¿Qué hubiera pasado si alguno de aquellos energúmenos le hubiera disparado? ¿Hubiese comenzado una suerte de guerra civil, en la que acaso habrían muerto miles de ecuatorianos?
A ese hombre hay que serenarlo. El temperamento colérico no es el mejor para gobernar. En todo caso, lo que se ve es sólo una parte del problema. Aparentemente, la policía nacional ecuatoriana se insubordinó porque el parlamento había aprobado una ley que eliminaba ciertos privilegios de poca monta que beneficiaban a los uniformados: unos bonos cada cierto número de años, cestas navideñas y otras minucias que aliviaban las precarias condiciones de vida de los policías y sus familias.
Eso no es falso, pero el origen del mal es mucho más profundo: la absoluta indiferencia ante la ley que existe en ese país y en casi toda América Latina. Es verdad que los policías ecuatorianos actuaron de una manera censurable, que les ganó el rechazo de toda América, desde Estados Unidos a la Argentina, pero también es cierto que el presidente Correa ha actuado como le ha dado la gana con el poder legislativo y con el judicial, que ha utilizado porristas para acosar a sus adversarios; que insulta a quien quiere, que mantiene en constante jaque a la prensa y que nada o casi nada ha hecho por frenar la corrupción, que pudre hasta el tuétano su país: 2,2 luce en la escala de Transparencia Internacional, donde el 10 es la puntuación más alta (honradez) y el 1 la más baja (deshonestidad).
Se supone que cualquier país que caiga por debajo de 5 en la escala de Transparencia tiene un grave problema de corrupción, que va más allá del número de personas que en él violan las leyes. Eso quiere decir que el poder judicial no funciona adecuadamente, que es tanto como admitir que la institución clave de cualquier sociedad moderna está en crisis. Por debajo del 4 encontramos a México (3,3), Guatemala (3,4), Panamá (3,4), El Salvador (3,4), Colombia (3,7) y Brasil (3,7). Además de Ecuador, por debajo del 3 caen Paraguay (2,1), Bolivia (2,7), Argentina (2,9), Honduras (2,5) y Nicaragua (2,5). ¿El país más corrupto de América Latina? Venezuela (1,9). ¿Por encima del 5, en la franja honorable? Costa Rica (5,3) y Puerto Rico (5,8). ¿Los más honrados? Chile (6,7) y Uruguay (6,7), ambos por encima de países como España (6,1) y muy cerca de Francia (6,9).
Es un mal latinoamericano. El gobierno mexicano, por ejemplo, está empeñado en sanear la terriblemente corrupta policía, pero no hace nada con las estructuras políticas que saquean el país desde hace dos siglos, y muy especialmente desde que el PRI, hace ochenta años, institucionalizó el desvalijamiento metódico de los presupuestos públicos a todos los niveles del Estado. ¿Por qué muchos policías no van a pactar con los narcos, si saben que numerosos políticos y funcionarios de alto rango utilizan sus cargos para enriquecerse ilícitamente? No es posible que la clase dirigente de una sociedad elija selectivamente qué leyes se cumplen y qué leyes se violan, o quiénes están autorizados a romper las normas impunemente y quiénes deben pagar por ello.
¿Terminó el incidente ecuatoriano con el rescate del presidente? No lo creo. La famosa revolución ciudadana, que proclama y defiende Correa, como se vio en este episodio, es más un fenómeno de agitación y sobresalto que de serena corrección de los males endémicos que afectan al país. Correa ha tenido problemas graves con las organizaciones de indígenas, con los maestros, con los universitarios, con los periodistas, con los empresarios. Es verdad que los conflictos forman parte de la realidad de cualquier gobierno, pero donde se equivoca este impetuoso político es en la manera de enfrentarlos. No acaba de entender que él fue elegido para solucionar problemas, no para crearlos ni agravarlos.