Las perdió de todos modos, como es archiconocido, debido al escándalo de corrupción que protagonizaba, y del que salió milagrosamente airoso tras un juicio federal. Ahora Fortuño cree tener el remedio para el déficit fiscal. Pero el purgante que receta es tan severo que amenaza con aniquilar la paz social en Puerto Rico.
La isla arrastra desde tiempos inmemoriales el viejo lastre del clientelismo estatal. Los gobernantes de turno, tanto en la Fortaleza, la casa de gobierno puertorriqueña, como en las alcaldías, tradicionalmente se han asegurado votos dispensando puestos de trabajo, sinecuras y otros favores que le han costado un ojo de la cara a la mayoría de los puertorriqueños. Dice mucho de la integridad con que ha arrancado Fortuño el que se haya propuesto seriamente frenar este despilfarro crónico. Y es que ningún gobierno puede aspirar a la solvencia económica si practica el gigantismo burocrático. Prácticamente la mitad de la fuerza laboral puertorriqueña depende del gobierno, ya sea del estatal, del federal o de los municipales.
Por desgracia, Fortuño ha perseguido sus nobles objetivos con un celo desmesurado, que sus críticos de la oposición atribuyen a su juventud y su arrogancia. En efecto, como si predicara desde un olimpo tecnocrático, el gobernador anunció planes para recortar el déficit en 2.000 millones que comprendían el despido de 30.000 empleados estatales. El degüello comenzaría con bajas voluntarias, pues se facilitarían las jubilaciones prematuras. Previsiblemente, menos de dos mil se hicieron este haraquiri salarial. Y el gobernador se vio obligado a sacar el hacha y cortar con ella más de 7.000 plazas.
Un amplio sector de trabajadores, estudiantes y políticos de la oposición se tomaron algunas calles de San Juan para manifestarle a Fortuño su inconformidad con los recortes. La tensión se palpa en esas calles aun cuando no hay protestas organizadas. Incluso personas afiliadas al oficialista Partido Nuevo Progresista, que votaron por Fortuño, me han expresado reservas sobre sus decisiones radicales. Algunos apelan a argumentos ad hominem para explicar el comportamiento del joven gobernador. "Es un niño bien –me dicen– que no se ha tenido que mamar los años de arduo trabajo" de tantos puertorriqueños. Algo de cierto podría haber en este severo dictamen. Pero no es menos cierto que el déficit del estado es tan real como los atardeceres cinematográficos de esta isla hermosa. A Fortuño y sus asesores les ha tocado lidiar con la doble calamidad del negro hoyo presupuestario y los terribles efectos sociales de las medidas necesarias para repararlo.
La única solución posible al dilema que enfrenta el gobernador, y la isla entera, sería que se entablase un diálogo de altura entre las fuerzas vivas del país para buscar la fórmula de reducir el déficit sin condenar a la indigencia a miles de familias. Estremecido por la intensa rebeldía social, que debió haber previsto, Fortuño parece estar dando los primeros pasos en la dirección de un diálogo así. Ya aceptó escuchar propuestas sindicales que tienen como objetivo salvar plazas y amortiguar la caída de aquellos empleados que inevitablemente pierdan las suyas.
La virtual quiebra del gobierno afecta a todos los puertorriqueños. Todos tendrían ahora que poner de su parte para superar la crisis, unos adelantando la jubilación, otros mudándose al sector privado, muchos pagando un poco más por los servicios públicos y algunos, los que gobiernan por mandato popular, cerciorándose de que nadie sufra más de lo humanamente tolerable.
© AIPE
DANIEL MORCATE, periodista cubano.
La isla arrastra desde tiempos inmemoriales el viejo lastre del clientelismo estatal. Los gobernantes de turno, tanto en la Fortaleza, la casa de gobierno puertorriqueña, como en las alcaldías, tradicionalmente se han asegurado votos dispensando puestos de trabajo, sinecuras y otros favores que le han costado un ojo de la cara a la mayoría de los puertorriqueños. Dice mucho de la integridad con que ha arrancado Fortuño el que se haya propuesto seriamente frenar este despilfarro crónico. Y es que ningún gobierno puede aspirar a la solvencia económica si practica el gigantismo burocrático. Prácticamente la mitad de la fuerza laboral puertorriqueña depende del gobierno, ya sea del estatal, del federal o de los municipales.
Por desgracia, Fortuño ha perseguido sus nobles objetivos con un celo desmesurado, que sus críticos de la oposición atribuyen a su juventud y su arrogancia. En efecto, como si predicara desde un olimpo tecnocrático, el gobernador anunció planes para recortar el déficit en 2.000 millones que comprendían el despido de 30.000 empleados estatales. El degüello comenzaría con bajas voluntarias, pues se facilitarían las jubilaciones prematuras. Previsiblemente, menos de dos mil se hicieron este haraquiri salarial. Y el gobernador se vio obligado a sacar el hacha y cortar con ella más de 7.000 plazas.
Un amplio sector de trabajadores, estudiantes y políticos de la oposición se tomaron algunas calles de San Juan para manifestarle a Fortuño su inconformidad con los recortes. La tensión se palpa en esas calles aun cuando no hay protestas organizadas. Incluso personas afiliadas al oficialista Partido Nuevo Progresista, que votaron por Fortuño, me han expresado reservas sobre sus decisiones radicales. Algunos apelan a argumentos ad hominem para explicar el comportamiento del joven gobernador. "Es un niño bien –me dicen– que no se ha tenido que mamar los años de arduo trabajo" de tantos puertorriqueños. Algo de cierto podría haber en este severo dictamen. Pero no es menos cierto que el déficit del estado es tan real como los atardeceres cinematográficos de esta isla hermosa. A Fortuño y sus asesores les ha tocado lidiar con la doble calamidad del negro hoyo presupuestario y los terribles efectos sociales de las medidas necesarias para repararlo.La única solución posible al dilema que enfrenta el gobernador, y la isla entera, sería que se entablase un diálogo de altura entre las fuerzas vivas del país para buscar la fórmula de reducir el déficit sin condenar a la indigencia a miles de familias. Estremecido por la intensa rebeldía social, que debió haber previsto, Fortuño parece estar dando los primeros pasos en la dirección de un diálogo así. Ya aceptó escuchar propuestas sindicales que tienen como objetivo salvar plazas y amortiguar la caída de aquellos empleados que inevitablemente pierdan las suyas.
La virtual quiebra del gobierno afecta a todos los puertorriqueños. Todos tendrían ahora que poner de su parte para superar la crisis, unos adelantando la jubilación, otros mudándose al sector privado, muchos pagando un poco más por los servicios públicos y algunos, los que gobiernan por mandato popular, cerciorándose de que nadie sufra más de lo humanamente tolerable.
© AIPE
DANIEL MORCATE, periodista cubano.