Sin embargo, el Gobierno autoritario de Hugo Chávez ha criminalizado la protesta civil y la manifestación pública de la disidencia a grado extremo. Y cada vez con mayor violencia utiliza sus fuerzas milicianas contra ciudadanos desarmados.
La segregación política que el Gobierno aplica a los venezolanos se observa en su plenitud y se hace especialmente evidente cuando éstos quieren hacer presencia activa en las calles. Es en ese momento cuando se aprecia que para Chávez existen dos tipos de ciudadanos: quienes están con su Gobierno y quienes disienten de él y creen en la democracia y la libertad.
Un trato es el que se les da a los afectos del Gobierno, quienes cuentan con el apoyo y la protección de los organismos de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas que realizan, previa convocatoria del Gobierno; y otro, el que se les otorga a los ciudadanos que defienden derechos democráticos o libertades de cualquier tipo. Éstos, luego de pasar las penurias de solicitar permisos casi siempre negados o dados con restricción de espacio, pueden contar como seguro con la agresión ante el mínimo intento de reclamar cualquier derecho vulnerado o al exponer cualquier reivindicación.
Además, en esta década el Gobierno ha ideado diferentes instrumentos legales de coerción de la manifestación pública. Así, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, promulgada el 18 de diciembre de 2002, limita a discreción las acciones en los espacios declarados bajo régimen especial y permite al Ejecutivo, también arbitrariamente, ordenar la actuación de la Fuerza Armada Nacional y penas de prisión de cinco a diez años para los supuestos infractores. Una de las primeras víctimas de esta ley fue el general retirado Carlos Alfonso Martínez, luego de dar un discurso en la Plaza Páez del Paraíso, en las cercanías de la sede de la Guardia Nacional, una supuesta zona de seguridad.
Otra de estas leyes opresoras es el Código Penal, cuya reforma del 6 de enero de 2005 incluye la penalización, con uno o dos meses de cárcel, más una multa de hasta 10 unidades tributarias, por "perturbar la paz" o participar en reuniones políticas con gritos, campanas u otros instrumentos sonoros (léase cacerolas).
Los instrumentos legales y las tácticas opresivas para cercenar el derecho constitucional de manifestar se han venido perfeccionando y masificando desde la masacre del 11 de abril, donde murieron 19 venezolanos que manifestaban cívicamente. Así se evidencia en la bestialidad policial exhibida este 1° de Mayo en las tradicionales marchas del Día del Trabajador que se llevaron a cabo en todo el país, y muy especialmente en la de Caracas.
Ahora bien, ningún Gobierno o dictador ha podido evitar que los pueblos digan "basta" a la opresión. Y los venezolanos no se rendirán ante la actual barbarie. La protesta cívica, organizada, realizada con ingenio y de forma pacífica, es la principal y única arma que tienen para evitar que les sigan aboliendo derechos democráticos.
© AIPE
ROBERT BOTTOME y NORKA PARRA, director y analista, respectivamente, de Veneconomía.
La segregación política que el Gobierno aplica a los venezolanos se observa en su plenitud y se hace especialmente evidente cuando éstos quieren hacer presencia activa en las calles. Es en ese momento cuando se aprecia que para Chávez existen dos tipos de ciudadanos: quienes están con su Gobierno y quienes disienten de él y creen en la democracia y la libertad.
Un trato es el que se les da a los afectos del Gobierno, quienes cuentan con el apoyo y la protección de los organismos de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas que realizan, previa convocatoria del Gobierno; y otro, el que se les otorga a los ciudadanos que defienden derechos democráticos o libertades de cualquier tipo. Éstos, luego de pasar las penurias de solicitar permisos casi siempre negados o dados con restricción de espacio, pueden contar como seguro con la agresión ante el mínimo intento de reclamar cualquier derecho vulnerado o al exponer cualquier reivindicación.
Además, en esta década el Gobierno ha ideado diferentes instrumentos legales de coerción de la manifestación pública. Así, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, promulgada el 18 de diciembre de 2002, limita a discreción las acciones en los espacios declarados bajo régimen especial y permite al Ejecutivo, también arbitrariamente, ordenar la actuación de la Fuerza Armada Nacional y penas de prisión de cinco a diez años para los supuestos infractores. Una de las primeras víctimas de esta ley fue el general retirado Carlos Alfonso Martínez, luego de dar un discurso en la Plaza Páez del Paraíso, en las cercanías de la sede de la Guardia Nacional, una supuesta zona de seguridad.Otra de estas leyes opresoras es el Código Penal, cuya reforma del 6 de enero de 2005 incluye la penalización, con uno o dos meses de cárcel, más una multa de hasta 10 unidades tributarias, por "perturbar la paz" o participar en reuniones políticas con gritos, campanas u otros instrumentos sonoros (léase cacerolas).
Los instrumentos legales y las tácticas opresivas para cercenar el derecho constitucional de manifestar se han venido perfeccionando y masificando desde la masacre del 11 de abril, donde murieron 19 venezolanos que manifestaban cívicamente. Así se evidencia en la bestialidad policial exhibida este 1° de Mayo en las tradicionales marchas del Día del Trabajador que se llevaron a cabo en todo el país, y muy especialmente en la de Caracas.
Ahora bien, ningún Gobierno o dictador ha podido evitar que los pueblos digan "basta" a la opresión. Y los venezolanos no se rendirán ante la actual barbarie. La protesta cívica, organizada, realizada con ingenio y de forma pacífica, es la principal y única arma que tienen para evitar que les sigan aboliendo derechos democráticos.
© AIPE
ROBERT BOTTOME y NORKA PARRA, director y analista, respectivamente, de Veneconomía.