La gran corrupción en las privatizaciones de los años 90 les hizo olvidar la pobreza y opresión de medio siglo que trajo el social estatismo y sus teorías de la dependencia, así como el déficit, la crisis de la deuda y la década perdida. No se dan cuenta de que para salir del atraso hay que profundizar las reformas y corregir los errores cometidos.
Paraguay es un caso extremo. No privatizó ni hizo reforma alguna de importancia en su economía. Cuando le llegó la democracia, en 1989, ya era muy tarde. Pasó la década de los 90 enredado en reformas políticas. El país ganó libertad política pero perdió libertad económica y se empobreció. Pese a todo, entre los estatistas de derecha e izquierda se nota una fuerte aversión hacia la liberalización económica. Los políticos temen siquiera pronunciar la palabra "privatización" si no es para denunciar al neoliberalismo.
La causa está en las privatizaciones de los años 90. Muchas fueron un éxito: aumentaron la competencia, bajaron los precios y elevaron la eficiencia de las empresas. Pero otras fracasaron, pasando de monopolios estatales a monopolios privados. Los gobiernos, para conseguir mayores ingresos y aliviar el enorme déficit fiscal en que estaban hundidos, vendieron no sólo las empresas, también el monopolio: el derecho de explotar los mercados sin competencia por varios años.
Pero lo que más perjudicó las reformas fue la gran corrupción que se desató en el proceso. La corrupción, sin embargo, es casi inevitable en países con economías mercantilistas, que se caracterizan por los privilegios que el Gobierno otorga a grupos empresariales, políticos, sindicales y sociales a expensas de la población. Los gobernantes mercantilistas, como en la época de Luis XIV, creen que exportar es mejor que importar y que el proteccionismo promueve el desarrollo. No es lo mismo privatizar bajo un régimen mercantilista que bajo una economía de mercado.Por eso, el error más importante en las privatizaciones fue considerar a los países latinoamericanos como "economías de mercado" que podían reformarse igual que lo hicieron Inglaterra con Thatcher y EEUU con Reagan en los años 1980, y posteriormente los otros países desarrollados, que privatizaron miles de empresas estatales sin mayor corrupción. La confusión del mercantilismo con la economía de mercado sería risible si no fuera trágica, pues en la misma radica el fracaso de las reformas y la persistencia de la pobreza en el hemisferio.
La economía de mercado y el mercantilismo son sistemas fundamentalmente distintos que deben liberalizarse de modos también distintos. La desregulación y la privatización fracasan bajo el mercantilismo porque el sistema carece de un marco legal que proteja los derechos de propiedad. No puede haber libre competencia cuando prevalecen las empresas estatales y de los amigos del Gobierno, ni cuando las reglamentaciones impiden a los más pobres hacer negocios.
En el mercantilismo la elite económica compite no por ganar consumidores con mejores productos y precios más bajos, sino para obtener favores especiales del Gobierno y avanzar sus intereses particulares corrompiendo a jueces, políticos y funcionarios como si fuera algo normal. Muchas grandes fortunas latinoamericanas se han forjado con privilegios, subsidios, la coima y el contubernio con el poder político. No habrá en el país una verdadera economía de mercado en tanto no se eliminen los monopolios, la coima y el amiguismo.
La liberalización no es sólo una alternativa más para impulsar el desarrollo y acabar con la pobreza, sino la única solución posible. Para que los empresarios abandonen la tutela estatal y comiencen a competir, innovar y producir como verdaderos empresarios, optimizando el uso de los recursos y elevando la productividad y los ingresos de la gente, es necesario reemplazar el mercantilismo actual por una economía de mercado sustentada en el Estado de Derecho, una justicia honesta y capaz, derechos de propiedad sólidos, libre comercio y transparencia.
© AIPE