Por una parte se ha considerado indigno el intercambio de personas honestas por delincuentes que, en muchas ocasiones, han cometido crímenes de lesa humanidad. Por otra parte existe el temor de que estos subversivos retornen a la guerra y den nuevos bríos a un grupo rebelde que está sufriendo las duras y las maduras.
Sin embargo, el planteamiento de Pardo es claro: mientras algunos secuestrados, como los cabos del Ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio Martínez, cumplirán en diciembre diez años de cautiverio en los campos de concentración de las FARC; mientras el actual canciller, Fernando Araujo, había completado seis al momento de su fuga y el subintendente John Frank Pinchao casi ocho; mientras el capitán Julián Ernesto Guevara murió en cautiverio, víctima, al parecer, de alguna enfermedad, y otros han sufrido hepatitis, diabetes, leishmaniasis, etcétera, y mientras el hijo de Clara Rojas está secuestrado desde que estaba en el vientre de su madre, los guerrilleros presos gozan de buena salud, tienen visitas cuando quieren, disfrutan de todas las garantías procesales y, lo más importante, salen libres rápidamente por cumplimiento de pena –gracias a la laxitud de nuestra legislación–, por falta de pruebas o porque se fugan.
Por eso es gracioso que ahora algunos vengan a darse golpes de pecho por la liberación de cerca de 200 guerrilleros. Francisco Galán, del ELN, fue liberado para que fungiera como intermediario de paz en unos acercamientos que aún no han dado frutos. Otro líder de ese grupo, Felipe Torres, salió de la cárcel en octubre de 2003 tras purgar sólo 9 de los 20 años a que había sido condenado, como si se tratara apenas de un combatiente raso al que no se le pudieran atribuir responsabilidades mayores. Yesid Arteta, jefe del Frente 29 de las FARC, abandonó la prisión en julio de 2006 tras pagar sólo diez años de condena por los delitos de rebelión, porte ilegal de armas, terrorismo, secuestro y homicidio. Aicardo de Jesús Agudelo, alias el Paisa, comandante del Frente 34 de las FARC, asesino del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y del ex ministro Gilberto Echeverri, fue condenado en 1996 a 48 meses de prisión, pero un juez lo liberó por considerar que no era un peligro para la sociedad.
En mayo de 2003, Wildiman David Quintero, alias Petaco, segundo comandante del Frente 18 de las FARC, autor intelectual y material del asesinato de 24 campesinos en Tierralta (Córdoba) y del derribo de un helicóptero del Ejército que acabó con la vida de 24 militares, quedó libre por orden del juez segundo especializado de Antioquia, quien, a pesar de tener en sus manos documentos probatorios entregados por la Fiscalía y de contar con la confesión del terrorista de haber participado en las tomas de los corregimientos de La Rica y San José, municipio de Puerto Libertador (Córdoba), La Caucana y Santa Ana, en los municipios antioqueños de Tarazá y Briceño, ordenó la libertad de este asesino por considerar que en la orden de captura no había sido plenamente identificado. Días antes, la "justicia" había precluido 13 procesos en contra de Alfredo Arenas, jefe del Frente 22 de las FARC.
Es decir, los guerrilleros van y vienen de las cárceles colombianas sin mayores obstáculos. Eso, sin mencionar la debilidad de los Gobiernos que en el pasado confiaron en falsos propósitos de paz y acuartelaron tropas, realizaron liberaciones masivas de guerrilleros presos o cedieron inmensas zonas del territorio nacional a la subversión.
Lo importante, en este caso, es que el presidente Uribe va a demostrar a la comunidad nacional e internacional que a las FARC no les interesa realizar el canje, sino reincidir en uno de esos juegos que les permiten disminuir la presión del Estado, presión que las sofoca militar y políticamente. Si se despejaran los sitios señalados por aquéllas, Pradera y Florida, tampoco colaborarían. No se olvide que, a finales de 2005, Francia, España y Suiza propusieron establecer un "área de confianza" en el corregimiento El Retiro, en Pradera, y los farucos se hicieron los locos.
© AIPE