Lo afirma la izquierda, ansiosa de presentar a Uribe como un gobernante de fuerte inclinación derechista. Y lo afirman los mismos conservadores, felices de exhibir como suyo al gobernante más estimado y popular de la historia reciente. Antonio Caballero afirma que Uribe, pese a ser nominalmente militante del Partido Liberal, "mostró su sustancia como godo" (Semana, 6-V-2006).
Para el senador Efraín Cepeda "las ideas conservadoras (...) se reflejan con el gobierno del presidente Álvaro Uribe" (El Espectador, 24-IX-2009). Y Enrique Gómez ha escrito: "Para godo, Uribe" (Cambio, 14-X-2009). Incluso hay conservadores que coinciden en el disgusto, como el ex presidente Pastrana, destacado crítico de Uribe, para quien el presidente es "el mayor representante del ala derecha del Partido Conservador" (Cambio, 25-III-2009).
Izquierda y derecha suelen también coincidir en la razón de su diagnóstico: lo que convierte a Uribe en conservador es su política de Seguridad Democrática, y el lugar preponderante que ella ocupa en su obra de gobierno. Izquierda y derecha ven esta política como una expresión casi perfecta del programa de autoridad y orden: un programa que para la izquierda es represivo, autoritario y militarista y que para los conservadores es el eje de toda su lucha política desde 1849.
Ambos, en mi concepto, se equivocan. Garantizar la vida y la integridad de las personas y evitar la toma del poder por parte de facciones armadas no es algo que tenga color ni bandera partidista, sino apenas el cumplimiento cabal de obligaciones constitucionales básicas. Obligaciones que, a su vez, hacen parte de un supuesto elemental de la democracia: al Estado se le concede el monopolio legal de la fuerza con la condición de que lo utilice para proteger a las personas, dar vigencia efectiva a la ley y evitar la destrucción de las instituciones. De modo que nadie se convierte en conservador por cumplir este simple deber. Como nadie sería liberal o de izquierda por no cumplirlo: sólo sería un irresponsable.
Autoridad y orden, es cierto, han sido fundamentos centrales del programa político conservador, y no sólo en Colombia. Pero lo han sido en un modo muy diferente. En la noción conservadora, autoridad y orden significan mucho más que la conservación de la paz y la vigencia de la ley. El conservador cree que esto no es suficiente.
El orden conservador se manifiesta en el cuidado y la preservación de instituciones y prácticas que, en dicha perspectiva, mantienen a la sociedad en unión y sosiego, como la religión, la Iglesia, las tradiciones y la familia patriarcal.
Así, izquierda y derecha buscan un Uribe conservador donde no han de encontrarlo. Y, hechizados en tal empeño, pierden de vista al auténtico Uribe conservador, pues éste sí existe, pero en los terrenos económico y social. Es en estos ámbitos, por cierto, donde de manera más fiel se revela la visión que un gobernante tiene de su sociedad.
Es mi opinión que las políticas económicas y sociales de la era Uribe evidencian un concepto de la sociedad típicamente conservador: la idea de la sociedad como una familia, un cuerpo donde hay jerarquías y divisiones funcionales, y donde el Gobierno –y en particular el presidente– ejerce el papel paternal, a la vez severo y bienhechor.
El padre vela de manera directa por el bienestar de sus hijos, pero lo hace también a través de los hermanos mayores. En pocas áreas se manifiesta tan claramente esta visión de la sociedad como en el concepto uribista del desarrollo económico. De acuerdo con dicho concepto, el desarrollo se logra mediante estímulos directos a los grandes productores, desde la creencia de que estos beneficios producirán inversión, empleo, productividad y bienestar social.
Esta ha sido una estrategia firme y consistente de la administración Uribe, y se ha ejecutado a través de programas y medidas como las exenciones al capital, la promoción de las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica y Agro Ingreso Seguro. Por cierto, se equivocan quienes ven corrupción en el núcleo de esto y piensan que allí no hay más que sofisticados esquemas para obsequiar a los amigos sumas cuantiosas del Tesoro nacional.
Aunque tal cosa ha sucedido en algunos casos, sería miope desconocer que tras ese abanico de estrategias hay una visión concreta del desarrollo económico, puesta en marcha de modo muy coherente, aun cuando en mi concepto es una visión errada. Pero sin duda es una óptica conservadora.
