Las drásticas medidas adoptadas por París, que algunos han comparado con las deportaciones de judíos por parte del régimen de Vichy, se han adoptado después de que un grupo de gitanos atacara una estación de policía y vandalizara el pueblo de Saint-Aignan.
Los defensores de Sarkozy suelen contentarse argumentando que la iniciativa encaja perfectamente en la legalidad francesa. Los gitanos europeos no necesitan visado para entrar en Francia gracias a la libertad de movimientos reconocida por la UE; pero, bajo las leyes de inmigración francesas, si al cabo de tres meses no pueden demostrar que tienen empleo, estudian o disponen de ingresos suficientes, pueden ser expulsados del país. Por tanto, cualquier comparación con políticas de deportación genocidas está fuera de lugar.
Este recurso al positivismo legal ("Justicia es lo que dice la ley") implica que no hay principios éticos desde los que enjuiciar la legislación de forma independiente. Eso puede ser así para quienes no tengan otra moral que la que dicte (y revoque) el Estado en cada momento. Pero quienes tenemos convicciones liberales debemos poder tachar de injusta la legislación vigente si no se atiene al respeto a los derechos individuales. La libertad de expresión no es legal en Cuba y el adulterio está penado en Irán, pero a nadie se le ocurriría esgrimir las leyes escritas de esos países como prueba de que no se trata de medidas injustas. De modo que enjuiciemos la decisión de Sarkozy de expulsar gitanos sin papeles.
¿Qué crímenes han cometido los gitanos de esos campamentos para que sea justo el expulsarles del país? Desde un punto de vista liberal, sólo cuentan los crímenes con víctima, y entre ellos no están la prostitución, el comercio de drogas y la ocupación de un terreno comunal deshabitado y de titularidad pública. Si hay gitanos que roban o vandalizan los pueblos vecinos, que se les expulse por eso, se les ponga entre rejas o se les fuerce a trabajar para la comunidad.
Los términos inmigrantes ilegales, asentamiento ilegales, etcétera son invenciones del Estado que no deberían ser aceptadas acríticamente. El Gobierno tiene su propia agenda y hace un uso interesado de las etiquetas. No hay razón para pensar que esta política de expulsiones tenga una motivación racista (no se está expulsando a todos los gitanos de Francia, sino a aquellos que no cumplen con determinados requisitos legales). Pero tampoco es razonable pensar que a Sarkozy le mueve el afán de justicia, en vez de las ansias de captar votos derechistas exhibiendo una imagen de mano dura, que en Francia, ahora, tiene rédito electoral.
La noticia entronca con el debate sobre la libertad de movimientos. Es difícil reconciliar una postura favorable a la libertad de inmigración con el respaldo a las expulsiones de gitanos. Cabe preguntarse qué sucedería en una sociedad libre donde no existieran fronteras políticas y se respetara escrupulosamente la propiedad privada. Se penalizaría a los inmigrantes que vandalizaran propiedades ajenas, sin duda, pero ¿con qué derecho se les iba a expulsar de un terreno yermo que no fuera previamente de nadie?
La mayoría de los campamentos ilegales no está en fincas privadas ni en terrenos sobre los que los contribuyentes pudieran reclamar ciertos derechos de propiedad por haber contribuido a su conservación o cuidado (como sería el caso de un parque). Tampoco estamos ante casos más problemáticos: una reserva natural, una zona declarada patrimonio histórico... Hablamos del mismo terreno baldío que había en el Viejo Oeste, sobre el que el Estado apenas se arrogaba prerrogativas y que se consideraba apto para la colonización. Lo contrario implica conceder al Estado un derecho de propiedad sobre todo el territorio no ocupado por particulares y empresas. ¿Cómo se justifica desde el liberalismo semejante derecho? Apelando al principio de apropiación lockeano, seguro que no.