Esta desagradable realidad ha provocado que importantes segmentos de la población y, tal vez más relevante aún, del liderazgo político se hayan desencantado con la guerra contra las drogas.
Ya en 2008 había señales del creciente descontento. Rubén Aguilar, exjefe de comunicaciones del presidente, sorprendió a éste y a otros miembros del Partido de Acción Nacional (PAN) al proponer negociar con los cárteles: se trataba, fundamentalmente, de permitirles hacer sus negocios a cambio de que dejaran de secuestrar, torturar y perpetrar asesinatos escalofriantes. Aguilar incluso estaba dispuesto a considerar la legalización de las drogas. "No vamos a eliminar el narcotráfico", dijo en una entrevista, pero "podemos reducir la violencia". A su juicio, tal negociación llevaría a la adopción, por parte de los cárteles, de unas "reglas del juego" menos destructivas.
"Los mexicanos están perdiendo la esperanza, y es urgente que el congreso, los partidos políticos y el presidente reconsideren esta estrategia", dijo el senador Ramón Galindo, un partidario de Calderón, meses después de la referida entrevista. Galindo puede que tenga una perspectiva especial debido a su condición de exalcalde de Ciudad Juárez, epicentro de las matanzas desde que Calderón llegó a la presidencia. Por cierto, en la legislatura de Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez, se celebró en julio de 2009 un debate acerca de si la estrategia de Calderón había sido "un fracaso total".
El gobierno y la gran mayoría de sus aliados políticos cargaron con dureza contra los primeros críticos y rechazaron toda propuesta de diálogo con los cárteles. Un importante diputado descalificó la idea de Aguilar tachándola de "locura". Otro dijo: "No se puede negociar con criminales, mucho menos con organizaciones criminales". Calderón, por su parte, declaró: "Mi gobierno no negocia ni negociará con organizaciones criminales". Prometió "no solo confrontarlas sino derrotarlas con toda la fuerza del Estado".
Pero las cosas no han hecho sino empeorar. No sólo ha continuado creciendo la cifra de víctimas, sino que la violencia se ha extendido a otras zonas fronterizas con EEUU, lo que ha provocado un aumento de la frustración y de la aprehensión tanto entre la ciudadanía como entre las élites.
La deserción más destacada en las filas de los partidarios de la guerra contra las drogas ha sido la del predecesor de Calderón, Vicente Fox. En una conferencia pronunciada el pasado agosto, Fox dijo que quería "iniciar un debate público" acerca de dos propuestas relacionadas: 1) que el gobierno mexicano haga "un llamado a los grupos violentos para llegar a una tregua" y 2) que el gobierno evalúe la conveniencia de una "ley de amnistía".
El expresidente ya publicó en su blog personal, en agosto, un llamado a la legalización de las drogas. Asimismo, pidió una pronta retirada de las fuerzas armadas de las misiones internas de seguridad. Y, en una advertencia final a Calderón, aseveró que la violencia desenfrenada estaba afectando a la reputación internacional del país y socavando la legitimidad del gobierno en el plano doméstico. "La primera responsabilidad del gobierno es proveer seguridad para las personas y sus posesiones", escribió Fox; "hoy vemos que, desafortunadamente, el gobierno mexicano no está cumpliendo con esa responsabilidad".
Fox parece estar más alineado con la opinión pública y las élites que Calderón. Por otro lado, en 2010 un reporte de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, conformada por una docena larga de personalidades políticas y diplomáticas de prestigio, criticó firmemente la guerra contra las drogas. Posteriormente, tres de esos comisionados, entre los que se contaba otro expresidente mexicano, Ernesto Zedillo, publicaron en el Wall Street Journal un artículo en el que afirmaban: "La guerra contra las drogas ha fracasado"; y agregaban:
Las políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, la interdicción y la criminalización del consumo simplemente no han funcionado. La violencia y el crimen asociados con el narcotráfico siguen siendo problemas críticos en nuestros países.
Que Zedillo haya firmado ese artículo –así como el todavía más prestigioso reporte de la Comisión Global de Políticas de Drogas publicado en junio de 2011– es una indicación más de que el descontento con la guerra contra las drogas está creciendo entre la élite política mexicana. El PRD, el tercer partido del país, ha hecho un llamado a la legalización. Santiago Creel, un importante candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó México durante más de siete décadas y que es muy probable que derrote al PAN en las elecciones de julio de 2012, recientemente expresó que si fuese presidente retiraría a las fuerzas armadas de la lucha contra los cárteles.
Irónicamente, conforme el desencanto con la guerra de Calderón contra las drogas crece en México, el respaldo del gobierno de EEUU a esa estrategia parece intensificarse. La administración de Obama no sólo ha continuado financiando con miles de millones de dólares la Iniciativa de Mérida –puesta en marcha en 2007–, sino que las agencias de inteligencia estadounidenses han proporcionado información a las fuerzas de seguridad mexicanas para que realicen redadas contra los jefes de los cárteles. La administración de Obama ha permitido que la policía y las fuerzas armadas mexicanas utilicen territorio estadounidense como punto de partida para redadas finalmente practicadas en EEUU.
El ejemplo más gráfico del creciente respaldo de Washington a la estrategia de Calderón vino con la confirmación, el pasado marzo, de que aviones estadounidenses no tripulados de los tipos Predator y Global Hawk sobrevuelan territorio mexicano para localizar sospechosos de narcotráfico y rastrear sus movimientos. Lo que molestó particularmente a los críticos en el congreso mexicano y a gran parte de la prensa fue saber que esos aviones llevaban cumpliendo tales tareas al menos dos años, sin que nadie fuera del gobierno de Calderón hubiese sido informado.
Esa es una estrategia riesgosa. Dadas las conocidas sensibilidades nacionalistas de los mexicanos, un respaldo así de firme a una estrategia de línea dura contra los cárteles podría causar grandes problemas en las relaciones bilaterales, sobre todo si se tiene en cuenta que las políticas de Washington y la opinión pública al sur del Río Grande se están moviendo en direcciones opuestas.
Los líderes estadounidenses necesitan ser mucho más conscientes de lo que se está pensando en México. La presidencia de Calderón se acaba el próximo otoño y EEUU podría quedarse solo respaldando una política que ya no gozaría del apoyo de los mexicanos ni de sus nuevos gobernantes.
© El Cato
TED GALEN CARPENTER, vicepresidente de estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute.