Las modificaciones al Código Penal venezolano publicadas el 16 de marzo incluyen inmensas multas y prisión de hasta 15 años a quienes el régimen de Chávez considere sus enemigos. "Irrespetar" al presidente en una conversación privada entre amigos puede significar 30 meses de cárcel, y 40 si se le irrespeta públicamente. Un "cacerolazo" implica una multa de 6.837 dólares, y colocar en las calles obstáculos a la libre circulación merece una condena de cuatro a ocho años de cárcel.
No me extrañaría que todo esto fuese presentado como un avance social para el pueblo venezolano. Los millones de desempleados podrían convertirse ahora en soplones y recibir premios en efectivo por delatar a quienes se atrevan a hablar mal del régimen.
Según el "renovado" Código Penal, no es lo mismo decir que el portero de un ministerio recibe "propinas" de ciudadanos que quieren acelerar un trámite que aseverar que el sueldo del presidente Chávez no da para cubrir la ropa, los relojes y su tren de vida de príncipe saudita.
Hablar mal de un alto burócrata puede significar hasta 15 meses de cárcel, pero hacerlo respecto de un simple alcalde son 10 meses. Por otra parte, los venezolanos saben que ir a la cárcel puede significar que los maten a los pocos días.Con las reformas al Código Penal quieren acabar con el periodismo independiente en Venezuela, porque la diseminación de "información falsa" será ahora sancionada con entre dos y cinco años de prisión. En Cuba durante más de 40 años y en la nueva Venezuela toda crítica al Gobierno es por definición una falsedad.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Andrés Izarra, parece un personaje sacado de la novela 1984 de George Orwell. Así contestó a las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida hace poco en Panamá: "Su reciente y muy mentirosa declaración sobre amenazas a la libertad de expresión en Venezuela perpetúa la infame tradición de vuestro pequeño grupo de propietarios de periódicos y revistas, que se creen también dueños del periodismo. Ser propietario de un telescopio no significa ser astrónomo (…) En la Venezuela bolivariana no existe la censura ni se persigue a los periodistas".
A Chávez la historia no le perdonará su despreciable falsificación del pensamiento bolivariano. Bolívar sostuvo que "no conviene que la opinión y las leyes estén en las mismas manos, y que toda la fuerza esté concentrada en el Gobierno".
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Carlos Ball, presidente de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.