El origen de todo esto se remonta a la noticia que explicaba que Berlín había pagado a un estafador profesional a cambio de información bancaria robada a un Estado vecino del alemán: Liechtenstein.
Al parecer, Frau Merkel no entiende la indignación del Principado. Tanto el príncipe Hans-Adam II como su heredero, Alois, se han apresurado a salir en defensa de la libertad de sus 35.000 conciudadanos. Para ambos, robar información es ilegal. Y para nuestra legislación también, como dejaba claro el otro día Expansión:
La Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que "no surtirán efectos las pruebas obtenidas de forma ilícita, vulnerando derechos y libertades fundamentales".
La evasión de impuestos es importante en Alemania, como lo es en los demás países involucrados en el affaire (Francia, Suiza, España, Nueva Zelanda, Italia, Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos). La transmisión de la información ha sido inmediata: hay que ponerse manos a la obra y denigrar a quien se atreva a desafiar la injerencia del Gobierno alemán en instituciones que están fuera de su alcance. No sorprende esa actitud airada de un Gobierno que puede acceder a los datos bancarios de la ciudadanía (sin autorización previa de un juez) y que además puede hacerlo sin que ésta sepa en qué momento le van a fisgar las cuentas.
Tampoco sorprende que la gente se lleve sus dineros fuera de Alemania, si tenemos en cuenta que allí, de acuerdo con un informe de la Fundación Heritage, el impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo del 45% (más un 5,5% en concepto de "carga solidaria extra", lo que hace un total del 47,5%) y el tipo impositivo efectivo en el impuesto de sociedades puede rondar el 39%. Hay que añadir el IVA, que oscila entre el 13 y el 20%. Mientras la recaudación supone un 34,7% del PIB, el gasto del Gobierno representa un 46,9% del mismo. ¿Cómo no van a querer los ahorradores sacar el dinero ganado honradamente fuera del país?
Sin embargo, tanto Frau Merkel como el resto de los dirigentes de los países afectados han puesto el grito en el cielo y reclamado que la Unión Europea tome medidas, que cambie sus normas, ¡que haga algo! Y es que la propia Merkel no puede evitar el coladero de gente que decide llevarse sus ahorros antes de que se los quite el Gobierno.Como declaró el príncipe heredero Alois el pasado 19 de febrero en rueda de prensa, la Unión Europea ya tiene sus mecanismos de colaboración para luchar contra el fraude, y su principado ha firmado y cumple esos acuerdos. No solamente eso: es que Liechtenstein dispone de una policía específica para prevenir los delitos financieros desde antes que la propia Alemania. Asimismo, Alois planteó cuestiones espinosas que Alemania no ha contestado. Como, por ejemplo, si un Estado amigo puede violar las leyes de otro Estado amigo, incluso sus propias leyes, para conseguir datos, y si un Estado puede acusar a sus ciudadanos antes de que un juez dicte sentencia. El príncipe dejó claro que Alemania no puede saltarse el derecho internacional, por más líder europeo que quiera ser. Sobre todo cuando ese liderazgo cuestiona el rule of law de otro Estado.
Este término, mal traducido al castellano, como explica Pedro Schwartz en su libro En busca de Montesquieu, no significa "Estado de Derecho" sino "soberanía de la ley". Y es que no basta con que un mandato adopte forma de ley para que impere en un Estado: esa ley ha de cumplir unos requisitos (ser universal, etc.). Las necesidades fiscales de un Gobierno sobredimensionado, por más que estén recogidas en una ley, no pueden imponerse, y menos a otro Estado tan soberano como el primero y con sus propias leyes. Y mucho menos, tal y como apunta el príncipe Alois, cuando se trata de uno de los Estados más pequeños de Europa (apenas 160 km2) y las maneras de los mandatarios alemanes son de grandullón de patio de colegio.
Por supuesto que los opositores de Alois se han unido a las voces de quienes tratan de ensombrecer la imagen de la Familia Real de Liechtenstein con el único argumento de la falta de vehemencia habitual de aquél, lo que demostraría que ha sido su padre quien le ha instado a excederse y que depende mucho de éste. Estas críticas, tan cogidas por los pelos y carentes de sustancia, no hacen sino dar más relevancia a las declaraciones del heredero en defensa de la libertad. Por otro lado, las declaraciones de los súbditos anónimos contradicen este aluvión de críticas y presentan a una población encantada de tener un cabeza de Estado que defienda su independencia frente a las grandes potencias vecinas y, sobre todo, su libertad.
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