Todo ello condujo a la expansión geométrica del poder político, en un país donde ahora nada se lleva a cabo sin planificación oficial y el visto bueno de algún funcionario. El trágico e inevitable resultado es que el único negocio floreciente en el país es la corrupción.
La producción petrolera venezolana sigue en picada, y solamente su alto precio actual, unos 70 dólares el barril, pospone el caos. Internamente, los controles de precios hacen desparecer del mercado los alimentos y demás productos básicos, los cuales son entonces sustituidos por importaciones directas realizadas por el Gobierno; los costos no se toman en cuenta, pero dan lugar a ganancias y comisiones a lo largo de una extensa cadena de amigos del chavismo. Los otros beneficiados pertenecen al hampa común, que roba y mata sin temer a la policía ni a la justicia.
Así, vemos cómo la corrupción chavista ha logrado concentrar más riqueza en manos de los amigos del palacio presidencial que todos aquellos complicados y dañinos programas anteriores de substitución de importaciones, subsidios, concesiones de oligopolios, altos aranceles, licencias, financiamiento barato, reforma agraria, asignación de dólares preferenciales y demás privilegios que solían repartir los ministros y líderes de Acción Democrática y Copei.
Presidentes como Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, en medio de delirios de grandeza y rodeados de círculos concéntricos de aduladores que jamás cuestionaban sus infames decisiones, mantenían sin embargo cierto recato democrático, que Hugo Chávez no ha dudado en destruir.La gran pregunta es por qué Venezuela, país cuya prosperidad atrajo a cientos de miles de inmigrantes después de la Segunda Guerra y que hace medio siglo recibía más inversión privada proveniente de Estados Unidos que todo el resto combinado de América Latina, hoy se convierte rápidamente en otra Cuba miserable del Hemisferio Occidental. La respuesta tiene que ver directamente con el hecho de que los políticos nos robaron.
Si el lector no me cree, basta decir que, luego de terminar mis estudios universitarios, en 1962, conseguí empleo con un sueldo de 3.000 bolívares mensuales (entonces 798 dólares). Tres años más tarde obtuve financiación para construir una estupenda casa de tres habitaciones, cuatro baños, dos garajes y una gran biblioteca de dos niveles, en un núcleo residencial con un precioso club de golf situado en las afueras de Caracas. Me costó 200.000 bolívares (46.500 dólares). Hoy, al cambio libre, 5.000 bolívares son 60 centavos de dólar, y con 200.000 bolívares no se fabrica una casa, sino que apenas se puede dormir una noche en algún hotel barato de Caracas. Esa es la magnitud del robo efectuado por los gobernantes a los ciudadanos venezolanos.
Según la ley, el Banco Central de Venezuela tiene la obligación y el objetivo fundamental de mantener la estabilidad de precios y preservar el valor interno de la unidad monetaria. Cuando fue fundado, en 1940, su directiva estaba integrada por ciudadanos ilustres, competentes y honorables como su primer presidente, don Jesús Herrera Mendoza, a quien recuerdo con admiración y respeto. Fue a mediados de los años 70 cuando comenzó la politización del Banco Central, que fue perdiendo gradualmente su autonomía. El resultado lo sufre Venezuela entera hoy, cuando los peores ejercen el poder.
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