convencerá a Chávez para que cambie su manera de ser. No lo ha hecho y no lo hará. Asimismo, EEUU debe poner fin a su dependencia autodestructiva del petróleo venezolano, que financia la agresión antidemocrática y antiamericana de Chávez. Los Estados Unidos pueden encontrar nuevas fuentes para sustituir el 8 por ciento de sus importaciones provenientes de Venezuela mucho mas rápido que podría Venezuela encontrar un mercado alternativo para el 72 por ciento de sus exportaciones que ahora tienen EEUU por destino.
Quizá digan algunos que esta última propuesta es "desproporcionada" u "hostil". Deben intentar decirle lo mismo a la madre de un joven americano muerto de una sobredosis, a la esposa de un policía americano asesinado por narcotraficantes o al hijo huérfano de un soldado colombiano ultimado con armas abastecidas por Hugo Chávez. Al contrario: una reacción así, de índole económica, no militar, por parte de Estados Unidos, cuyas alianzas y seguridad se encuentran sometidas a asedio por Chávez, está plenamente justificada.
OTTO REICH ha tenido responsabilidades importantes en la Casa Blanca y el Departamento de Estado con tres presidentes. Este artículo ha sido publicado originariamente en la revista Foreign Policy.
Al enfrentarse a estas evidencias y otras aun más comprometedoras (algunas aún secretas) de la guerra encubierta de Chávez, ¿cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos? Primeramente, ha de calificar a Chávez como lo que es: un cómplice del narcotráfico y el terrorismo. En segundo lugar, ha de considerar oficialmente a Venezuela como estado patrocinador del terrorismo. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha debatido esta medida desde 2003. Algunos oficiales estadounidenses, bien intencionados pero equivocados, sienten que la mera diplomacia convencerá a Chávez para que cambie su manera de ser. No lo ha hecho y no lo hará. Asimismo, EEUU debe poner fin a su dependencia autodestructiva del petróleo venezolano, que financia la agresión antidemocrática y antiamericana de Chávez. Los Estados Unidos pueden encontrar nuevas fuentes para sustituir el 8 por ciento de sus importaciones provenientes de Venezuela mucho mas rápido que podría Venezuela encontrar un mercado alternativo para el 72 por ciento de sus exportaciones que ahora tienen EEUU por destino.
Quizá digan algunos que esta última propuesta es "desproporcionada" u "hostil". Deben intentar decirle lo mismo a la madre de un joven americano muerto de una sobredosis, a la esposa de un policía americano asesinado por narcotraficantes o al hijo huérfano de un soldado colombiano ultimado con armas abastecidas por Hugo Chávez. Al contrario: una reacción así, de índole económica, no militar, por parte de Estados Unidos, cuyas alianzas y seguridad se encuentran sometidas a asedio por Chávez, está plenamente justificada.
OTTO REICH ha tenido responsabilidades importantes en la Casa Blanca y el Departamento de Estado con tres presidentes. Este artículo ha sido publicado originariamente en la revista Foreign Policy.