Fidel es quien se ha opuesto a que los cubanos puedan comprar y vender libremente sus viviendas o automóviles, quien no ha querido que emprendan actividades empresariales –ni grandes ni pequeñas–; quien durante décadas bloqueó los mercados libres campesinos, que hubieran aliviado la miseria de sus compatriotas. Fue él quien, en 1968, contra el criterio de casi todo el mundo, en medio de un arrebato colectivista confiscó y destruyó 60.000 microempresas privadas, que hacían la vida menos inclemente a los cubanos.
Raúl, sin embargo, en petit comité insiste en que habrá cambios sustanciales. ¿Habla en serio? Ya casi nadie lo cree. Sus cuatro años al frente del Gobierno han sido tan desastrosos y frustrantes como los 47 que les precedieron. Si así fuera, debería aclarar de inmediato dos aspectos esenciales: cuál es el alcance de esos cambios y quiénes van a llevarlos a cabo.
Según todos los síntomas –de acuerdo con las quejas amargas y privadas, claro, de un diputado que no le quiere nada–, los cambios los determina Raúl y los ejecutará su camarilla. Pero esa filosofía de Juan Palomo –yo me lo guiso, yo me lo como– no funciona a estas alturas de la dictadura. Los que han provocado, prolongado y administrado el desastre durante medio siglo han perdido totalmente la confianza de la sociedad. Los cubanos desconfían, y se sabe que el elemento fundamental en cualquier proceso radical de cambio es el entusiasmo de las gentes.
Eso está condenado al fracaso. Raúl no quiere ampliar el círculo de toma de decisiones. Al revés: se mueve sigilosamente con un pequeño grupo de militares, y ha dado un enorme poder extraoficial a su hijo Alejandro Castro Espín, señalándolo, de facto, como el heredero de la dinastía. Alejandro, que es un coronel del Ministerio del Interior formado en la desaparecida URSS, ha creado, a su vez, un temido círculo de apoyo, auxiliado por Senén (Senencito) Casas, otro oficial de la policía política, hijo de un general ya desaparecido.
Ese fantasmal organismo se dedica a supervisar, controlar y aterrorizar a todo el aparato gerencial del Gobierno, del que ni siquiera se ha podido salvar su propio cuñado, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, también coronel, casado con Deborah, hija de Raúl. Luis Alberto, presunto delfín de Raúl hasta hace un par de años, cayó en desgracia, aunque con paracaídas de terciopelo, debido a ciertas graves irregularidades cometidas en la administración de las empresas del Ejército (el 60% del PIB cubano), investigadas por Alejandro. Hoy ha pasado a dirigir el plan de desarrollo del puerto de Mariel, copiosamente financiado por Brasil, lo que probablemente acarrea ciertas tensiones en la familia real cubana.
Por supuesto, esa capillita familiar llena de intrigas y pendencias no es la institución adecuada para hacer los cambios que el país necesita. Eso no tiene destino. Si, finalmente, Raúl ha admitido que el colectivismo es irremediablemente improductivo, que es tanto como decir que el marxismo-leninismo es un disparate, no es cuestión de despedir a medio millón de trabajadores con la esperanza de que se pongan a criar conejos o se alquilen como payasos en las fiestas infantiles, sino de "cirugía mayor ideológica" (la frase es de un profesor de la Universidad de La Habana).
Ello implica un debate general dentro y fuera del Partido Comunista, institución, como la Asamblea Nacional del Poder Popular, corresponsable del hundimiento del país, y comenzar a planear una Asamblea Constituyente que liquide la Constitución que da sentido y forma a un sistema que no sirve. Naturalmente, para que ocurra algo así van a tener que amarrar y sedar a Fidel Castro, dado que insiste testarudamente en no morirse.
Según murmura la nomenklatura, el Viejo es el mayor obstáculo.