La reacción de los comunistas no ha sido una sorpresa; sí lo ha sido, en cambio, la del ex magistrado Antonio di Pietro, igualmente negativa, ya que su partido: Italia de los Valores, apoyó en el pasado más de una vez iniciativas similares. Ahora que la idea parte del Cavaliere, Di Pietro declara: "Al Ejército sólo lo utilizan en Colombia", dejando caer que los italianos no deberían adoptar tal medida.
En realidad, habría que criticar la iniciativa del Gobierno por razones muy distintas a las que esgrime la oposición.
El Gabinete Berlusconi quiere desplegar 2.500 militares para una misión que se prolongará durante seis meses o, como mucho, un año. Resulta asombroso que el Gobierno crea que 2.500 militares pueden hacerse con el control de una de las naciones más grandes y pobladas de Europa, una nación que sufre los embates de la organización criminal más poderosa de Occidente. Precisamente por aquí van las observaciones que se han escuchado desde las fuerzas del orden y el Ejército. El sindicato de la Policía ha definido el proyecto del Gobierno como "simple propaganda", mientras que altos mandos de las Fuerzas Armadas han declarado que con tan exiguo número de soldados no se puede alcanzar resultado alguno. Tal como lo ha presentado el Gobierno, el plan prevé que en Nápoles, feudo de la Camorra, se despliegue un máximo de 200 o 300 uniformados.
Cabe recordar a la oposición que no sería la primera vez que se acometiera una empresa semejante. A principios de los 90, y luego de los mortíferos atentados que acabaron con la vida de los jueces Falcone, Borsellino y Morvillo –y con la de sus escoltas–, el Gobierno, que no encabezaba Berlusconi ni era de derechas, desplegó al Ejército en el marco de la operación Vespri Siciliani. Del mismo modo, habría que recordar al actual Ejecutivo que, sólo en Sicilia, se emplearon 20.000 hombres en seis años.
Pero ¿realmente hace falta un uso intensivo del Ejército para derrotar a la mafia? ¿Tan grave es la situación? Algunas cifras podrían ayudar al Gobierno y a la oposición a reconsiderar sus posiciones.La mafia es la empresa italiana más rica, una estructura que cada año mueve más de 90.000 millones de euros (es decir, el 7% del PIB italiano). En los últimos diez años ha matado a 2.500 personas. En la provincia de Nápoles, en las últimas tres décadas han sido asesinadas más de 4.000 personas, dato que la convierte en una de las zonas del mundo con las tasas más altas de homicidio. Los clanes libran guerras por el control del territorio en las que mueren mafiosos e inocentes: familiares de mafiosos que deciden colaborar con la justicia (tan sólo hace dos semanas ha sido tiroteada una muchacha de 25 años), policías, jueces, empresarios, sacerdotes, etc. Este fin de semana ha sido asesinado un político de Italia de los Valores, y los investigadores no excluyen que el victimario fuera un matón del crimen organizado. Muchos acaban en el punto de mira de los criminales por mera y funesta casualidad: así, la semana pasada un sicario hirió en la garganta a un niño de cuatro años cuando trataba de asesinar a un miembro de una familia rival.
El Instituto Italiano de Investigación Socioeconómica (Censis) aseguró el pasado diciembre que trece millones de italianos, casi todos ellos vecinos del Sur, viven en contacto con el crimen organizado. El 77% de los habitantes de Sicilia, Apulia, Calabria y Campania viven en entornos fuertemente influidos por la mafia; en las provincias de Nápoles, Agrigento, Caltanissetta, Trápani y Palermo, prácticamente el 100% de la población debe arreglar cuentas con el hampa. Por otra parte, la comisión antimafia del Parlamento calculó hace tiempo que los afiliados a la mafia eran más o menos 1,8 millones de personas. Asimismo, estimó que el 27% de los calabreses trabajaba directa o indirectamente para la mafia; y el 12% de los campanos, el 10% de los sicilianos y el 2% de los habitantes de Apulia.
Según el Censis, uno de cada tres empresarios del Sur es consciente de que trabaja en una zona donde la extorsión y la usura son la regla. El 80% de los comerciantes sicilianos paga a la mafia el llamado pizzo para poder seguir trabajando sin sufrir atentados. Sólo en la ciudad siciliana de Gela se producen casi 300 atentados cada año: casi siempre se trata de advertencias a quienes se niegan a pagar el pizzo. No es de extrañar que fueran precisamente los empresarios sicilianos los que pidieron el año pasado al Gobierno –entonces presidido por Romano Prodi– el despliegue del Ejército.
Tanto a la izquierda como al Gobierno les vendría muy bien la lectura de Gomorra, el libro de Roberto Saviano (también editado en castellano) que describe la atroz realidad que se vive cada día en la comarca de Nápoles. Más de una página podría ser confundida con el guión de El padrino: ejecuciones públicas en las plazas, vigilantes armados de los clanes que registran a la gente en la calle, familias mafiosas que disponen de ejércitos particulares... En algunos territorios del sur del país ya hay desplegados muchos ejércitos; sólo falta el del Estado. No sorprende que los vecinos de los barrios más problemáticos acaben reconociendo la autoridad de las únicas milicias presentes en el territorio. De hecho, a menudo son precisamente los habitantes de estas zonas los que asaltan a los policías cuando éstos tratan de detener a un delincuente.
Hay cosas aún peores. Hace dos meses, con ocasión de un concurso sobre la legalidad, se pidió a niños napolitanos de 11 y 12 años que escribieran lo que pensaban sobre la Camorra. El resultado fue espeluznante, frases de este tipo: "Los clanes nos defienden de quienes quieren hacernos daño. Sin la Camorra no podríamos vivir”.
En cuanto a la oposición de centroizquierda, si conoce un método más eficaz que el despliegue del Ejército para derrotar a la mafia, sería todo un detalle que lo compartiera con todos los italianos. Y que lo utilizara cuando le toque gobernar: en los últimos tres lustros ha permanecido en el poder durante más de siete años, pero no en todo ese tiempo no implantó una sola medida capaz de hacer frente al crimen organizado con eficacia. De hecho, hizo más bien todo lo contrario: hace dos años, el Gobierno de Romano Prodi aprobó un indulto que vació las cárceles... y colmó de nuevos integrantes los ejércitos de los clanes.