No sólo los empresarios ocupan el lugar de los hermanos mayores: también lo hacen instituciones como las cooperativas y, muy en particular, las Cajas de Compensación Familiar, instituciones cuya raigambre es esencialmente conservadora: sus antecedentes hay que buscarlos en el gobierno de Ospina Pérez, y su nacimiento se produce durante la dictadura de Rojas bajo los auspicios de la Andi, organización gremial que, en particular durante aquellos años, enarbolaba de modo eminente la visión conservadora de la sociedad que hemos descrito.
Uribe profesa una elevada confianza en estas instituciones, al punto de llamarlas "bálsamo social" (11 de diciembre 2008), y les ha conferido responsabilidades como el seguro de desempleo. Pero el padre, el Gobierno, cuida también directamente de sus hijos. Los programas de ayuda directa ejecutados por esta Administración son numerosos y muy amplios. Tan solo el famoso Familias en Acción tenía, a finales del 2009, dos millones y medio de familias beneficiarias. Un número tan elevado que debería ya suscitar una preocupación nacional.
Pero tal vez la mayor manifestación del talante conservador de Uribe tenga que ver con la moral y la religión. Es un mandatario que opina sobre la edad adecuada para iniciar relaciones sexuales, y lo hace ante un auditorio religioso y desde la perspectiva moral, no por motivaciones objetivas, como las de salud pública. Y es un jefe de Estado que no pocas veces ha cruzado la línea de separación entre el Estado y la religión (la cual, como ciudadano, tiene derecho a profesar): con oraciones transmitidas por la televisión pública, acompañado de sus ministros y en recintos estatales; y, de manera más grave, con la expedición del Decreto 4500 del 2006, el cual, en contra de los principios constitucionales de pluralismo, secularismo y libertad de religión, promulgó el carácter obligatorio y fundamental de la asignatura de educación religiosa.
Por estas razones, Uribe es, en mi concepto, un mandatario conservador, de ideas conservadoras. Y tal vez lo es de modo más consistente que aquellos que, desde la divisa del partido azul, ocuparon la silla presidencial entre 1953 y el presente. Opinión ésta que no implica un juicio de valor: éste corresponderá a cada ciudadano.
© El Cato
ANDRÉS MEJÍA VERGNAUD, director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso (ILP) de Bogotá y autor de El destino trágico de Venezuela (Tierra Firme, 2009).
Para el senador Efraín Cepeda "las ideas conservadoras (...) se reflejan con el gobierno del presidente Álvaro Uribe" (El Espectador, 24-IX-2009). Y Enrique Gómez ha escrito: "Para godo, Uribe" (Cambio, 14-X-2009). Incluso hay conservadores que coinciden en el disgusto, como el ex presidente Pastrana, destacado crítico de Uribe, para quien el presidente es "el mayor representante del ala derecha del Partido Conservador" (Cambio, 25-III-2009).
Izquierda y derecha suelen también coincidir en la razón de su diagnóstico: lo que convierte a Uribe en conservador es su política de Seguridad Democrática, y el lugar preponderante que ella ocupa en su obra de gobierno. Izquierda y derecha ven esta política como una expresión casi perfecta del programa de autoridad y orden: un programa que para la izquierda es represivo, autoritario y militarista y que para los conservadores es el eje de toda su lucha política desde 1849.
Ambos, en mi concepto, se equivocan. Garantizar la vida y la integridad de las personas y evitar la toma del poder por parte de facciones armadas no es algo que tenga color ni bandera partidista, sino apenas el cumplimiento cabal de obligaciones constitucionales básicas. Obligaciones que, a su vez, hacen parte de un supuesto elemental de la democracia: al Estado se le concede el monopolio legal de la fuerza con la condición de que lo utilice para proteger a las personas, dar vigencia efectiva a la ley y evitar la destrucción de las instituciones. De modo que nadie se convierte en conservador por cumplir este simple deber. Como nadie sería liberal o de izquierda por no cumplirlo: sólo sería un irresponsable.
Autoridad y orden, es cierto, han sido fundamentos centrales del programa político conservador, y no sólo en Colombia. Pero lo han sido en un modo muy diferente. En la noción conservadora, autoridad y orden significan mucho más que la conservación de la paz y la vigencia de la ley. El conservador cree que esto no es suficiente.El orden conservador se manifiesta en el cuidado y la preservación de instituciones y prácticas que, en dicha perspectiva, mantienen a la sociedad en unión y sosiego, como la religión, la Iglesia, las tradiciones y la familia patriarcal.
