El ministro pensaría, a propósito del primer aniversario de la gloriosa Operación Fénix, que no estaría de más recordar la justificación ética y jurídica de esa acción militar, que permitió dar de baja al peor delincuente y más cruel terrorista de América. Acaso tendría presente, también, aquella hermosa sentencia del Libertador sobre la verdad como único camino a la libertad. Lo que no tuvo en cuenta, infortunado, es que la verdad está prohibida en Colombia. Cuando no se la traiciona se la calla.
No cometió Santos el pecado de la originalidad. La tesis de la legítima defensa como justificación del ataque al campamento de Reyes había sido formalmente propuesta por la Cancillería y el Ministerio de Defensa colombianos al día siguiente de ocurridos los hechos. Fue la que esbozó, en párrafos de muy pobre catadura, el embajador de Colombia ante la OEA, y la que presidía, con menos contundencia de la debida, el discurso del propio presidente Uribe Vélez en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se celebró en Santo Domingo.
Lo malo no estuvo, pues, en decir lo mismo que dijeron en su momento los responsables de explicar al mundo lo ocurrido. Lo malo fue recordarlo. Fue renovar el principio. Fue echar sal en la herida de los delincuentes internacionales ofendidos por la muerte de Reyes y sus conmilitones.
La legítima defensa es una institución tan vieja como el mundo que permite a la víctima de una agresión actual e injusta sacrificar los derechos del agresor, el de la vida incluido. La reacción al ataque debe ser proporcionada, inmediata y en nada susceptible de remedio diferente.
Esas condiciones se cumplen con creces en nuestro caso: como que Reyes asesinaba a colombianos desde sus campamentos del Ecuador; como que manejaba el narcotráfico que destroza la nación; como que tenía una bien montada red de extorsiones y secuestros contra la gente honrada de la frontera; como que volaba los oleoductos y sembraba de minas los campos y de terror a sus habitantes.
A lo anterior hay que sumar la imposibilidad de que el Ecuador hiciera algo por impedir las actividades de Reyes. Cuando todavía hoy su presidente niega el carácter terrorista de las FARC y hace la apología de sus amigos, o por lo menos predica su inocencia, no puede caber duda de que Reyes jamás hubiera sido detenido, muerto ni molestado por el ejército del Ecuador.
No había lugar, siquiera, a daños colaterales. Los que perdieron la vida en el bombardeo no eran simples simpatizantes, sino miembros activos de la guerrilla. Su desaparición tenía que representar un alivio para la gente de buena voluntad en el mundo entero. La de Reyes fue un acto de justicia contra la barbarie.
Si Colombia no obró en legítima defensa, entonces invadió sin causa territorio ajeno para ocasionar la muerte de inocentes. Eso supondría que quienes ordenaron la Operación Fénix serían criminales internacionales. Con el presidente, el ministro y los altos mandos militares en primer lugar.
Sólo falta que nos condenemos y levantemos una estatua a la memoria de los caídos.
Revel tenía razón. La verdad está moribunda. Y, por nosotros, que se muera pronto. ¡Es tan incómoda la criatura!
© AIPE
FERNANDO LONDOÑO HOYOS, ex ministro colombiano de Interior y Justicia.
No cometió Santos el pecado de la originalidad. La tesis de la legítima defensa como justificación del ataque al campamento de Reyes había sido formalmente propuesta por la Cancillería y el Ministerio de Defensa colombianos al día siguiente de ocurridos los hechos. Fue la que esbozó, en párrafos de muy pobre catadura, el embajador de Colombia ante la OEA, y la que presidía, con menos contundencia de la debida, el discurso del propio presidente Uribe Vélez en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se celebró en Santo Domingo.
Lo malo no estuvo, pues, en decir lo mismo que dijeron en su momento los responsables de explicar al mundo lo ocurrido. Lo malo fue recordarlo. Fue renovar el principio. Fue echar sal en la herida de los delincuentes internacionales ofendidos por la muerte de Reyes y sus conmilitones.
La legítima defensa es una institución tan vieja como el mundo que permite a la víctima de una agresión actual e injusta sacrificar los derechos del agresor, el de la vida incluido. La reacción al ataque debe ser proporcionada, inmediata y en nada susceptible de remedio diferente.
Esas condiciones se cumplen con creces en nuestro caso: como que Reyes asesinaba a colombianos desde sus campamentos del Ecuador; como que manejaba el narcotráfico que destroza la nación; como que tenía una bien montada red de extorsiones y secuestros contra la gente honrada de la frontera; como que volaba los oleoductos y sembraba de minas los campos y de terror a sus habitantes.A lo anterior hay que sumar la imposibilidad de que el Ecuador hiciera algo por impedir las actividades de Reyes. Cuando todavía hoy su presidente niega el carácter terrorista de las FARC y hace la apología de sus amigos, o por lo menos predica su inocencia, no puede caber duda de que Reyes jamás hubiera sido detenido, muerto ni molestado por el ejército del Ecuador.
No había lugar, siquiera, a daños colaterales. Los que perdieron la vida en el bombardeo no eran simples simpatizantes, sino miembros activos de la guerrilla. Su desaparición tenía que representar un alivio para la gente de buena voluntad en el mundo entero. La de Reyes fue un acto de justicia contra la barbarie.
Si Colombia no obró en legítima defensa, entonces invadió sin causa territorio ajeno para ocasionar la muerte de inocentes. Eso supondría que quienes ordenaron la Operación Fénix serían criminales internacionales. Con el presidente, el ministro y los altos mandos militares en primer lugar.
Sólo falta que nos condenemos y levantemos una estatua a la memoria de los caídos.
Revel tenía razón. La verdad está moribunda. Y, por nosotros, que se muera pronto. ¡Es tan incómoda la criatura!
© AIPE
FERNANDO LONDOÑO HOYOS, ex ministro colombiano de Interior y Justicia.