Cuando se habla de "totalitarismos" sudamericanos suele ponerse como ejemplo los casos actuales de Bolivia y Venezuela. Quizás porque son los más "pintorescos", desde el punto de vista de un europeo o un norteamericano. No obstante, creemos que la expresión "camino" describe mejor el fenómeno al que estamos aludiendo. Así como la reflexión de Hume resaltada por Hayek va al fondo de la cuestión, para que los pueblos pierdan la libertad es preciso que, por omisión o indiferencia, hayan permitido el paulatino avasallamiento de sus derechos civiles.
Veamos. Los organismos internacionales siguen elogiando a las autoridades uruguayas por sus "saludables" políticas económicas, cuando el Estado de Derecho está siendo hecho añicos por esos mismos gobernantes. Hoy no se puede afirmar que hay seguridad jurídica en Uruguay. Entonces, uno se pregunta: ¿a esa situación se la puede considerar "sana" y "benéfica"? ¿Para quién?
Porque en Uruguay estamos transitando hacia una notoria "peronización" del país. Lo llamativo de este proceso es que no está siendo conducido abiertamente por ningún "líder", sino a través de múltiples medidas del Gobierno, aliado explícito de la dirección sindical.
En la etapa previa a la que ahora vivimos se logró, por medio del control de la cultura y de todos los niveles de la educación, centralizar su funcionamiento. Desde la antigua Grecia se reconoce el poder impresionante que otorga el ostentar el dominio absoluto sobre la "formación" de los habitantes. También se "moldea" así a individuos poco dados a rebelarse.
El segundo paso es demostrar, con hechos concretos, que la voluntad del que manda es la única ley. Analicemos algunos ejemplos de los últimos meses. Una imprenta fue "ocupada" al amparo del decreto que "legalizó" las ocupaciones de los lugares de trabajo por parte de los obreros. Al tomar posesión del establecimiento, y sin mediar consentimiento del propietario, los funcionarios solicitaron y obtuvieron en tiempo récord del Gobierno tanto la autorización para constituirse en cooperativa como los permisos correspondientes para poder desarrollar la actividad comercial y realizar trabajos para terceros. Todo ello, en ese mismo establecimiento y con la maquinaria existente. Pero cuando unos 300 militantes sindicales ocuparon durante 12 horas el Ministerio de Economía, el subsecretario de esa cartera dijo a los sindicalistas: "El Ejecutivo no permitirá nuevas ocupaciones de oficinas públicas".
Simultáneamente, este Gobierno está aplicando estrictamente un decreto-ley de la dictadura. Según esa norma, los fiscales deberán "abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos o encubiertos, en sus dictámenes o por cualquier otro medio, sobre gobernantes o jerarcas del servicio". El vicepresidente del gremio de fiscales declaró entonces que "la norma, en suma, implica permanecer silenciados (...) incluso pone en duda la facultad que tenemos de emitir dictámenes sobre gobernantes o jerarcas de servicio, lo que es un dislate en una sociedad democrática".
Además, el presidente, Tabaré Vázquez, atacó a los medios de comunicación, señalando sus nombres y acusándolos de que "hacen oposición" y "tergiversan la información". Con condescendencia, señaló que le parece "muy bien" que los medios critiquen a su Gobierno, pero "exige" que se reconozcan como "oposición" y "actores políticos". Indicó también que la "oposición" no son los partidos políticos, sino "otros intereses y otros poderes que hay en el país".
Ante la escasa reacción ciudadana frente a los atropellos, salvo en el caso de la prensa, se pasó a la tercera etapa: identificar al "enemigo". Para la alta dirigencia sindical, son los "empresarios"; para el Gobierno, "el monopolio de los medios de comunicación".
"Sí, va a haber que hacer cosas", expresó el presidente Vázquez sobre el asunto. Muchos nos tememos que tales palabras anuncian el comienzo de la etapa final.
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