Los partidarios del no son unos ignorantes que no se molestaron en leer el texto sobre el que debían votar, y que no saben lo que es bueno para su país y para Europa, dijeron. Que cuatro millones de irlandeses cierren el camino a la voluntad de 456 millones de europeos no es acorde con el principio democrático de la decisión por mayoría. La razón por la que habrá que pasar por alto ese rechazo es que el tratado corregiría en gran parte el déficit democrático de la UE. Por todo esto, será necesario repetir el referendo irlandés, como ya se hizo con en 1992, cuando también salió el no, hasta que esos empecinados acaben diciendo que sí. En todo caso, deben buscarse modos de aplicar lo esencial del tratado, porque si no una Europa de 27 miembros resultará ingobernable. El ideal europeo y la modernización de la UE exigen superar el tropiezo irlandés como sea....
Ninguna de estas críticas tiene sustancia. Tanto el primer ministro de Irlanda, Brian Cowen, como el comisario irlandés en Bruselas, Charlie McCreevy, confesaron que no se habían leído el texto guisado en Lisboa. No es extraño que se les cayera de las manos, ya que sus 61 artículos están llenos de remisiones oscuras como ésta: "En el párrafo 3 del artículo 25 se suprimen la palabras siguientes: sin prejuicio de lo dispuesto en el art. 47". Para un ciudadano corriente es imposible de entender: si no me creen, intenten leerlo en internet.
La pregunta de un referendo tiene que ser clara y sencilla, tanto en su formulación como en su contenido indirecto. En realidad, lo sometido a la ratificación de los diversos Parlamentos y del electorado irlandés busca dar un cheque en blanco a los funcionarios y políticos de Bruselas.
La falta de democracia en la UE es evidente, y el Tratado de Lisboa no corregiría tal situación. La realidad es que Europa (aún y por mucho tiempo) está constituida por naciones. Incluso muchos de los que se proclaman europeístas en realidad pretenden la disolución de viejos Estados-nación, como ocurre con los nacionalistas escoceses, catalanes y vascos: no lo hacen tanto por amor a Europa como por odio a un Estado histórico que consideran opresor. Las consultas electorales europeas a menudo no son sino una farsa, sobre todo en países como España, en los que los ciudadanos deciden sobre listas únicas decididas en las covachuelas de los partidos locales.
El público de cada uno de los países miembro se desinteresa de lo que ocurre en las instancias europeas, como es fácil de colegir si uno atiende a la prensa, la televisión y la radio. La idea de que la manera de interesar a los votantes de cada nación pasa por amontonar poderes cada vez mayores en el Parlamento europeo ha resultado vana: son poderes entregados a una Cámara que decide cuestiones de creciente importancia para nosotros todos... pero en un lugar distinto y distante. El Tratado de Lisboa intentaba corregir la falta de consulta de las voluntades nacionales permitiendo que los Parlamentos de los países miembro hicieran consideraciones sobre los proyectos de ley europeos, mas sin capacidad decisoria alguna. Es una deformación torticera de la realidad política de Europa decir que sólo el pequeñísimo electorado irlandés se ha mostrado contrario en su mayoría al Tratado de Lisboa. En realidad, este texto no es sino un refrito del proyecto de Constitución europea que rechazaron hace un tiempo holandeses y franceses. Si otros Gobiernos se hubieran atrevido a consultar directamente a sus respectivos ciudadanos, los resultados negativos se habrían repetido en más países: en el Reino Unido, sin duda; en Suecia y Dinamarca, casi seguro; en el Este de Europa, también; y lo mismo en Holanda si se hubiera preguntado otra vez al electorado.
No es cierto que la UE se haya mostrado ingobernable al pasar de 15 a 27 miembros. Un estudio del Centre for European Policy Studies de febrero de 2008 hace ver que la entrada de 12 nuevos socios no ha supuesto la imposibilidad de administrar la Unión que se había predicho. Al comparar la Comisión actual con la anterior, el estudio muestra que el número de reglamentos y directivas (lo que dentro de un Estado se llamarían leyes y leyes de base) se ha mantenido estable; y el número de disposiciones no obligatorias (como papeles verdes y comunicaciones) ha aumentado en casi un 20%. La conclusión de ese estudio es que la Comisión Samper produjo menos disposiciones nuevas, pero a grandes líneas puede decirse que la Comisión Barroso ha sido menos controvertida hacia fuera y ha gestionado más eficientemente hacia adentro. Bruselas no necesitaba la reforma administrativa de Lisboa para funcionar aceptablemente.
El rechazo irlandés ha de respetarse absolutamente, porque otra cosa equivaldría a una burla de esa democracia que las elites europeas dicen querer reforzar. Soy poco sospechoso de partidismo en este punto, pues no estoy de acuerdo con la mayoría de las razones dadas por los partidarios de no en Irlanda: al contrario que todos esos nacionalistas estrechos, no temo la mundialización, creo que la Política Agraria Común es nefasta y considero que el Estado de Bienestar europeo camina hacia su inevitable implosión, con o sin Tratado de Lisboa. Sin embargo, esas malas políticas de los partidarios de no son menos rechazables que la falta de realismo de los eurofanáticos, que creen que existe un demos europeo representado por ellos y que, en su soberbia, tratan de imponernos lo que consideran más conviente para nosotros sin tener en cuenta nuestra opinión.
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