El paralelo entre la trayectoria en el poder del boliviano y la del venezolano se torna cada vez más notorio, y si Morales ha avanzado ligeramente menos que Chávez en el camino a la autocracia es porque empezó unos años más tarde. Sin embargo, recorre exactamente el mismo camino. Así, quien pudo servir de puente para zanjar las profundas divisiones étnicas, geográficas, socioeconómica de su país se ha dedicado a exacerbarlas y llevarlas al extremo.
La violación de principios y de instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia se inició en el momento mismo en que Morales hizo sesionar a la Asamblea Constituyente en un cuartel militar, al que se impidió el acceso a los constituyentes que no concordaban con la línea ideológica fijada de antemano por el gobierno. Las violaciones han proseguido de manera sistemática.
La noche misma del 6 de diciembre de 2009, en que festejó su reelección, Morales anunció que se postularía nuevamente como candidato presidencial en 2015, a pesar de que la nueva Constitución, aprobada a su arbitrio, prohíbe que se elija a una misma persona para el desempeño del cargo de presidente por más de dos períodos consecutivos. Además, sus partidarios en la legislatura han destituido a magistrados de la Corte Suprema cuya única falta había sido no haberse doblegado ante los deseos y presiones del gobierno. Este año, esos mismos legisladores han dado a Morales la potestad –que ya disfruta Chávez– de nombrar a los jueces de todas las cortes del país, lo cual impide al Poder Judicial cumplir con su función primordial en una auténtica democracia: actuar como mecanismo de control de los posibles excesos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Por otro lado, en Bolivia se persigue a líderes de la oposición, y se formulan cargos falsos contra ellos. De ese modo se les impide participar en elecciones, se los despoja de sus victorias electorales o se les fuerza a exiliarse. Esta típica receta chavista ha sido puesta sistemáticamente en ejecución por Morales y sus seguidores incondicionales.
Al gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, lo han acusado de peculado. Esto suena como una lucha contra la corrupción, pero el caso es que formularon esa acusación simplemente porque incluyó en su presupuesto los recursos necesarios para realizar un referéndum sobre la autonomía del departamento, a lo que Morales se opone.
La persecución política no está de ninguna manera reservada a la élite tradicional. Así, se sigue juicio por falsos cargos de irregularidades a René Joaquino, alcalde de Potosí, que es de origen humilde e indígena por los cuatro costados. ¿Su pecado? Haber competido con Morales por la presidencia del país en las elecciones de diciembre pasado y volver a ganar las municipales de Potosí, derrotando a la maquinaria del gobierno.
De las diez ciudades más importantes del país, siete están en manos de opositores, entre ellas Potosí, como acabamos de ver, y la capital, La Paz, donde triunfó el candidato del Movimiento Sin Miedo, aliado de Morales hasta principios de este año. Al presidente le preocupan estas derrotas en zonas clave.
En las elecciones del 4 de abril, el partido de Morales ganó dos tercios de las gobernaciones (6 en total, contra 3 ganadas por la oposición: las de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni); su partido obtuvo también una amplia mayoría de alcaldías. Pero el presidente, en lugar de festejar sus triunfos, denunció un "fraude" electoral en su contra.
La reacción de Morales refleja su alarma ante el significativo retroceso electoral que han sufrido él y su partido en sólo cuatro meses. A pesar de sus recientes victorias regionales, el Movimiento Al Socialismo acaba de perder un 14 por ciento del respaldo popular. En diciembre de 2009 el MAS obtuvo el 64% de los votos en las presidenciales, mientras que en abril de este año alcanzó sólo el 50% en las elecciones departamentales y locales. El MAS ha padecido retrocesos del 12% en Potosí, del 20 en Oruro y del 30 en La Paz, mientras que en los tres departamentos donde logró progresar las mejoras fueron del 3 o el 5%. Esto explica que Morales intente usar todo el poder del que dispone para destituir, con acusaciones de fraude electoral, a quienes legítimamente le vencieron.