Así, izquierda y derecha buscan un Uribe conservador donde no han de encontrarlo. Y, hechizados en tal empeño, pierden de vista al auténtico Uribe conservador, pues éste sí existe, pero en los terrenos económico y social. Es en estos ámbitos, por cierto, donde de manera más fiel se revela la visión que un gobernante tiene de su sociedad.
Es mi opinión que las políticas económicas y sociales de la era Uribe evidencian un concepto de la sociedad típicamente conservador: la idea de la sociedad como una familia, un cuerpo donde hay jerarquías y divisiones funcionales, y donde el Gobierno –y en particular el presidente– ejerce el papel paternal, a la vez severo y bienhechor.
El padre vela de manera directa por el bienestar de sus hijos, pero lo hace también a través de los hermanos mayores. En pocas áreas se manifiesta tan claramente esta visión de la sociedad como en el concepto uribista del desarrollo económico. De acuerdo con dicho concepto, el desarrollo se logra mediante estímulos directos a los grandes productores, desde la creencia de que estos beneficios producirán inversión, empleo, productividad y bienestar social.
Esta ha sido una estrategia firme y consistente de la administración Uribe, y se ha ejecutado a través de programas y medidas como las exenciones al capital, la promoción de las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica y Agro Ingreso Seguro. Por cierto, se equivocan quienes ven corrupción en el núcleo de esto y piensan que allí no hay más que sofisticados esquemas para obsequiar a los amigos sumas cuantiosas del Tesoro nacional.Aunque tal cosa ha sucedido en algunos casos, sería miope desconocer que tras ese abanico de estrategias hay una visión concreta del desarrollo económico, puesta en marcha de modo muy coherente, aun cuando en mi concepto es una visión errada. Pero sin duda es una óptica conservadora.
No sólo los empresarios ocupan el lugar de los hermanos mayores: también lo hacen instituciones como las cooperativas y, muy en particular, las Cajas de Compensación Familiar, instituciones cuya raigambre es esencialmente conservadora: sus antecedentes hay que buscarlos en el gobierno de Ospina Pérez, y su nacimiento se produce durante la dictadura de Rojas bajo los auspicios de la Andi, organización gremial que, en particular durante aquellos años, enarbolaba de modo eminente la visión conservadora de la sociedad que hemos descrito.
Uribe profesa una elevada confianza en estas instituciones, al punto de llamarlas "bálsamo social" (11 de diciembre 2008), y les ha conferido responsabilidades como el seguro de desempleo. Pero el padre, el Gobierno, cuida también directamente de sus hijos. Los programas de ayuda directa ejecutados por esta Administración son numerosos y muy amplios. Tan solo el famoso Familias en Acción tenía, a finales del 2009, dos millones y medio de familias beneficiarias. Un número tan elevado que debería ya suscitar una preocupación nacional.
Pero tal vez la mayor manifestación del talante conservador de Uribe tenga que ver con la moral y la religión. Es un mandatario que opina sobre la edad adecuada para iniciar relaciones sexuales, y lo hace ante un auditorio religioso y desde la perspectiva moral, no por motivaciones objetivas, como las de salud pública. Y es un jefe de Estado que no pocas veces ha cruzado la línea de separación entre el Estado y la religión (la cual, como ciudadano, tiene derecho a profesar): con oraciones transmitidas por la televisión pública, acompañado de sus ministros y en recintos estatales; y, de manera más grave, con la expedición del Decreto 4500 del 2006, el cual, en contra de los principios constitucionales de pluralismo, secularismo y libertad de religión, promulgó el carácter obligatorio y fundamental de la asignatura de educación religiosa.
Por estas razones, Uribe es, en mi concepto, un mandatario conservador, de ideas conservadoras. Y tal vez lo es de modo más consistente que aquellos que, desde la divisa del partido azul, ocuparon la silla presidencial entre 1953 y el presente. Opinión ésta que no implica un juicio de valor: éste corresponderá a cada ciudadano.
© El Cato
ANDRÉS MEJÍA VERGNAUD, director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso (ILP) de Bogotá y autor de El destino trágico de Venezuela (Tierra Firme, 2009).