"He mandado veinte años, y de ellos no he sacado sino pocos resultados ciertos: 1) la América [latina] es ingobernable para nosotros; 2) el que sirve una revolución ara en el mar; 3) la única cosa que se puede hacer en la América [latina] es emigrar; 4) este país [la Gran Colombia, luego dividida en Colombia, Venezuela y Ecuador] caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas; 5) devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; 6) si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de la América [latina]".
La cita se encuentra en el ocasionalmente citado e injustamente postergado libro de Carlos Rangel Del buen salvaje al buen revolucionario.
Antonio Nariño, uno de los precursores del Libertador, había sido encarcelado por publicar en su propia imprenta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo segundo artículo dice: "[El] objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre [...]: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión". En el artículo 17 de la Declaración consta que, "siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, si no es cuando la necesidad pública, legalmente hecha constar, lo exige evidentemente, y bajo la condición de una previa y justa indemnización".
Lo bolivariano y patriótico, sin embargo, en la lectura chavista del pasado, no es la defensa de la propiedad. En la Venezuela de hoy se ha impuesto el criterio del marxismo vulgar, de acuerdo con el cual el origen de todos los males se encuentra en ella. Todos los males que no se deban al imperialismo, se entiende, aunque el fundamento del imperialismo sea, cómo no, la propiedad. Mucho antes de constatar con amargura que la emigración era el único destino de los hispanoamericanos lúcidos y decentes, en 1814, Bolívar había recomendado huir del país "donde uno solo ejerza todos los poderes", porque "es un país de esclavos".El tiranuelo Hugo Chávez Frías ha iniciado un proceso expropiador, sin justificación de necesidad pública ni condición de previa y justa indemnización, contra empresas agroindustriales de capital venezolano y extranjero. Se ha alzado con centenares de hectáreas y miles de cabezas de ganado.
Richard Vivas se llama el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela, el sujeto que se ha permitido decir que se "estudia" la expropiación de 317 fincas, con un total de 3 millones de hectáreas, alrededor del 3% de la superficie del país, por considerárselas tierras "ociosas".
Marcela Máspero es la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, el instrumento sindical oficial del chavismo, que se ha encargado de anunciar la ocupación de 800 empresas "inoperantes".
Las empresas acusadas de tener capacidad ociosa serán declaradas "de interés social" por un Gobierno que, según afirma Alejandro Gómez en El Nuevo Herald, ha aumentado el gasto público en un 600%.
"Utilizando efectivos militares y tácticas intimidatorias, el gobierno venezolano ha intervenido complejos agroindustriales en diversos estados productores de Venezuela, incluyendo propiedades de grupos como el norteamericano Heinz, el italiano Parmalat, el venezolano Polar y el británico Vestey, el mayor productor de carne de Inglaterra", dice la información de prensa recogida por el medio digital urgente24.info.
Naturalmente, las empresas afectadas han recurrido ante la justicia, conscientes de que es la justicia chavista y no cualquier otra. Polar denunció la ocupación militar de sus instalaciones por orden del "ciudadano ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán", como es de rigor mencionar a los altos cargos en la parodia de revolución francesa que se vive hoy en Venezuela. Heinz pidió una clarificación de las acciones, ya que "los objetivos sociales no pueden estar por encima de la ley". El Vestey Group vio cómo los soldados ocupaban una finca de su propiedad, de 27.000 hectáreas, y espera la intervención "inminente" de otras dos fincas con casi 30.000 cabezas de ganado en la frontera con Colombia. A principios de enero pasado otra propiedad de Vestey, de 13.000 hectáreas, la hacienda El Charcote, fue la primera de una serie de intervenciones de "latifundios" anunciada por el Gobierno, que incluyó la firma Venepal, una productora de papel parcialmente controlada por la transnacional Smurfit, estadounidense, cuyas instalaciones incluían molinos, lotes de viviendas, una escuela, un estadio de béisbol, un hotel con piscina y un aeropuerto.
Hiram Gaviria, de la sociedad de productores Alianza Agroalimentaria y ex ministro de Agricultura durante el Gobierno de Rafael Caldera, dijo que "con esta oleada [de expropiaciones] se busca ocultar el fracaso en materia agrícola alimentaria del Gobierno", estimando en 2.400 millones de dólares la cifra que la Administración Chávez gastó en 2004 para importar alimentos y materia prima.El oficialista Alberto Garrido declaró que "no hay revolución sin revolución agraria", y que las "expropiaciones instalan las bases del socialismo que Chávez ha anunciado". En la orilla opuesta, el opositor Américo Martín dijo que "el Gobierno pretende asumir el control de la distribución interna de los productos agrícolas, y esto pasa por golpear fuertemente a las trasnacionales agroindustriales", aclarando que el objetivo de las expropiaciones es crear un sistema cogestionario para administrar las haciendas, "exactamente lo que hizo Allende en Chile, bajo la presión de los sectores más radicales del régimen", lo cual "provocó una catástrofe económica muy grande, porque sencillamente no estaban en capacidad de mantener una producción y una oferta eficiente. Y, en consecuencia, quebraron".
Pero ninguno de los dos habla de propiedad privada, noción a todas luces blasfema.
El jueves pasado, el Financial Times publicó un artículo de Andy Webb-Vidal en el que se afirmaba que el superintendente de bancos de Venezuela, Trino Alcides Díaz, habría dicho en privado a los directivos de varios bancos que Chávez "se prepara para tomar el control político de los bancos privados como parte de un impulso al control del gobierno revolucionario" sobre la economía, colocando dos representantes suyos en los directorios de varios bancos en Venezuela, incluyendo Banco de Venezuela, del grupo Santander, y el Banco Provincial, del Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
El viernes, tanto Díaz como el ciudadano ministro de Finanzas Nelson Merentes salieron a desmentir la especie. Lo cual no representa ninguna garantía, a la vista de cómo están las cosas. Algo tendrán que decir al respecto los bancos implicados en la información, pero nada he encontrado todavía en la red. En todo caso, el río suena, y no hay razón alguna para pensar que lo que se hace con la industria no se vaya a hacer con la banca.
Ni la libertad ni la propiedad son respetadas en Venezuela, ni se vive en el país con seguridad. Queda la resistencia a la opresión: ¿habrá quien esté interesado en ella? Porque hay en torno de todo esto una extraña pasividad.