Pero el tiro le salió por la culata. Gracias a la celeridad, rectitud y determinación de las autoridades de ambos países, Fujimori está hoy preso en Santiago, y todo indica que, lejos de volver a Lima como un desafiante candidato presidencial, lo hará como un prófugo capturado en el exterior. Es decir, como merece. Si éste fuera el desenlace, al fin enfrentará los delitos cometidos durante el período más autocrático y arbitrario de sus 10 años de gobierno. Ante ellos, la condena será inevitable, para bien de la democracia y de la lucha contra la impunidad en todo el Hemisferio.
La arrogancia que trasluce su fallida maniobra ha sido una constante en su carrera política. El primer mandato lo ganó limpiamente en 1990, tras superar en una segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa. Su Gobierno de entonces realizó importantes aportes; en especial, derrotar al grupo terrorista Sendero Luminoso, estabilizar la economía y extender los servicios de educación y salud.
Sin embargo, al término de su mandato de cinco años se embarcó en una vorágine de autoritarismo, arbitrariedad, corrupción y represión. De la mano de Vladimiro Montesinos, perverso jefe de seguridad, secuestró las instituciones democráticas de Perú, sumió el país en el oscurantismo y pretendió perpetuarse con reformas constitucionales a la medida, que lo condujeron a dos ilegítimas reelecciones, en 1995 y 2000. Pero los comicios de este último año fueron tan deshonestos, y el rechazo nacional e internacional tan enérgico, que el Congreso peruano lo inhabilitó para ejercer un tercer período.
Huyó entonces a Japón. Allí se refugió bajo el amparo de su doble nacionalidad japonesa, la comodidad de los millones amasados en el poder y la cómplice actitud de las autoridades anfitrionas, que aún lo protegen. Insatisfecho con su situación, hace pocos meses fundó un partido político, obtuvo un nuevo pasaporte peruano y, a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2011, presentó su candidatura para las elecciones del próximo abril. La encuesta más reciente le daba un 15% de las intenciones de voto, un porcentaje nada despreciable en el disperso panorama político peruano.Su estrategia parecía encaminada a renunciar en algún momento a la postulación, ser sustituido por un títere y elegir un importante grupo de congresistas, con el cual negociar algún tipo de arreglo a su situación legal. La jugada chilena era un paso en ese sentido. Pero, en lugar de avanzar, se desplomó. Hoy, el cerco se ha cerrado a su alrededor.
A pesar de las tensiones diplomáticas entre Perú y Chile, en este caso las disputas territoriales han sido puestas en un segundo plano. En su lugar han prevalecido el derecho internacional y la doctrina de cero impunidad frente a los delitos de los ex dictadores, la misma que tiene al general Augusto Pinochet ante a la justicia.
Los abogados de Fujimori están haciendo lo posible por entorpecer el proceso de extradición, deslegitimar los cargos en su contra y, eventualmente, impedir que sea enviado como reo a Lima. Pero el Gobierno de Alejandro Toledo se ha movilizado enérgicamente para obtener una pronta extradición. El camino quedó mucho más allanado cuando la Corte Suprema peruana de Justicia dio curso a nueve pedidos de extradición, elaborados por la Procuraduría del Estado, para ser presentados ante los tribunales chilenos.