Ahí está como ejemplo el caso de los tuiteros de Veracruz. La Procuraduría de Justicia de ese estado ha encarcelado a una maestra jubilada de 57 años, María de Jesús Bravo, y a un maestro de 27, Gilberto Martínez, por haber difundido información a través de Twitter.
Lo que estas personas hicieron es informar de que había un vehículo incendiado cerca de Mandinga y de que se habían escuchado disparos. Esto fue suficiente para que el gobierno de Veracruz los acusara de terrorismo y sabotaje. Una juez local, Beatriz Rivera, dictó un auto de formal prisión. En caso de ser hallados culpables de estas dos acusaciones, los maestros podrían ser condenados hasta a 65 años de cárcel.
Ni siquiera los sicarios que ejecutaron a 52 personas en el Casino Royale de Monterrey temen ser acusados de terrorismo y sabotaje. Ellos, simplemente, cometieron homicidios. Por cierto, no deja de ser curioso que muchos políticos hayan optado por cargar no contra los asesinos, sino contra los casinos extorsionados.
Efectivamente, el ataque al Casino Royale ha servido para iniciar una cacería de brujas contra este tipo de establecimientos en todo el país, pero especialmente en el conurbano de Monterrey, con los alcaldes Fernando Larrazabal (Monterrey) y Mauricio Fernández (San Pedro Garza) a la cabeza de los perseguidores. Poco ha ayudado a esta campaña, sin embargo, el que se hayan difundido videos en los que se veía a Manuel Jonás Larrazabal, hermano del primero, recibiendo fajos de dinero en un casino regiomontano. Jonás declaró que el dinero provenía de la venta de quesos oaxaqueños.
Los políticos deben dejar de buscar chivos expiatorios. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación porque la información suele estar controlada por los gobiernos. La gente tiene miedo. Los atentados y ejecuciones se multiplican en nuestro país. Y, como en todo el mundo, medios como Twitter y Facebook prosperan porque se han convertido en una forma de superar las fallas de los medios tradicionales.
En el caso del Casino Royale, debemos entender que la tragedia no es culpa del establecimiento sino del crimen organizado, que las autoridades no han logrado controlar. Si los casinos violan los reglamentos de seguridad civil, entonces deben ser sancionados. Pero no cabe la clausura de todos, los castigos colectivos, de la misma manera que no se cerraron las guarderías del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] luego de que se incendiara la ABC, ni las discotecas luego de la tragedia de la News Divine. El Casino Royale fue víctima de la extorsión y objeto de ataque. La autoridad es lo que está fallando, no el deseo de la gente por divertirse.
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SERGIO SARMIENTO, articulista del diario Reforma y comentarista de TV Azteca.