Aún no hemos asimilado, por ejemplo, el reversazo que dio Estados Unidos en la política de erradicación forzosa de cultivos de amapola que impuso en Afganistán: ahora reconoce que fue un costoso y colosal fracaso que solo fortaleció a los insurgentes talibanes. Algo que debería interesar vivamente a un país como el nuestro, que lleva 40 años lidiando con guerrilleros y fumigando cultivos ilícitos –he aquí un componente central de la guerra contra la droga diseñada en USA– con resultados poco encomiables, sobra decirlo.
En Afganistán, en medio de semejante guerra, jamás se fumigó. Pese a la presión de Washington, su gobierno no permitió la aspersión aérea de las plantaciones de amapola (materia prima del opio y la heroína) por considerarlo un método dañino y contraproducente. EEUU aceptó a regañadientes que se aplicara solo la erradicación manual. Pero ya ni eso.
El enviado especial de Obama a ese país, Richard Holbrooke, anunció en junio que se abandonaría la estrategia de erradicación forzosa, que ha perjudicado a los campesinos afganos y favorecido a los talibanes, en beneficio del desarrollo agrícola legal. Noticia que nos llega tarde, o no ha llegado, a un país que continúa vertiendo tóxicos a lo largo y ancho del territorio y privilegiando un muy peculiar desarrollo del agro.
Tampoco parece que se ha asimilado bien el cambio de enfoque que anunció en su primera visita a Colombia el zar antidrogas de Obama. Menos énfasis en la represión militar y judicial y más en el tratamiento y la prevención para reducir el consumo, planteó el señor Gil Kerlikowske, quien comandó durante muchos años la Policía de Seattle y tuvo como política no gastar tiempo, plata ni agentes en la represión de los pequeños delitos relacionados con la droga.
La ironía es que el nuevo zar llegó a Colombia a los pocos días de que en la Comisión Primera de la Cámara se aprobara el proyecto de ley que busca cambiar la Constitución para volver a penalizar la posesión de la dosis mínima de droga, que se ha convertido en un obsesivo "punto de honor" para el presidente Uribe. Kerlikowske no comentó, por supuesto, un proyecto (le faltan tres debates) que va a contracorriente de las tendencias mundiales en esta materia, pero el Gobierno seguramente intentaría explicarle que trata de ser coherente con su lucha contra el narcotráfico.
Tampoco, por lo visto, ha llegado la noticia de que en México, donde hoy se libra la más sangrienta de las guerras en este campo, el presidente Calderón sancionó hace dos meses una ley que descriminaliza la posesión y consumo personal de dosis mínimas. Ni la muy reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina en el mismo sentido. Ni el paso dado el mes pasado hacia la legalización de la marihuana en California. Todo nos llega tarde...
Hace pocas semanas, en veredas del Cauca estallaron protestas contra la contaminación de cultivos y fuentes de agua por las fumigaciones aéreas con glifosato de sembrados de coca. Hace 35 años, campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta protestaban por los efectos de la aspersión de paraquat sobre las plantaciones de marihuana. Pasan las décadas y seguimos en las mismas. Y el negocio también: igual de boyante.
Hace 15 años me la pasaba discutiendo con funcionarios de la embajada estadounidense la insensatez de una política antinarcóticos que empujaba a los campesinos a echarse en brazos de una guerrilla que se mueve como pez en el agua en las zonas cocaleras. Pero financiar un desarrollo agrícola alternativo les parecía un non starter. Algo utópico y costoso en comparación con el método más expeditivo de fumigar las zonas de producción. Todo nos llega tarde, hasta lo que sucede en Afganistán.
Se trata –para que no haya equívocos– de combatir de frente el narcotráfico y evitar el consumo de droga entre los jóvenes. Pero con estrategias menos fallidas. Aprendamos de nuestros errores. Y, sobre todo, de la singular experiencia de ser el país que más muertos y recursos ha puesto en esta guerra que seguimos perdiendo.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En Afganistán, en medio de semejante guerra, jamás se fumigó. Pese a la presión de Washington, su gobierno no permitió la aspersión aérea de las plantaciones de amapola (materia prima del opio y la heroína) por considerarlo un método dañino y contraproducente. EEUU aceptó a regañadientes que se aplicara solo la erradicación manual. Pero ya ni eso.
El enviado especial de Obama a ese país, Richard Holbrooke, anunció en junio que se abandonaría la estrategia de erradicación forzosa, que ha perjudicado a los campesinos afganos y favorecido a los talibanes, en beneficio del desarrollo agrícola legal. Noticia que nos llega tarde, o no ha llegado, a un país que continúa vertiendo tóxicos a lo largo y ancho del territorio y privilegiando un muy peculiar desarrollo del agro.
Tampoco parece que se ha asimilado bien el cambio de enfoque que anunció en su primera visita a Colombia el zar antidrogas de Obama. Menos énfasis en la represión militar y judicial y más en el tratamiento y la prevención para reducir el consumo, planteó el señor Gil Kerlikowske, quien comandó durante muchos años la Policía de Seattle y tuvo como política no gastar tiempo, plata ni agentes en la represión de los pequeños delitos relacionados con la droga.
La ironía es que el nuevo zar llegó a Colombia a los pocos días de que en la Comisión Primera de la Cámara se aprobara el proyecto de ley que busca cambiar la Constitución para volver a penalizar la posesión de la dosis mínima de droga, que se ha convertido en un obsesivo "punto de honor" para el presidente Uribe. Kerlikowske no comentó, por supuesto, un proyecto (le faltan tres debates) que va a contracorriente de las tendencias mundiales en esta materia, pero el Gobierno seguramente intentaría explicarle que trata de ser coherente con su lucha contra el narcotráfico.Tampoco, por lo visto, ha llegado la noticia de que en México, donde hoy se libra la más sangrienta de las guerras en este campo, el presidente Calderón sancionó hace dos meses una ley que descriminaliza la posesión y consumo personal de dosis mínimas. Ni la muy reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina en el mismo sentido. Ni el paso dado el mes pasado hacia la legalización de la marihuana en California. Todo nos llega tarde...
Hace pocas semanas, en veredas del Cauca estallaron protestas contra la contaminación de cultivos y fuentes de agua por las fumigaciones aéreas con glifosato de sembrados de coca. Hace 35 años, campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta protestaban por los efectos de la aspersión de paraquat sobre las plantaciones de marihuana. Pasan las décadas y seguimos en las mismas. Y el negocio también: igual de boyante.
Hace 15 años me la pasaba discutiendo con funcionarios de la embajada estadounidense la insensatez de una política antinarcóticos que empujaba a los campesinos a echarse en brazos de una guerrilla que se mueve como pez en el agua en las zonas cocaleras. Pero financiar un desarrollo agrícola alternativo les parecía un non starter. Algo utópico y costoso en comparación con el método más expeditivo de fumigar las zonas de producción. Todo nos llega tarde, hasta lo que sucede en Afganistán.
Se trata –para que no haya equívocos– de combatir de frente el narcotráfico y evitar el consumo de droga entre los jóvenes. Pero con estrategias menos fallidas. Aprendamos de nuestros errores. Y, sobre todo, de la singular experiencia de ser el país que más muertos y recursos ha puesto en esta guerra que seguimos perdiendo.
© AIPE
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.