En las últimas semanas se ha venido informando de que, como parte de su legado, Bush estaría dispuesto a pactar con los demócratas un incremento del salario mínimo para "salvar" la Seguridad Social. Lo cierto es que así lograría exactamente lo contrario.
¿Debe la Seguridad Social ser un programa eminentemente asistencial o, más bien, de ahorro para la jubilación? En un principio fue concebido (hace siete décadas) con el objetivo de proteger a aquellos que ya no podían trabajar y no habían conseguido reunir los ahorros necesarios para poder retirarse. Pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un programa que aporta una parte importante, si no la totalidad, de los recursos para la jubilación de la mayoría de la gente.
Desde 1937 hasta 1950 la tasa para la Seguridad Social sobre las nóminas fue de sólo el 2% –pagadero, a partes iguales, entre el empleado (1%) y su patrono (1%)–, y se aplicaba únicamente a los primeros 3.000 dólares del salario. De ese 2% hemos pasado al 12,4%, más un 2,9% destinado al Medicare; tenemos, pues, un 15,3%, pagadero entre el trabajador y la empresa, que se aplicará sobre una base salarial de 97.500 dólares en 2007. Aun así, el aumento de las prestaciones pronto será superior al monto de los impuestos destinados a sufragarlas. Y no contamos con un fondo de reserva porque el Congreso gasta siempre el excedente de la Seguridad Social en otros rubros.
Hay políticos del Partido Demócrata, líderes sindicales y supuestos defensores de los ancianos que sostienen que el sistema vigente puede consolidarse estableciendo pequeñas reducciones en las prestaciones y pequeños incrementos impositivos. Pero para que ello fuera posible habría que asumir una caída drástica de la expectativa de vida y un crecimiento espectacular de las tasas de natalidad e inmigración.
Las gentes prudentes no predicen tales acontecimientos, pues los avances médicos tienden a acelerarse y, por otro lado, las trabas a la inmigración están aumentando. Dada la realidad política, el presidente Bush debería concentrarse en explicar a la ciudadanía por qué el problema no se resuelve con pequeñas subidas de impuestos e igualmente pequeños recortes en materia de prestaciones, y por qué es necesario avanzar hacia el sistema de capitalización individual.
Al presidente Bush lo han criticado, con razón, por su falta de disciplina en materia de gasto público. El gasto excesivo es consecuencia del pago tanto de actividades que en realidad no competen al Gobierno como de aquéllas que prometen beneficios que jamás de materializan.
El Gobierno obliga (so pena de cárcel) a los ejecutivos de las compañías que cotizan en bolsa a presentar certificados que avalen sus declaraciones financieras. Esta medida debería aplicarse también a los administradores de departamentos gubernamentales; además, debería obligárseles a cumplir los objetivos establecidos. En caso de que no lo hicieran, se debería suspender por decreto todo gasto en dicho departamento.
Si los funcionarios públicos cargasen con la misma responsabilidad que los gerentes de las empresas privadas se acabaría, en buena medida, con el despilfarro, el fraude y el abuso. Eso sí que sería un gran legado presidencial.
Por último, algo que ya he comentado varias veces: Bush y el Congreso deben conceder al ciudadano el derecho a demandar a las agencias gubernamentales que no se rijan bajo un sistema razonable de costes y beneficios.
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