En octubre de 1996, hace exactamente nueve años, en la VI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica celebrada en Viña del Mar (Chile), se aprobó la declaración 'Gobernabilidad para una Democracia Eficiente y Participativa'. Al pie de la misma luce desafiante, desde la hipocresía y la impunidad, la firma del Comandante Castro como vértice del Gobierno de su país. En el correr de estos años, en Cuba no sólo no se ha hecho honor al compromiso asumido, sino que, por el contrario, se han reformado las leyes y la Constitución en un sentido radicalmente contrario a lo comprometido.
Es por el mundo conocido, gracias a que el cerco informativo sobre la realidad de ese país ha ido cediendo, que existe una represión feroz contra los opositores y disidentes. El propio Gobierno ha tenido que ceder a presiones exteriores concediendo "libertades extrapenales" a notorios antiguos colaboradores del régimen que un día concluyeron que todo era una falacia y que su complicidad convencida no conducía a otra cosa que a la degradación de una sociedad a la que se ha procurado mutilar la iniciativa para el ejercicio de su libertad. Y esta concesión no ha sido otra cosa que una confirmación de su arbitraria política de persecución y acoso; para citar algún caso: Raúl Rivero, ex jerarca de la agencia oficial Prensa Latina, condenado a 25 años de prisión en 2003 por ejercer periodismo libre, y Martha Beatriz Roque, ex catedrática universitaria de Economía, condenada a decenas de años de prisión, también en 2003, por organizar, realizar y publicitar estudios económicos sobre la verdadera realidad cubana.
No resiste el análisis el que, ocultándose en la nocturnidad que le permitió la atención mundial los días en que Estados Unidos invadía Irak, Castro y su Gobierno hayan encarcelado a casi 100 opositores, hayan ajusticiado a tres mulatos por intentar huir del país y, en las encarcelaciones, se hayan ensañado con la casi totalidad de los promotores del Proyecto Varela, el hermoso capricho de Oswaldo Payá, una iniciativa de reforma legal que pide espacios de libertad para participar en la información, en la política, en la vida social. Esa saña condujo juicios sumarios que no tomaron más tiempo que 72 horas para imponer penas "ejemplarizantes", como proclamara el inefable canciller de la dictadura.
Naturalmente que es mucho lo que podemos poner como ejemplo en una lista negra que debe avergonzar al Continente, que con silencio y complacencia lo ha prohijado. Pero por ello también es obligación ética de Latinoamérica y de Iberoamérica jugar fuerte, con sutileza a veces, pero con carácter y decisión, pavimentando la ruta de la reconciliación cubana y ayudándoles a construir la libertad tan esperada.Muchos son los que la piden, muchos son los que arriesgan su familia, su trabajo, su salud, hasta su vida; ¿son dementes transgresores de un orden natural que ha enajenado una porción de nuestra tierra americana sobre la que por los siglos existirá un régimen materialista, autoritario y violador de los derechos humanos, o son mujeres y hombres como nosotros, con deberes que quieren ejercer, con derechos también, que aprecian la libertad (muchos de los cuales no la conocen), que esperan de nosotros, de nuestros gobernantes, que se haga hoy por ellos lo mismo que se hizo por nuestras libertades y nuestros derechos humanos cuando la triste época de las dictaduras?
Por ello, la XV Cumbre de Salamanca tiene una sagrada obligación con la cultura democrática que honra a Iberoamérica: exigir a Cuba cumplir con lo que ha firmado en la declaración de Viña del Mar:
"Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y, en especial, los principios de soberanía, de no intervención y de igualdad jurídica de los Estados, así como el derecho de cada pueblo a construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones".
La Cumbre, que ha institucionalizado la Secretaría General Iberoamericana –que será conducida por el exitoso Enrique Iglesias, quien entre sus múltiples credenciales cuenta la de haber dirigido la política exterior de la naciente democracia uruguaya luego de la dictadura desde 1985–, tendrá desde ahora un mecanismo permanente, dentro de cuyas prioridades deberá estar el seguimiento de la Declaración de Viña del Mar, de todas las aprobadas hasta ahora sin duda la de más amplio alcance y referida a principios irrenunciables para la dignidad de nuestros pueblos: el respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos.