Se pretende limitar el derecho del venezolano al entretenimiento que le gusta y a la información en que confía impidiéndole formular propuestas, denuncias y reclamos, eliminando el pluralismo en materia de información y opinión, imposibilitando el libre flujo del pensamiento y la información. Se pretende instaurar un sistema que el mismo Gobierno define como de "hegemonía comunicacional e informativa del Estado".
El 14 de junio de 2006 el presidente Chávez, viestido de militar, dio un discurso durante una entrega de fusiles de asalto AK-103. Tomando un fusil y apuntándolo a un camarógrafo de televisión, dijo: "Con este fusil, que tiene un alcance de mil metros, tú te paras allá arriba y yo, con buena puntería, le doy a la lucecita roja ésa que tiene tu cámara". Luego proclamó: "Hay que revisar las concesiones de las televisoras".
Otros funcionarios repitieron las amenazas, mientras alababan a los medios que han cambiado su línea editorial: "Hay cambios cualitativos en la programación (…), hay otros casos en que no se observa ese cambio, esa rectificación". Y recordaron que el Gobierno está facultado para "no renovar una concesión".
El 3 de noviembre de 2006 Chávez repitió su amenaza: "Sólo les recuerdo (…) que el próximo año (…) no les extrañe que yo diga [que] no hay más concesión a algunos canales de televisión".
El 28 de diciembre, y nuevamente vestido de militar, anunció que no sería renovada la concesión de RCTV. "Ya está redactada la medida, así que vayan apagando los equipos (…) Se le acaba en marzo la concesión". Dos semanas más tarde, en la Asamblea Nacional, afirmó que la concesión de RCTV terminaría en mayo de 2007. Igual contradicción sobre la fecha encontramos en declaraciones de otros funcionarios.Posteriormente, el presidente inició una campaña de difamación contra RCTV y sus directivos, a través de avisos pagados con fondos públicos.
El 13 de enero, en su mensaje anual a la Asamblea Nacional, volvió a cambiar su discurso y afirmó: "Esa señal es de los venezolanos, y será nacionalizada para los venezolanos (…) A RCTV le quedan unos días (…) Chillen, pataleen: hagan lo que hagan, se acabó la concesión".
En RCTV nunca hemos sido informados oficialmente de qué se nos acusa, ni se nos ha esgrimido fundamentación alguna para la retirada de la licencia. Están violando la presunción de inocencia, no hay debido proceso ni existe derecho a la defensa.
Tales acciones transgreden normas expresas contenidas en la Constitución, la Convención Americana sobre DDHH y la Carta Democrática Interamericana. Estamos ante una presión política sobre los medios de comunicación independientes, ante un claro ejemplo de desviación de poder y ante una pretendida justificación legal nunca probada. Se viola así el derecho al trabajo en RCTV, el principio de pluralismo político y, por supuesto, la libertad de pensamiento, expresión e información de millones de ciudadanos, que perderán la libertad de buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole, garantizada por la Convención Americana de DDHH. Un prueba contundente de todo esto fue la declaración del 8 de enero de Andrés Izarra, presidente de Telesur y ex ministro de Comunicación: "Hay que elaborar un nuevo plan (…) hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado".
Cada vez son más las organizaciones gremiales y de Derechos Humanos que alertan sobre el caso de RCTV: Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists, Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Internacional de Radiodifusión, International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, etc. Pero la reacción del presidente Chávez es verbalmente violenta y soez cada vez que alguien osa tener una opinión diferente. Dice y repite que la decisión está tomada: "A RCTV le quedan unos días (…) Chillen, pataleen: hagan lo que hagan, se acabó".
¿Dónde quedan los recursos consagrados en la ley, el derecho a la defensa, la independencia y separación de poderes, todo ello garantizado por la Constitución?¿Qué papel juega el Poder Judicial en Venezuela? ¿Puede la voluntad de una sola persona limitar el acceso a la información, el ejercicio libre del periodismo y la existencia de medios de comunicación independientes?
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