Ese proyecto de Constitución era el resultado de una suma de buenas intenciones y oscuras maquinaciones. El encargo hecho a la Convención reunida en Versalles, bajo la batuta de Giscard d'Estaing, era modesto: se trataba de simplificar los tratados de la Unión para que los ciudadanos corrientes pudieran comprenderlos; había que reformar las instituciones para que pudieran funcionar eficazmente con veinticinco o más miembros. En una palabra, había que conseguir colmar el "déficit democrático" que denunciaban los críticos de la burocracia europea.
Pero Giscard y otros fanáticos de los Estados Unidos de Europa maniobraron para hacer pasar de matute una agenda política disimulada. Lo que salió de Versalles iba mucho más allá del encargo. Para empezar, el nombre de "convención" que le dio el señor de los diamantes de Bokassa era un eco consciente de la Asamblea revolucionaria de la sangrienta República jacobina. Se incluyó en el proyecto una Carta de Derechos redundante (pues ya regía desde Helsinki la del Consejo de Europa) y se legisló sobre el himno, la bandera, el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, el cuerpo diplomático… En vez de eso, habría bastado con poner en práctica lo mucho del Tratado de Roma de 1957 que aún quedaba sin aplicar. Giscard creyó que sus súbditos europeos aceptarían por aclamación una carta otorgada como las de su ídolo y modelo, Napoleón Bonaparte, ese violento unificador de una Europa a la francesa. Con la derrota en los referendos de Francia y Holanda quedó de manifiesto el error de haberse puesto a la cabeza de la manifestación sin estar seguros de que el pueblo iría detrás.
Soy el primero en admitir que la institución del referéndum es defectuosa, como todos los demás métodos para convertir las opiniones y deseos de los individuos en decisiones colectivas. En la historia de la humanidad abundan los ejemplos de referendos transformados en plebiscitos por algún líder populista: bien recientes son los ejemplos de esa corrupción del ideal de la consulta popular en Cuba y Venezuela. Ni el pueblo ni nadie ha de gozar de una soberanía indivisa y definitiva.
El referéndum es una de las formas de acordar una decisión común, y sólo funciona como baluarte de las libertades en el seno de una tradición constitucional muy sólida. En Suiza, Liechtenstein o EEUU las consultas populares directas se combinan con abundantes dosis de representación indirecta y con una judicatura independiente del voto popular. Son un elemento más de los "frenos y contrapesos" típicos de una verdadera democracia. Nadie pretende que las naciones se gobiernen a golpe de votaciones directas; sobre todo, nadie lo pretende cuando una minoría opresora quiere hacer de cada consulta una revolución. Alemania tiene prohibidos los referendos por cómo los utilizó Hitler. Así, la retórica "democrática" de quienes reclaman la autodeterminación para el pueblo vasco no significa más que la continuación del terrorismo por otros métodos.
Sin embargo, Europa padece de un déficit democrático. Las instituciones de Bruselas, Estrasburgo y Fráncfort (¿sabía el lector que los plenos del Parlamento se reúnen en Estrasburgo?) son infinitamente remotas para los ciudadanos. Los mandatarios no representan a un "pueblo europeo" mandante, con sentimientos políticos comunes. La continua legislación y gobernación que fluye desde arriba necesita, para que no provoque oscuras resistencias, algún poderoso freno y contrapeso, ejercido por las comunidades políticas nacionales, que sí existen realmente. Una legislación europea reducida a un mínimo común denominador, que permitiera la competencia institucional entre unoa Estados miembro más o menos liberalizadores, sería un modo organizarnos mucho más realista y eficaz.
Creo que esa manera de construir una Europa más armónica y mejor insertada en el mundo atlántico sería mucho más acorde con el espíritu de los fundadores de la Comunidad Europea, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi: definir un área común mínima y dejar que los intercambios humanos y económicos vayan creando un sentimiento de común pertenencia. La evolución posterior de la Unión Europea, y más concretamente el programa de reforma de los tratados acordado en Bruselas bajo la inspiración de Angela Merkel, no son fieles a ese espíritu. Lo interpretan como un modo de hacer pasar reformas fundamentales por la puerta de atrás, a ser posible sin consultar demasiado a los ciudadanos. Recuerden que el Gobierno de España nos dijo en la publicidad de la proyectada Constitución que no hacía falta leer el texto para votar "sí". Ahora están buscando desesperadamente el modo de cambiar los tratados constitutivos sin consultas populares, no vaya a ser que los votantes tengan una idea distinta de los gobernantes.
He leído atentamente el "proyecto de mandato" para la Conferencia Intergubernamental a la que se va a encargar la redacción de un tratado de reforma con el cual imponer una nueva Constitución europea sin decir que es una nueva Constitución europea. El mandato es de todo punto incomprensible, lleno de remisiones a recónditos artículos de los distintos tratados, expresado en un lenguaje tecnicista voluntariamente oscuro. Eugenio d'Ors solía preguntar a la secretaria a la que dictaba sus artículos: "¿Se comprende?". Si ella contestaba con entusiasmo que sí, añadía don Eugenio: "¡Obscurezcámoslo!".
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