Si llega a la presidencia Mariano Rajoy, se parecerá a cualquier otro gobernante que se nos pueda ocurrir, pero muy poco a José María Aznar. Ahora bien, habrá más afinidades entre ellos que las que hay hoy mismo entre Santos y Uribe. Porque lo que está en juego en Colombia es la concepción del Estado y de la lucha contra las FARC.
Estuve en Bogotá durante la campaña presidencial de Andrés Pastrana y tengo plena conciencia de lo que se esperaba de él entonces. Como la historia no se puede construir con supuestos, tengo que atenerme a un hecho desolador: Marulanda, Tiro Fijo, humilló al presidente de Colombia y destrozó de un solo golpe cualquier idea relativa a la posibilidad de acabar por las buenas con las FARC. Lo que se perdió en aquel célebre plantón de Tiro Fijo a Pastrana fue la noción de que el Estado pudiera negociar en pie de igualdad con una organización terrorista. Ratifico: en pie de igualdad. Como si los narcoterroristas y traficantes de armas de las FARC fuesen un Estado paralelo, incluso alternativo, al Estado real colombiano, que ciertamente, como se ha sostenido en repetidas ocasiones, no abarca ni puede proteger todo el territorio. Lo que no basta para ponerlo en duda. Tampoco los Estados Unidos rigieron como tales en todo su territorio nominal hasta un siglo después de la declaración de su independencia.
Álvaro Uribe vino a corregir ese desaguisado, poniendo cada cosa en su lugar: el Estado y la organización terrorista. Nunca antes se habían logrado tantos avances en ese terreno. Y nunca antes habían sido tan claros los límites entre unos y otros.
Desde su llegada al poder, Santos dejó claro que las cosas ya no iban a ser iguales. Empezó por mejorar las relaciones con Venezuela, y ha llegado al extremo de decir que había que "pasar página". La semana pasada, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, dio a conocer un informe en el que precisa las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, consecuencia del análisis del ordenador y los documentos en poder de Raúl Reyes, según informa Salud Hernández-Mora en El Mundo del pasado viernes. En el artículo de Hernández-Mora se sostiene que los servicios de inteligencia venezolanos, tras el golpe de estado fallido de 2002,
prometieron apoyo (a las FARC) y en contraprestación la organización criminal se comprometía tanto a formar grupos paramilitares para neutralizar intentonas golpistas como a enviar sicarios que asesinaran opositores molestos.
También se recogen en el texto declaraciones de Nigel Inkster, director del IISS para Amenazas Transnacionales y Riesgo Político, y supervisor del estudio del que hablamos:
Chávez quiso proteger a las FARC en caso de una invasión armada de Estados Unidos y concibió al grupo terrorista como parte de un frente revolucionario continental.
Por otra parte, el experto colombiano en seguridad Alfredo Rangel dice que "fue política de Estado de Chávez el derrocamiento del gobierno colombiano [de Uribe] a través del fortalecimiento estratégico de las FARC", a las que prometió 300 millones de dólares.
¿Quién encargó al IISS este trabajo y le entregó los materiales de Reyes? El ministro de Defensa de Uribe en 2008, que era, a la sazón, Juan Manuel Santos, hoy presidente, que tiene por "nuevo mejor amigo" (sic) a su vecino Chávez.
Explica Ramón Pérez-Maura en su columna de ABC del domingo 15 de mayo:
Se está tramitando en el Congreso una Ley de Víctimas en cuyo artículo 3 se hace una referencia al "conflicto armado" que vive Colombia. Es una ley en la que se iguala a todas las víctimas –sea quien fuere el que las provocó–. Uribe ha salido lanza en astillero a arremeter contra la iniciativa: dice que hablar de conflicto armado daría a las FARC un estatuto de beligerancia frente al de terroristas que tienen en la actualidad –y desde la Presidencia de Andrés Pastrana–. Si ya es de por sí grave la discrepancia, la escenificación de la misma ha sido especialmente penosa. El lunes Uribe reunió a los portavoces de su Partido de la U para bloquear el proceso y varios comparecieron con él para denunciarlo. El martes, el presidente Santos comparecía con los mismos voceros y otros congresistas del Partido de la U además de altos mandos militares para discrepar del presidente Uribe y manifestar su voluntad de llevar la Ley de Víctimas adelante.
Todo esto tenía que saltar a la luz pública tarde o temprano, y Santos venía adelantando su posición desde hacía tiempo. Por si a alguien en España se le ha olvidado, o le cuesta relacionar una cosa con la otra, recuerdo a mis lectores que hace un mes que el presidente colombiano visitó España y no se recató en decir que contaba con la asesoría de Baltasar Garzón en esta nueva etapa política en relación con las FARC: "El conocimiento del juez Baltasar Garzón para nosotros es muy útil (...) El juez Baltasar Garzón ha sido una de las personas que más ha debilitado a ETA y al crimen organizado (...) El problema del juez con las Cortes Españolas es con las Cortes Españolas y yo no me voy a meter ahí", explicó.
Bueno, en esto está Santos. En dar un paso atrás en casi todo. Nadie le pide que vaya a la guerra con Venezuela ni nada parecido. Sólo que preserve algunos principios.
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