La cosa ha sido así: los ahorristas que habían escogido libremente tener sus planes de pensiones en bancos privados han visto cómo, sin que se les tuviera en cuenta, sus fondos pasaban a manos del Estado para integrarse en el sistema general de jubilaciones, que desde ahora excluye la opción privada. El monto trasladado desde la banca es de 100.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de euros), y el flujo anual de aportaciones es de 15.000 millones de pesos (alrededor de 3.800 millones de euros). Un buen mordisco para el Gobierno, que ya tiene distribuido el dinero en cuestiones que nada tienen que ver con las pensiones ni con el ahorro.
La expropiación ha sido doble: a los clientes y a la banca, que ve reducidos sus ingresos de capital, lo cual la hace más débil ante la retirada de fondos de quienes tienen depósitos a plazo fijo (2.600 millones de pesos en los últimos días) y más sensible a la situación mundial.
Pero resulta que el oficialismo ha dado otra vuelta de tuerca en el texto del proyecto de ley de estatalización, que ya ha pasado la Cámara de Diputados y que seguramente pasará sin problemas el Senado: los ahorros pasan a ser aportes al sistema jubilatorio y, por lo tanto, quedan excluidos de la deducción fiscal. Con lo cual, por decisión ajena y sin derecho a opinar, los ahorristas pierden su condición al mismo tiempo que pierden 1.200 pesos al año (300 euros), como media per cápita, de desgravación sobre la base imponible. Con lo cual la expropiación es triple.
Nada de esto debiera sorprendernos si tenemos en cuenta que Argentina es hoy un país caracterizado por la falta de crédito y por el cuestionamiento constante del derecho de propiedad. Aquí no hay crisis hipotecaria porque no hay préstamos hipotecarios. Lo cual no impide que constantemente se compren y se vendan casas, al contado y en dólares. Estando en Buenos Aires, no puedo dejar de recordar casi a diario la memorable frase de Margaret Thatcher en los Comunes: "La economía sumergida es en sí misma una prueba del espíritu de empresa del pueblo británico".El Gobierno no pregunta de dónde sale ese dinero: se limita a ejercer su voracidad fiscal, ya legendaria. Poseer un piso de cincuenta metros cuadrados en los alrededores del centro de Buenos Aires supone cerca de mil euros al año, por la cara, si se suman el impuesto a la propiedad (unos trescientos), las expensas de cada edificio, condicionadas por el poderosísimo sindicato de porteros (unos seiscientos), y los impuestos municipales (otros cien). Y si no se pagan, la propiedad es embargada más pronto que tarde. Lo que significa que uno no posee nada, puesto que la propiedad como tal depende de un Estado y unos sindicatos mafiosos que venden protección como Vito Corleone, aunque con menos piedad: las garantías jurídicas son recuerdos de un lejano pasado. Si el piso es heredado, el beneficiario acaba pagando al Estado, por el permiso para recibir el bien que legítimamente le corresponde, alrededor de un veinticinco por ciento de su valor, lo que equivale a comprarlo de nuevo, un poco más barato.
Por favor, querido lector, no me pregunte usted por qué en esta ciudad culta, con 2.100 librerías y 160 salas de teatro vivas, en esta ciudad de quince millones de personas inteligentes, la gente se deja hacer esto. Y vota lo que vota. Y no genera alternativas (porque el liberalismo realmente existente nada tiene que ver con el liberalismo). Y sigue diciendo que la culpa de todo la tiene el imperialismo yanqui. O el español, confundiendo España con los negocios de Felipe González y su sociedad limitada. No tengo respuesta para eso. Veo cómo el Estado avanza en todos los órdenes, cómo invade el sueño de los ciudadanos, tolera y hasta fomenta la corrupción y expropia a mansalva; y veo también que la pasividad es la norma, con muy contadas excepciones, aunque numerosas manifestaciones, no pocas de ellas oficialistas, den la impresión opuesta.