Estos desacuerdos tienen que ver con la pretensión colombiana de mantener un cierto nivel de protección en algunos sectores agrícolas, y en la avicultura, y con la insistencia de EEUU en mantener barreras de tipo sanitario que los negociadores colombianos consideran excesivas. También ha habido tensión en lo relacionado con la propiedad intelectual en productos farmacéuticos, pero las dificultades en ese campo parecen haber cedido, o lucen más pequeñas, frente al bloqueo que se observa en la negociación agrícola.
Colombia decidió entonces jugar sus cartas políticas, que no son nada despreciables. En una región de creciente inestabilidad, marcada por la presencia de un gobernante agresivo que declara abiertamente su enemistad hacia Estados Unidos y que se ha propuesto expandir su visión y su modelo por todo el continente, Colombia se erige como el aliado más fiel de Washington.
Desde que Andrés Pastrana (hoy embajador en Washington) asumió la presidencia, en 1998, las relaciones con Estados Unidos han venido haciéndose más cercanas y firmes. Esta tendencia se ha fortalecido durante la Administración Uribe. Y la cuestión ya trasciende el mero ámbito de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Hoy por hoy se trata de una cuestión geopolítica, y del peligro que significaría la consolidación de un bloque antinorteamericano a sólo tres horas de los Estados Unidos aliado, además, con el régimen de Fidel Castro.
La lógica de esta idea es muy simple: dado que Colombia es tan importante en lo estratégico para Estados Unidos, este país debería ceder en sus posiciones comerciales y permitir un rápido cierre de la negociación. Así no sólo se afianzarían los lazos entre ambos países, sino que el presidente Uribe, aliado cercano de Estados Unidos, recibiría un notable impulso. Uribe aspira a ser reelegido en mayo, y las encuestas muestran para él una sólida ventaja. Para poner en marcha esta estrategia Uribe viajó recientemente, con la inusual intención de sentarse él mismo en la mesa de negociaciones. Se reunió en Washington con el presidente Bush, que hizo unas declaraciones retóricas de apoyo a Colombia pero evitó revelar si Estados Unidos haría más concesiones comerciales. El viernes 17 de febrero el diario Washington Post pidió en su editorial apoyar a Uribe, firmar el tratado y tener en cuenta que la situación peculiar de Colombia puede justificar algunas cláusulas de protección agrícola. Sin embargo, incluso si esta estrategia da resultado quedarían muchas complicaciones en el escenario político del TLC.
Si se firma, el TLC deberá pasar por el Congreso y la Corte Constitucional de Colombia, conocida por su tendencia al activismo. Las encuestas han venido mostrando en Colombia un decrecimiento sostenido en el apoyo popular al tratado. Incluso han ocurrido episodios inauditos, como la decisión de una juez, que, tras admitir una demanda de un particular, ordenó al presidente abstenerse de firmar el TLC, sin tener aquélla autoridad para emitir tal orden. Por si esto fuera poco, el TLC deberá ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, y la reciente experiencia del CAFTA, que fue aprobado por una mínima diferencia, hace temer grandes dificultades, especialmente cuando las perspectivas para la Administración Bush en el Congreso no son muy buenas.
Al presidente Uribe le cabe una enorme responsabilidad por el deterioro del escenario político del TLC, en lo que a Colombia se refiere. Igual responsabilidad le cabe a los ministros de Agricultura y Protección Social. Al presidente, porque nunca mostró un liderazgo firme en el proceso y nunca transmitió al país una convicción firme en las bondades del TLC. Y los mencionados ministros, bajo la consigna de "proteger" ciertos "intereses del país", tuvieron una intervención altamente perturbadora en las negociaciones y en su explicación al público.
¿Quiénes han aprovechado esta debilidad de liderazgo? Sin duda, los sectores privilegiados que no quieren perder la protección de que gozan hoy, o los que desean, como es el caso de los fabricantes de medicamentos genéricos, impedir que se consoliden reglas claras sobre la inversión y la protección a las innovaciones.
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