En Bolivia, la violencia social que derrocó varios gobiernos y encumbró a Evo Morales se originó en los mayores tributos exigidos por el Fondo Monetario Internacional al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En Paraguay, el "impuestazo" forzado por el FMI podrá evitar la cesación de pagos, pero no evitará sumir el país en la indigencia.
En lugar de bajar los impuestos y simplificar los trámites para combatir con eficacia tanto la evasión como el soborno y la informalidad, la reforma fiscal paraguaya empujará a numerosas personas y pequeños negocios al inmenso mercado negro, que ya abarca más del 60% de la economía. Y la nueva carga tributaria que enfrentarán los contribuyentes creará dificultades insalvables para la reactivación de la economía.
La absurda reforma concebida por el FMI choca con dos principios básicos: para reactivar una economía es preciso bajar los impuestos, y para reducir la informalidad es preciso reducir los costos de la legalización de los negocios. El Gobierno pretende, a instancias del FMI, aplicar nuevas cargas, como los impuestos a la renta de las personas, a la renta agropecuaria y a la renta del pequeño contribuyente, y generalizar el pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Estos cambios, que convulsionarán la administración tributaria y afectarán a empresas, profesionales, familias, trabajadores independientes y pequeños negocios, que crean gran parte de los empleos, repercutirá en los servicios personales, las operaciones financieras, el arrendamiento de inmuebles, la transferencia de acciones, la venta de combustibles y alimentos. Y, excepto por las empresas, la gente carece de conocimientos y medios para cumplir con la ley y solventar sus costos.
La administración tributaria no está mejor preparada que los contribuyentes. Por el contrario, es el eslabón más débil de la cadena. Ello se evidencia no sólo en las permanentes denuncias de evasión y malversaciones en el sector público, y la propensión a cargar a los contribuyentes con obligaciones que corresponden a la Administración, también en la pésima reglamentación de la ley, disposiciones que infringen la Constitución y las leyes, normas ambiguas, peligrosas y con posibles consecuencias penales. La reforma tributaria alentada por el FMI frenará el crecimiento y ahuyentará la inversión; y, lo peor, aumentará la corrupción en un país que está desde hace años entre los diez más corruptos del planeta. Incentivará la fuga de capitales al exterior, así como la corrupción y la impunidad, dado que establece que las declaraciones juradas de patrimonio no deben incluir bienes y depósitos en el extranjero, que constituyen el medio predilecto de gobernantes corruptos, narcotraficantes y terroristas para ocultar el movimiento de sus fondos y el enriquecimiento ilícito.
En un país miserable, caracterizado por el más absoluto desorden institucional, con una economía paralizada y una población acogotada por la corrupción, el estancamiento y la informalidad, el FMI propicia el aumento de impuestos, trámites y gastos de legalización, así como la restricción de la libertad económica y la fuga al exterior de sus escasos capitales, para beneficio de países más ricos. Y todo para recuperar sus préstamos.
Lo que el FMI debe hacer para socorrer a los países al borde de la quiebra es lo que se hace para ayudar a un alcohólico: condicionar la ayuda al cambio de las prácticas viciosas que lo hundieron en la desgracia. Los préstamos deben supeditarse a la realización de reformas de mercado que reduzcan la corrupción, promuevan una justicia recta, capaz e independiente y aseguren la transparencia en el sector público, la eliminación de gastos deficitarios, la disciplina monetaria, la apertura de los mercados a la competencia y la inversión privada, y un favorable ambiente de negocios. No puede ayudarse a un alcohólico con más borrachera.
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Porfirio Cristaldo Ayala, corresponsal de AIPE en Paraguay y presidente del Foro Libertario.