En un artículo titulado "¿Esta, aquella o ninguna ley de medios?", publicado en La Nación, Mariano Grondona nos recuerda que el Congreso no está autorizado a sancionar ley de medios alguna, ya que, según el artículo 32 de la Constitución, "el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".
La Carta Magna prohíbe toda ley, buena o mala, que el Congreso pretenda dictar a los medios de comunicación. Por lo tanto, al debatir la ley de medios propuesta por el Gobierno Federal, los legisladores están violando abiertamente la Constitución. Y es trágico que la oposición no haya impedido ese debate: y es que también quiere una ley de medios, aunque diferente.
Se rumora que el gobierno apunta particularmente a destrozar al grupo Clarín, archienemigo del kirchnerismo, y a quedarse con Telecom, uno de los miembros del privilegiado oligopolio: el otro es Telefónica.
La nueva ley aumenta aún más la discrecionalidad política en la difusión de la información. Por ejemplo, en cuanto al espectro radiofónico, adjudica un tercio para las ONG y establece que el Estado le pondrá la mano a lo que considere necesario; un Estado que se arroga el derecho de otorgar licencias a discreción. A los privados solo les queda lo que el gobierno quiera dejarles.
Se crearía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un verdadero soviet de censura. Por si fallara este organismo, se agregaría aún más burocracia: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 consejeros del Poder Ejecutivo.
A las empresas telefónicas se les aplicará la ley de bienes culturales, que exige que el 70% de sus acciones pertenezcan a ciudadanos argentinos. Los empresarios amigos del gobierno esperan aprovecharse de lo que el gobierno imponga a Telefónica y a Telecom. También está en jaque el grupo español Prisa, propietario de más de 18 estaciones de radio, cuando la nueva ley establece un máximo de 10.
Para los fascistas, la democracia es incompatible con el mercado y el gobierno tiene que imponerse, haciendo uso de su justo monopolio sobre la violencia para garantizar que las masas (manipuladas con dádivas, propaganda, violencia y demagogia) impongan su propia voluntad.
No tiene sentido buscar mecanismos que impidan la dictadura si por democracia se entiende que la mayoría puede imponer lo que quiera al resto de la sociedad. Una vez que se establece un criterio sobre lo que es violencia justa, para saltar al autoritarismo basta con darle el poder a un político demagogo. Si no me cree, pregúntele a algún amigo venezolano.
© AIPE
ALEJANDRO A. TAGLIAVINI, analista político argentino.
La Carta Magna prohíbe toda ley, buena o mala, que el Congreso pretenda dictar a los medios de comunicación. Por lo tanto, al debatir la ley de medios propuesta por el Gobierno Federal, los legisladores están violando abiertamente la Constitución. Y es trágico que la oposición no haya impedido ese debate: y es que también quiere una ley de medios, aunque diferente.
Se rumora que el gobierno apunta particularmente a destrozar al grupo Clarín, archienemigo del kirchnerismo, y a quedarse con Telecom, uno de los miembros del privilegiado oligopolio: el otro es Telefónica.
La nueva ley aumenta aún más la discrecionalidad política en la difusión de la información. Por ejemplo, en cuanto al espectro radiofónico, adjudica un tercio para las ONG y establece que el Estado le pondrá la mano a lo que considere necesario; un Estado que se arroga el derecho de otorgar licencias a discreción. A los privados solo les queda lo que el gobierno quiera dejarles.Se crearía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un verdadero soviet de censura. Por si fallara este organismo, se agregaría aún más burocracia: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 consejeros del Poder Ejecutivo.
A las empresas telefónicas se les aplicará la ley de bienes culturales, que exige que el 70% de sus acciones pertenezcan a ciudadanos argentinos. Los empresarios amigos del gobierno esperan aprovecharse de lo que el gobierno imponga a Telefónica y a Telecom. También está en jaque el grupo español Prisa, propietario de más de 18 estaciones de radio, cuando la nueva ley establece un máximo de 10.
Para los fascistas, la democracia es incompatible con el mercado y el gobierno tiene que imponerse, haciendo uso de su justo monopolio sobre la violencia para garantizar que las masas (manipuladas con dádivas, propaganda, violencia y demagogia) impongan su propia voluntad.
No tiene sentido buscar mecanismos que impidan la dictadura si por democracia se entiende que la mayoría puede imponer lo que quiera al resto de la sociedad. Una vez que se establece un criterio sobre lo que es violencia justa, para saltar al autoritarismo basta con darle el poder a un político demagogo. Si no me cree, pregúntele a algún amigo venezolano.
© AIPE
ALEJANDRO A. TAGLIAVINI, analista político argentino.