Morales no recuperó la propiedad del petróleo y el gas, dado que éstos siempre fueron del Estado. Por norma constitucional, los yacimientos de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato puede transferirlos. El derecho a explotar los campos de petróleo y gas y comercializar sus productos lo ejerce el Estado mediante la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lo que hizo Morales fue apoderarse de toda la producción, los inmuebles y las instalaciones de las petroleras. No intentaba expropiar, pues Bolivia carece de los recursos para indemnizar a las empresas, sino incumplir los contratos de explotación, apropiarse por la fuerza de los bienes ajenos y violar su propia Ley de Hidrocarburos.
Las reformas económicas de 1996-97, mal llamadas "privatizaciones", crearon un marco legal atractivo para las inversiones, abrieron las actividades de exploración y explotación petrolera a la iniciativa privada y liberaron la exportación y comercialización de hidrocarburos y derivados. No obstante, la participación privada se limitaba a contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con YPFB. Las áreas de exploración fueron adjudicadas en licitaciones internacionales. Las petroleras tenían derecho a construir y operar sus gasoductos para el transporte de su producción y el de terceros. Todas las actividades estaban supervisadas por YPFB. La ley estableció una tasa del 18% sobre el valor del petróleo y el gas en la boca del pozo, en concepto de regalías. La tasa se elevó ahora al 82%.
Los inversionistas se sentían seguros. Pensaban que Bolivia respetaría los tratados y acuerdos internacionales. Habían pasado casi 30 años desde la última nacionalización. Las empresas invirtieron más de 4.600 millones de dólares en la búsqueda de hidrocarburos. La creciente actividad exploratoria consiguió aumentar sustancialmente las reservas conocidas del país, que se multiplicaron nueve veces, pasando de una cantidad insignificante de gas natural de 6 trillones de pies cúbicos en 1996 a 55 en 2004. Este aumento permitió a Bolivia firmar con Brasil un contrato de suministro de 20 años por un total de 7 trillones de pies cúbicos. Las inversiones convirtieron a Bolivia en el segundo productor de gas del continente. El auge del gas incrementó el PIB, los salarios y el ingreso de los hogares. Pero el aumento de las rentas del Gobierno se tradujo no en inversiones en educación, salud e infraestructuras, sino en el enorme crecimiento del Estado y en una mayor dependencia del sector público en el gas. La izquierda radicalizada se fortaleció. La nacionalización era sólo cuestión de tiempo.
Esta es la triste historia de América Latina. Muy diferente hubiera sido si, en lugar de la propiedad estatal de los hidrocarburos de la tradición española, se hubiera heredado el sistema jurídico británico, que reconoce que "aquel a quien pertenezca el suelo, también es dueño de todo lo que se encuentra por encima y por debajo, hasta el cielo y el infierno". En EEUU la propiedad privada del subsuelo estimuló la inversión e innovación tecnológica, convirtiendo la actividad petrolera en inmensa fuente de riquezas para la gente.
La nacionalización es una tragedia para Bolivia. Dentro de 20 años, muchos habrán olvidado la "patriótica" decisión de Evo Morales, pero los bolivianos se preguntarán por qué se han empobrecido, por qué sufren un embargo financiero internacional, por qué la actividad petrolera se atrofió, por qué no se consigue el capital de riesgo para sacar el gas que está a 6.000 metros de profundidad y por qué los inversionistas de todo el mundo eluden Bolivia como si estuviera maldita.
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