Durante los últimos cinco años, el Gobierno de Chávez ha levantado un cerco legal alrededor del sector privado, destruyendo de hecho más de la mitad de las industrias privadas del país, mientras despilfarra los ingresos petroleros para hacer crecer en forma ficticia la economía a base de subsidios y dependencia de importaciones masivas. Como resultado, los negocios marchan bien, hay liquidez en la economía, pero casi nadie está realizando inversiones productivas, y la creación de puestos de trabajo ha permanecido estancada durante años.
Los derechos a la propiedad privada han sido erradicados. Literalmente, cualquier funcionario del Gobierno puede confiscar (robar) propiedades privadas a voluntad. El sistema judicial se ha convertido en un instrumento corrupto de un puñado de importantes personeros del régimen, según reconocidos funcionarios chavistas, que han señalado al vicepresidente José Vicente Rangel como el líder de la llamada "Banda de los Enanos", un conciliábulo de jueces y fiscales corruptos.
Ahora Chávez está a la caza de los pocos espacios de libertad que sobreviven en Venezuela. Ha puesto la mira en la sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios independientes. El presidente de Venezuela se está preparando, además, para cerrar todos los canales de televisión independientes, y lo más seguro es que, después de que acabe con los canales privados, vaya tras las estaciones de radio privadas y los medios impresos.
El objetivo es silenciar todas las noticias e informaciones que disientan del Gobierno, aun cuando quienes disientan sean afectos. Es decir, y por poner un ejemplo, que las noticias que presenten a unos chavistas acusando a otros chavistas de corrupción serán amordazadas de modo permanente. Asimismo, serán silenciadas las protestas callejeras de los seguidores de Chávez que exigen vivienda, atención médica, educación, trabajo y seguridad.Es más, la Asamblea Nacional aprobará en breve una ley que "regula" las ONG y otros grupos que reciben apoyo financiero del exterior, lo que incluye a casi todos. Para poder operar, una ONG tendría que inscribirse en un "Sistema de Registro Integrado" en el que el "sistema" otorga al Gobierno libertad total y absoluta para rechazar la solicitud o cerrar cualquier organización de la sociedad civil que no sea de su agrado. Persigue, entre otras cosas, sacar del juego de modo permanente a Súmate y a otros grupos de la sociedad civil que luchan por salvar la agónica democracia venezolana, así como a grupos defensores de derechos civiles como Provea y, ¿por qué no?, a la Iglesia, si continúa "dándole problemas" al Gobierno.
La Asamblea Nacional también está en camino de aprobar una Ley de Participación Popular que impondrá restricciones sobre los derechos de reunión de personas y comunidades, así como a la participación en la sociedad civil y en la política. Además, pronto será aprobada una nueva Ley de Propiedad Horizontal, que seguirá despojando a los dueños de apartamentos privados de sus derechos sobre la propiedad. Primero fueron las industrias y propiedades agrícolas, ahora el Gobierno va contra los apartamentos y las casas de ciudadanos particulares.
En retrospectiva, es obvio que Chávez ha estado construyendo su "muro bolivariano" ladrillo por ladrillo, empezando con la Constitución de 1999 y los 49 decretos-ley aprobados por la Ley Habilitante de noviembre de 2001, y siguiendo con las acciones emprendidas para apoderarse de los diferentes poderes del Estado y para propiciar la destrucción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la imposición de controles de precios y cambios y la erosión gradual del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Hoy en día el muro está casi terminado, pero son demasiados los venezolanos que no están prestando atención gracias a la ilusión de prosperidad creada por el auge petrolero.
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