Esas elecciones para nada serán justas. Chávez no solo controla la mayoría de los medios de comunicación venezolanos, sino que su gobierno está aumentando drásticamente el gasto en programas sociales. Alrededor de 8,5 millones de venezolanos reciben algún tipo de ingreso permanente o asistencia por parte del Estado: 4 millones de ellos son empleados públicos. El régimen chavista amenaza e intimida a quienes reciben ayudas estatales y se atreven a mostrar algún tipo de simpatía hacia la oposición. Por otra parte, ya que el voto en Venezuela es electrónico, muchos temen –tal vez justificadamente– que su voto no sea secreto. El gobierno alimenta tácitamente estos temores.
Eso no es todo. Chávez controla el Consejo Nacional Electoral (CNE). Debido a la incapacidad mostrada por la oposición en el pasado para vigilar cada uno de los centros de votación, los resultados que sean anunciados el día de las elecciones podrían no ser exactos. Por lo general, el CNE se toma mucho más tiempo del necesario para tabular los resultados de cada votación –algo inusual en un sistema electrónico–, lo cual ha incrementado los temores de que se produzca algún tipo de actividad fraudulenta.
El registro electoral es motivo de honda preocupación. En un estudio publicado por el Cato en 2006, Gustavo Coronel abundó en sus muchas irregularidades, como
la existencia de 39.000 votantes mayores de 100 años. Esa cantidad de personas dentro de ese grupo etario equivale a la existente en Estados Unidos, donde la población es 10 veces mayor. De esas 39.000 personas, 17.000 nacieron en el siglo XIX, ¡y una tiene 175 años de edad y sigue trabajando! Diecinueve mil votantes comparten día y año de nacimiento en el estado Zulia. Hay miles de personas que viven en la misma dirección.
De tal forma, sobre el apoyo de sus seguidores (algunos entusiastas, otros intimidados), que fluctúa en torno al 45%, Chávez también puede confiar en un sólido colchón de fraude electoral si no consigue los votos suficientes para ser reelegido. He hablado con algunos venezolanos que dicen que dicho margen puede incluso ser equivalente a ocho puntos porcentuales. Es decir, si la elección se decide por menos de esos ocho puntos, y es casi seguro que ése será el caso, Chávez podría alterar los resultados a su favor.
La oposición se ha comprometido a tener fiscales en cada uno de los centros de votación. Por su parte, el CNE probablemente impida que acudan observadores internacionales, lo que posibilitará que en la noche electoral la oposición y el propio CNE difundan resultados contradictorios. Lo que suceda después es una incógnita.
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