Sin embargo, en el caso de los secuestrados que las FARC mantienen bajo su poder para chantajear al país, la presión de la guerrilla, con su amenaza de asesinar a los cautivos en el caso de que se presente un intento de rescate, ha surtido el efecto de maniatar a las Fuerzas de Seguridad del Estado e impedir que las autoridades cumplan con su deber constitucional. Incluso se ha colgado una losa sobre el cuello del presidente de la república, a quien algunos culpan de la permanencia de estas personas en poder de la guerrilla –y ahora de sus muertes– por no ceder a un mal llamado "intercambio humanitario" en las condiciones que exigen los facinerosos.
Por eso, cuando se supo de la muerte de los once ex diputados del Departamento del Valle se pensó en un fracasado operativo de rescate, hasta que se hicieron evidentes los términos del comunicado de las FARC. Ni siquiera fue necesario que el Gobierno emitiera su réplica para notar que todas las evidencias demostraban que no hubo "fuego cruzado", sino una siniestra masacre cometida por la guerrilla, un vulgar fusilamiento de once personas que llevaban cinco años padeciendo un atroz secuestro.
El comunicado de la guerrilla habla por sí solo: dice que el crimen fue cometido el 18 de junio, pero sólo fue dado a conocer diez días después; algo inusual: de haberse dado un rescate con un desenlace fatal, lo habría denunciado en cuestión de horas. Afirma también que el "ataque" fue perpetrado por un "grupo militar sin identificar"; es decir, no se atreve a acusar al Ejército o a la Policía, como acostumbra hacer. Se sabe que desde finales del año anterior los secuestrados corrían peligro por los combates que han sostenido guerrilleros de las FARC con sus homólogos del ELN. Incluso podría darse la posibilidad de combates con paramilitares o narcotraficantes, pero es una opción muy remota.
En cualquier caso, la teoría del "fuego cruzado" es incoherente, puesto que, gracias a informaciones de desmovilizados de las FARC, a análisis de inteligencia y a datos conocidos por los parientes de los secuestrados, se sabe que éstos estaban divididos en grupos. Como bien infiere el Gobierno, es inverosímil que ahora aparezcan juntos y que todos hayan muerto en medio de un combate, sin un solo herido ni un solo ileso. No se habla tampoco de guerrilleros muertos o heridos, ni de enemigos.La verdad sólo podría conocerse mediante un estudio científico de los cadáveres. Se tiene el antecedente del capitán Julián Ernesto Guevara, que murió en cautiverio a comienzos de 2006, pero hasta la fecha no se tiene noticia de sus restos mortales. Los cadáveres "hablan", y si la guerrilla sabe que sus "testimonios" no van a favorecerle, no los entregará de manera expedita. Incluso no sería raro que los diputados fueran más útiles para las FARC ahora que están muertos que mientras estaban vivos, porque el Gobierno recibirá aún más presiones para que ceda ante cualquier chantaje y recupere los cuerpos, con el objeto de que pueda dárseles cristiana sepultura; mientras, las FARC alargarán e imposibilitarán la entrega tanto como crean necesario.
Muchos incrédulos se estarán preguntando: ¿para qué querrían las FARC asesinarlos, después de cinco años? El asunto no es tan descabellado desde la óptica de la guerrilla: el 6 de junio la Armada abatió a Jota Jota, el cabecilla que secuestró a los diputados; la noticia se conoció el 16; la ejecución fue el 18. ¿Coincidencia o represalia?
Hace un mes, con la liberación de cerca de 200 guerrilleros, entre los que se contaba el terrorista Rodrigo Granda, se demostró que a las FARC no les interesa el canje, sino el protagonismo que puedan tener en una negociación y los réditos políticos y militares que puedan sacar de ello. A cambio, con este crimen, la guerrilla desestimó cualquier compromiso pactado con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, pues nadie creerá que él pidió la libertad de Granda sólo porque tenía un par de vodkas en la cabeza.
Cuando los delincuentes vulgares –y eso son las FARC– toman rehenes, los van asesinando para que se cumplan sus exigencias. Ésa es la respuesta del ala dura (y desalmada) de las FARC, que lleva 40 años imponiéndose al ala política.
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