Abdalá Bucaram fue depuesto, en 1997, sólo seis meses después de alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales. Tres años después, el descabalgado era Jamil Mahuad, luego de desatarse una rebelión militar. El coronel que le sacó del poder, Lucio Gutiérrez, fue a su vez expulsado de la Presidencia por una mayoría de miembros del Congreso en 2005, en un momento en que cobraban vigor las protestas en su contra.
El nuevo presidente del país, Rafael Correa, no está dispuesto a correr la misma suerte. Su retórica se alimenta de la de Hugo Chávez y Fidel Castro: indigenismo, antiliberalismo, soberanismo (ma non troppo: cuando se trata de ayudar a un correligionario a conquistar el poder, las injerencias se convierten en gloriosas muestras de solidaridad internacionalista)..., en fin, nada nuevo bajo el sol. Por lo que hace a sus actuaciones, no ha hecho otra cosa que desgastar la democracia representativa –"democracia de plastilina", en la jerga particular de los de su secta– para reemplazarla por una " democracia liberadora".
Aprovechando que Ecuador se encuentra sometido desde hace años a un acelerado proceso de descomposición (desgaste del Estado de Derecho y del propio Estado nacional, virtual colapso de la representación nacional, etcétera), Correa ha apostado por promover el enfrentamiento entre los representantes de la soberanía nacional y el pueblo, con lo que está sumiendo el país en una situación de gran inestabilidad.
Así las cosas, y estando como está firmemente decidido a no repetir los errores de sus antecesores, Correa ha planteado la celebración de una Constituyente (propuesta que ya en octubre de 2005 rechazó por inconstitucional el Tribunal Supremo Electoral) sin contar con el visto bueno del Congreso. Su propósito, dice, es volver a poner el poder legítimo en manos del pueblo.
Con el respaldo del TSE, Correa está decidido a avanzar en su proyecto, a pesar de la incertidumbre y la conflictividad social que ha generado. El consecuente conflicto político no tiene precedentes. Los legisladores han tratado de sustituir al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber convocado una consulta popular sin la autorización del Congreso, a lo que Acosta ha respondido destituyendo a 57 legisladores contrarios a la convocatoria de la consulta popular. En esta lucha de poder, el TSE se ha autoproclamado soberano recurriendo a un mensaje tan simple como efectivo: la convocatoria del referéndum supone el inicio de un periodo electoral, y en periodo electoral no se puede ir en contra del TSE. Amparándose en el artículo 209 de la Constitución, que le otorga las funciones de "organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales", y en una dudosa interpretación de la ley electoral, el TSE ha decretado una especie de estado de emergencia electoral, vigente desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo: en ese lapso de tiempo, "ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acto alguno que impida u obstaculice la consulta popular; arriesgándose a la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos por el tiempo de un año".
El TSE se ha autodesignado como el único órgano competente y ha retirado la condición parlamentaria de todos aquellos que solicitan que la convocatoria sea aprobada en las Cortes, como establece la Constitución del 98. Asimismo, ha amenazando con la destitución a los jueces que, en el ejercicio de sus funciones y atendiendo a la solicitud de amparo de los congresistas ante la justicia ordinaria, se han atrevido a cuestionar la convocatoria del referéndum.
Mientras, el país se encuentra paralizado, y el Congreso no cuenta con el quorum suficiente para proseguir con sus trabajos. Aunque se ha convocado una nueva sesión ordinaria para este martes, aún no se sabe si se logrará el quorum, ni si se admitirá a los suplentes o a los destituidos tomar parte de ella. Por si acaso, el presidente ya ha anunciado que tiene la intención de convocar una sesión extraordinaria, algo de dudosa legalidad, ya que la Constitución sólo le habilita para hacerlo cuando el Congreso Nacional se encuentre en periodo vacacional, lo cual no sucederá hasta el mes de junio.
Todo queda pendiente de la Asamblea Constituyente, que se ha convertido de hecho en la única vía con que cuenta el Gobierno para afianzarse en el poder. Su consolidación pasa por un cambio del equilibrio de fuerzas en el Legislativo, donde actualmente sólo cuenta con el apoyo condicionado de una minoría. La Constituyente conllevará la disolución de las Cámaras y la elección de una nueva Asamblea, con plenos poderes para consagrar jurídicamente "la revolución" e introducir "cambios profundos en la estructura y forma de gobernar del Estado". Esta nueva Asamblea, investida de plenos poderes, tratará de reorganizar todas las instancias de poder (lo que afectará también a los altos funcionarios del Estado, entre los que se cuentan los miembros del Tribunal Supremo Electoral)... sin renunciar al ejercicio de las competencias legislativas, por lo que podrá emitir leyes y decretos, incluso los Presupuestos del Estado.
Se trata de una cuestión de supervivencia, de ahí que Correa haya animado las movilizaciones convocando al pueblo a la calle. Además, ha amenazado a los grandes medios de comunicación, a los que ha responsabilizando de la situación en que se encuentra el país, y ha instado a los militares a que atiendan "al clamor del pueblo, y no a un puñado de oligarcas que quieren manipular los destinos de todos los ecuatorianos". Sus seguidores, articulados en torno a Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), no le han decepcionado: coaccionan, amenazan y agreden a todos aquellos se oponen a la Constituyente.
Correa no ha aprendido la lección de esta desastrosa década y apela a la calle, a la que contrapone a las "mafias políticas, económicas e informativas", que serían los únicos culpables de los problemas del país, agravando así el proceso de desinstitucionalización que tiene a Ecuador sumido en el caos. Tan necesitado está de apuntalarse en el poder, que olvida que la historia se repite como tragedia y después como farsa, y que tanto Bucaram como Gutiérrez llegaron a la presidencia con una plataforma populista... para después ser derrocados por el mismo pueblo que les encumbró.
Una vez más, la comunidad internacional debería convertirse en el máximo garante de la democracia. Junto a la prosperidad de Ecuador, hay muchas otras cosas en juego: la "revisión" de los contratos petroleros y mineros de las compañías extranjeras que operan en el país (algo que ya han hecho Chávez y Morales en sus respectivos países), la "renegociación" de los tramos de deuda que Quito considera ilegítimos (para lo que demandará a los acreedores su restructuración o una suspensión del pago de capital o intereses), etcétera.
De momento, Correa cuenta con el apoyo de Cuba y de Venezuela, cuya política exterior ha calificado de maravillosa (no en vano contó con el apoyo de Chávez en las pasadas elecciones). Lo preocupante es que parece contar también con la ayuda de España, que cada día sorprende más a la hora de elegir a sus amistades.
RAFAEL RUBIO, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.