La instauración de un régimen chavista en Bolivia ha servido para empeorar las condiciones, de por sí ya difíciles, que enfrenta la población del segundo país más pobre de América. Es hora de considerar con seriedad el poder desestabilizador del presidente boliviano.
© AIPE
JAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute.
La violación de principios y de instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia se inició en el momento mismo en que Morales hizo sesionar a la Asamblea Constituyente en un cuartel militar, al que se impidió el acceso a los constituyentes que no concordaban con la línea ideológica fijada de antemano por el gobierno. Las violaciones han proseguido de manera sistemática.
La noche misma del 6 de diciembre de 2009, en que festejó su reelección, Morales anunció que se postularía nuevamente como candidato presidencial en 2015, a pesar de que la nueva Constitución, aprobada a su arbitrio, prohíbe que se elija a una misma persona para el desempeño del cargo de presidente por más de dos períodos consecutivos. Además, sus partidarios en la legislatura han destituido a magistrados de la Corte Suprema cuya única falta había sido no haberse doblegado ante los deseos y presiones del gobierno. Este año, esos mismos legisladores han dado a Morales la potestad –que ya disfruta Chávez– de nombrar a los jueces de todas las cortes del país, lo cual impide al Poder Judicial cumplir con su función primordial en una auténtica democracia: actuar como mecanismo de control de los posibles excesos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Por otro lado, en Bolivia se persigue a líderes de la oposición, y se formulan cargos falsos contra ellos. De ese modo se les impide participar en elecciones, se los despoja de sus victorias electorales o se les fuerza a exiliarse. Esta típica receta chavista ha sido puesta sistemáticamente en ejecución por Morales y sus seguidores incondicionales.
Al gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, lo han acusado de peculado. Esto suena como una lucha contra la corrupción, pero el caso es que formularon esa acusación simplemente porque incluyó en su presupuesto los recursos necesarios para realizar un referéndum sobre la autonomía del departamento, a lo que Morales se opone.La persecución política no está de ninguna manera reservada a la élite tradicional. Así, se sigue juicio por falsos cargos de irregularidades a René Joaquino, alcalde de Potosí, que es de origen humilde e indígena por los cuatro costados. ¿Su pecado? Haber competido con Morales por la presidencia del país en las elecciones de diciembre pasado y volver a ganar las municipales de Potosí, derrotando a la maquinaria del gobierno.
De las diez ciudades más importantes del país, siete están en manos de opositores, entre ellas Potosí, como acabamos de ver, y la capital, La Paz, donde triunfó el candidato del Movimiento Sin Miedo, aliado de Morales hasta principios de este año. Al presidente le preocupan estas derrotas en zonas clave.
En las elecciones del 4 de abril, el partido de Morales ganó dos tercios de las gobernaciones (6 en total, contra 3 ganadas por la oposición: las de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni); su partido obtuvo también una amplia mayoría de alcaldías. Pero el presidente, en lugar de festejar sus triunfos, denunció un "fraude" electoral en su contra.
La reacción de Morales refleja su alarma ante el significativo retroceso electoral que han sufrido él y su partido en sólo cuatro meses. A pesar de sus recientes victorias regionales, el Movimiento Al Socialismo acaba de perder un 14 por ciento del respaldo popular. En diciembre de 2009 el MAS obtuvo el 64% de los votos en las presidenciales, mientras que en abril de este año alcanzó sólo el 50% en las elecciones departamentales y locales. El MAS ha padecido retrocesos del 12% en Potosí, del 20 en Oruro y del 30 en La Paz, mientras que en los tres departamentos donde logró progresar las mejoras fueron del 3 o el 5%. Esto explica que Morales intente usar todo el poder del que dispone para destituir, con acusaciones de fraude electoral, a quienes legítimamente le vencieron.
La instauración de un régimen chavista en Bolivia ha servido para empeorar las condiciones, de por sí ya difíciles, que enfrenta la población del segundo país más pobre de América. Es hora de considerar con seriedad el poder desestabilizador del presidente boliviano.
© AIPE
JAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute.