La abrumadora cuota de sacrificio que ha pagado y sigue pagando Colombia en esta guerra decretada desde el Norte es algo que no podemos olvidar. Y el tema tampoco se puede evadir, porque cada día nos sale al paso. Dos hechos recientes ilustran bien cómo el asunto de la droga brinca por todos lados.
En Colombia, el Senado votó finalmente una reforma constitucional que prohíbe –aunque no llega a penalizar– el porte y consumo de la célebre dosis mínima. Y en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que ordena revisar –por ineficaz y ruinosa– la estrategia antinarcóticos que lidera Washington en el Hemisferio Occidental. Apenas una de las muchas caras contradictorias de esta guerra fallida.
En el país que la inspira, y que ha gastado miles de miles de millones de dólares en reprimir la oferta y demanda de drogas ilícitas, Gobierno y Congreso buscan ahora un "nuevo enfoque", más orientado a la prevención y el tratamiento que a lo penal o represivo. En Colombia, que humana y socialmente ha pagado un costo más alto, por estar a la vanguardia de esta guerra, el Gobierno promueve una ley que enfatiza un aspecto prohibicionista y policial que el resto del mundo está abandonando.
Recientemente fue aprobada la reforma constitucional más inocua y anodina de la reciente historia de Colombia. Porque la nueva ley sobre la dosis mínima –que el Gobierno convirtió en "punto de honor"– no cambiará absolutamente nada. Quedará como un simple canto a la bandera y un homenaje a la testarudez del presidente Uribe, al que hay que abonarle que sabe sacar adelante sus obsesiones.
Como bien dijera el historiador Jorge Orlando Melo, "como no se puede capturar a los vendedores, se dedicará la Policía y la Justicia, ya sobrecargadas e incapaces de atender los delitos graves, a buscar infractores y llevarlos a los médicos para que decidan si son adictos o consumidores recreativos". Increíble, pero cierto. Para no hablar de la inmortal frase del ministro Valencia Cossio, según la cual esta ley constituye "un paso histórico en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de droga".
Histórico podría resultar el replanteamiento que anuncia Estados Unidos de su estrategia antinarcóticos, presionado por sus enormes costos en tiempos de crisis, por la falta de resultados y por hechos como que el 40% de la población ha probado la marihuana, hoy legalizada para fines medicinales en 14 estados. Tampoco deja de ser significativo que Clinton, Bush y Obama consumieran "sustancias psicoactivas ilícitas" en algún momento de sus vidas, y que el tema de la legalización se debata de forma cada vez más abierta.
Falta ver si el replanteamiento gringo se limitará a sus políticas domésticas o se extenderá a estas latitudes, donde las políticas de erradicación, criminalización, militarización y extradición tampoco han hecho mella al narcotráfico. Nada de raro tendría que EEUU apostara por el puño de hierro afuera y por el guante de seda en casa.
Esa es, precisamente, la percepción que existe en México, el país que actualmente está pagando el más terrible costo en la guerra contra la droga. Lleva más de 14.000 muertos en tres años, desde que el presidente Calderón, aguijoneado por EEUU, decretó su ofensiva militar contra los cárteles. Una matazón que no se veía desde la Revolución Mexicana y que recuerda las peores épocas de nuestra narcoviolencia.
Para muchos mexicanos resulta no solo irónico sino inaceptable que mientras EEUU trata las drogas cada vez más como un problema social y médico, México fomente la guerra a muerte contra las mismas. "Salud para los americanos, guerra para los mexicanos", es el amargo reproche.
Los colombianos, tan duchos y sufridos en estas lides, debemos seguir de cerca cómo EEUU reformula sus políticas antidroga y estar atentos a la tragedia mexicana. Dos caras de una misma realidad que nos afecta directamente.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, periodista colombiano.
En Colombia, el Senado votó finalmente una reforma constitucional que prohíbe –aunque no llega a penalizar– el porte y consumo de la célebre dosis mínima. Y en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que ordena revisar –por ineficaz y ruinosa– la estrategia antinarcóticos que lidera Washington en el Hemisferio Occidental. Apenas una de las muchas caras contradictorias de esta guerra fallida.
En el país que la inspira, y que ha gastado miles de miles de millones de dólares en reprimir la oferta y demanda de drogas ilícitas, Gobierno y Congreso buscan ahora un "nuevo enfoque", más orientado a la prevención y el tratamiento que a lo penal o represivo. En Colombia, que humana y socialmente ha pagado un costo más alto, por estar a la vanguardia de esta guerra, el Gobierno promueve una ley que enfatiza un aspecto prohibicionista y policial que el resto del mundo está abandonando.
Recientemente fue aprobada la reforma constitucional más inocua y anodina de la reciente historia de Colombia. Porque la nueva ley sobre la dosis mínima –que el Gobierno convirtió en "punto de honor"– no cambiará absolutamente nada. Quedará como un simple canto a la bandera y un homenaje a la testarudez del presidente Uribe, al que hay que abonarle que sabe sacar adelante sus obsesiones.
Como bien dijera el historiador Jorge Orlando Melo, "como no se puede capturar a los vendedores, se dedicará la Policía y la Justicia, ya sobrecargadas e incapaces de atender los delitos graves, a buscar infractores y llevarlos a los médicos para que decidan si son adictos o consumidores recreativos". Increíble, pero cierto. Para no hablar de la inmortal frase del ministro Valencia Cossio, según la cual esta ley constituye "un paso histórico en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de droga".Histórico podría resultar el replanteamiento que anuncia Estados Unidos de su estrategia antinarcóticos, presionado por sus enormes costos en tiempos de crisis, por la falta de resultados y por hechos como que el 40% de la población ha probado la marihuana, hoy legalizada para fines medicinales en 14 estados. Tampoco deja de ser significativo que Clinton, Bush y Obama consumieran "sustancias psicoactivas ilícitas" en algún momento de sus vidas, y que el tema de la legalización se debata de forma cada vez más abierta.
Falta ver si el replanteamiento gringo se limitará a sus políticas domésticas o se extenderá a estas latitudes, donde las políticas de erradicación, criminalización, militarización y extradición tampoco han hecho mella al narcotráfico. Nada de raro tendría que EEUU apostara por el puño de hierro afuera y por el guante de seda en casa.
Esa es, precisamente, la percepción que existe en México, el país que actualmente está pagando el más terrible costo en la guerra contra la droga. Lleva más de 14.000 muertos en tres años, desde que el presidente Calderón, aguijoneado por EEUU, decretó su ofensiva militar contra los cárteles. Una matazón que no se veía desde la Revolución Mexicana y que recuerda las peores épocas de nuestra narcoviolencia.
Para muchos mexicanos resulta no solo irónico sino inaceptable que mientras EEUU trata las drogas cada vez más como un problema social y médico, México fomente la guerra a muerte contra las mismas. "Salud para los americanos, guerra para los mexicanos", es el amargo reproche.
Los colombianos, tan duchos y sufridos en estas lides, debemos seguir de cerca cómo EEUU reformula sus políticas antidroga y estar atentos a la tragedia mexicana. Dos caras de una misma realidad que nos afecta directamente.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, periodista colombiano.